El Constitucional avala limitar la propiedad privada en vivienda por su función social frente al criterio de la Xunta

Un respaldo constitucional a la función social de la vivienda

El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que reconoce explícitamente la prevalencia de la función social de la vivienda sobre el derecho absoluto a la propiedad privada. El fallo, que responde a un recurso planteado por la Xunta de Galicia contra una normativa estatal o autonómica, establece que los poderes públicos pueden limitar el uso de la propiedad inmobiliaria para garantizar el acceso a la vivienda.

Según la información publicada por infolibre, la sentencia contradice el criterio defendido por el Gobierno gallego, presidido por el PP, que había impugnado la medida ante el alto tribunal. La decisión del Constitucional se apoya en el artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, pero también subordina su ejercicio al interés general.

Esta resolución llega en un momento en que el debate sobre la vivienda en España se ha intensificado, con precios al alza en las principales ciudades y dificultades crecientes para los jóvenes y las rentas bajas. El Constitucional, con este aval, abre la puerta a que las administraciones autonómicas y locales desplieguen políticas más ambiciosas en materia de limitación de rentas, expropiación de uso o declaración de zonas tensionadas, sin temor a que sean tumbadas por los tribunales.

La Xunta, en el lado opuesto

La sentencia supone un nuevo revés para el Ejecutivo gallego, que había cuestionado la constitucionalidad de las medidas que limitan la propiedad privada en materia de vivienda. La Xunta, gobernada por el PP, defendía que la propiedad privada debe gozar de una protección casi absoluta y que las restricciones a su uso solo proceden en casos excepcionales y con compensación económica.

Sin embargo, el Constitucional ha subrayado que la función social de la vivienda no es una mera declaración programática, sino un límite real al derecho de propiedad. Esta interpretación choca con el modelo que, según el propio Javier Burón, exdirector de la Agencia de Vivienda de Galicia, el PP quiere recuperar: 'El PP quiere el modelo de finales de los noventa, cuando el precio de la vivienda subió el 250%', afirmó Burón en declaraciones recogidas por Praza.gal.

La referencia al incremento del 250% en los precios durante los años de la burbuja inmobiliaria sirve para contextualizar el impacto de las políticas que priorizan la propiedad sin cortapisas. Burón, uno de los impulsores de la política de vivienda en Galicia durante la etapa del bipartito, ha sido un firme defensor de la intervención pública para frenar la especulación.

Con esta sentencia, la Xunta deberá ahora revisar su posición y adecuar su normativa a lo dispuesto por el alto tribunal. El fallo crea, además, jurisprudencia que podría influir en otros tribunales y en la aplicación de futuras políticas de vivienda en otras comunidades autónomas.

Implicaciones para las políticas de vivienda

El aval del Tribunal Constitucional a la función social de la propiedad inmobiliaria supone un espaldarazo para todas aquellas administraciones que pretendan aplicar medidas como el tope al alquiler, la expropiación de viviendas vacías o la limitación de compra de vivienda por parte de grandes tenedores. Hasta ahora, muchos de estos instrumentos encontraban un freno en los tribunales cuando eran impugnados por propietarios o por ejecutivos conservadores.

La sentencia fija un criterio claro: el derecho a la propiedad no es absoluto y puede ser modulado por el interés general, especialmente cuando está en juego el acceso a una vivienda digna, un derecho constitucional. Este pronunciamiento llega en un contexto de tensión política y social por la escalada de los precios de la vivienda, que se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos.

Para el sector inmobiliario, la decisión genera incertidumbre sobre la seguridad jurídica de las inversiones, aunque los juristas consultados apuntan que la limitación no es arbitraria y deberá responder siempre a criterios de proporcionalidad y de interés público. Para los colectivos sociales y sindicatos, en cambio, es un balón de oxígeno que permite avanzar hacia un modelo más justo y menos especulativo.