Propietarios y patronales exigen retirar la ley contra la compra especulativa de vivienda en Cataluña tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

Un dictamen demoledor

Según el dictamen del CGE, el órgano concluye por unanimidad que la proposición vulnera varios preceptos constitucionales y estatutarios, tanto por cuestiones de procedimiento como de fondo. Entre otros aspectos, aprecia posibles afectaciones al derecho de propiedad (artículo 33 de la Constitución), a la libertad de empresa (artículo 38), a la seguridad jurídica y a la distribución competencial entre el Estado y la Generalitat (artículo 149), además de cuestionar que una reforma de este alcance se haya tramitado por la vía rápida en el Parlament.

La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) considera que el dictamen es "demoledor" y demuestra que la proposición "no se sostiene ni por las formas ni por el contenido". Su presidente, Xavier Vilajoana, exige su retirada inmediata y vuelve a reclamar que cualquier política de vivienda se construya sobre el "consenso y la seguridad jurídica", advirtiendo de que legislar con urgencia sobre un problema estructural termina retrayendo inversión y reduciendo la oferta residencial.

En la misma línea se pronuncia la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que celebra un dictamen que, a su juicio, confirma "por unanimidad" todas las objeciones que había planteado desde el inicio de la tramitación. Además, insiste en que mantener la tramitación de una norma con este nivel de reparos jurídicos solo conduciría a una futura anulación ante el Tribunal Constitucional, con el consiguiente coste institucional y económico que conllevaría.

Foment sube el tono y el Govern estudia cambios

También la patronal catalana Foment del Treball ha reclamado la retirada "inmediata y urgente" de la proposición y ha rechazado que el Govern se limite a introducir modificaciones parciales para mantener el mismo planteamiento de fondo. La organización sostiene que la iniciativa "nace jurídicamente y políticamente viciada" y acusa al Ejecutivo catalán de haber sustituido el diálogo por la imposición. A su juicio, la propuesta no contribuye a resolver la crisis de acceso a la vivienda porque "no construye una sola, no moviliza suelo, ni agiliza licencias". Foment también critica que se criminalice la compra de vivienda con fines distintos de la residencia habitual y reivindica que adquirir un inmueble para rehabilitarlo, conservar patrimonio familiar o invertir constituye el ejercicio legítimo de un derecho constitucional.

Frente al varapalo del Consell de Garanties Estatutàries y el rechazo prácticamente unánime de propietarios y patronales, el Ejecutivo mantiene que explorará "todas las vías legales" para garantizar "el derecho a la vivienda" frente a la "especulación". "La mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte de la población", sostuvo la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al conocer el detalle del órgano consultivo. Fuentes del Govern recalcan que "aún queda camino legislativo", que se pueden presentar "alegaciones", y que estudian el margen de mejora "dentro del planeamiento urbanístico".

Los Comuns, partido que exigió limitar la compra especulativa como condición para aprobar los presupuestos de Salvador Illa, mantienen su defensa de la iniciativa, aunque admiten que estudiarán en profundidad el contenido del dictamen antes de decidir los siguientes pasos. Fuentes de la formación consultadas por El Periódico aseguran que seguirán explorando "todos los márgenes legales" para limitar la compra especulativa de vivienda y discrepan de la interpretación realizada por el CGE. Según sostienen, la proposición "no pretende limitar quién puede adquirir una vivienda, sino condicionar el destino que posteriormente se le da", un planteamiento que consideran jurídicamente distinto.

El contenido de la propuesta

El texto legislativo modifica la Ley de Urbanismo con una filosofía: que solo se pueda comprar un inmueble si es para destinarlo a residencia habitual, propia o de un familiar de primer o segundo grado, o para alquilarlo bajo los límites de precio establecidos. Una vez se apruebe la norma, serán los ayuntamientos de las zonas tensionadas, actualmente 271 municipios que concentran el 90% de la población catalana, los encargados de decidir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad a través de sus planes urbanísticos.

La ley contempla una excepción para las segundas residencias al permitir que las personas físicas, sean grandes o pequeños tenedores, puedan hacerse con una vivienda en un municipio distinto del de su residencia habitual, la que consta en el padrón. En estos casos, se computará como una "extensión" de la primera vivienda y no podrá destinarse a uso turístico ni de temporada. También se amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas. Los incumplimientos pueden llegar a suponer multas severas de hasta 1,5 millones de euros.