Huelga general por la vivienda: el 11-N, un paro histórico que une a sindicatos e inquilinos
La primera huelga general en España en 14 años no responde a una reforma laboral ni a recortes de pensiones. La convoca el estallido social por la crisis de la vivienda, con el Sindicato de Inquilinas como motor y el respaldo de CCOO y UGT, entre otras centrales. El paro, previsto para el 11 de noviembre, coincide con un gobierno saliente y elecciones generales convocadas para el 29, una anomalía que define un movimiento 'a la ofensiva'.

Un paro atípico: de la chispa de un desahucio a la unidad sindical
La chispa que encendió la mecha fue el desahucio de Maricarmen Abascal Martín, una mujer de 87 años expulsada de su hogar en camilla el 23 de septiembre. Su muerte posterior, en circunstancias que el propio movimiento considera ligadas a ese episodio, convirtió su caso en el símbolo de un malestar acumulado por años de subidas sostenidas de precios, especialmente de los alquileres. La indignación se inflamó cuando el Gobierno llevó de urgencia al Parlamento dos decretos de vivienda con medidas para limitar la especulación y proteger a personas vulnerables, y PP, Vox y Junts los tumbaron.
Ese rechazo, vivido en directo con gritos de 'vergüenza' y 'huelga general' a las puertas del Congreso, multiplicó las movilizaciones, con acampadas que replicaban el espíritu del 15M en plazas como la Puerta del Sol de Madrid. La presión social logró lo que parecía imposible: la unión de las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, junto a otras como CGT, Cobas, Solidaridad Obrera y los regionales CIG, ELA y LAB, en una convocatoria conjunta a la que se ha sumado el Sindicato de Inquilinas.
El contexto de una 'huelga a la ofensiva': salarios bajos y alquileres altos
A diferencia de las grandes huelgas generales de la democracia, convocadas para frenar ataques, esta se plantea 'a la ofensiva', como subraya Carlos Gutiérrez, de la secretaría de Estudios de CCOO: no se trata de defender lo existente, sino de imponer en la agenda las reivindicaciones de los trabajadores, interpelando al Gobierno actual, al futuro, a las comunidades autónomas y a las organizaciones empresariales. La patronal, por su parte, la considera una huelga 'política' y 'ilegal', y la tacha de 'ilegítima' por afectar a la actividad de empresas que, según sostienen, no son parte del conflicto y también sufren la crisis de la vivienda, en especial los pequeños empresarios y autónomos.
El contexto económico es el telón de fondo: en un momento de bonanza macroeconómica, los sindicatos denuncian que los salarios no dan para vivir y que el elevado coste de la vivienda se ha convertido en la principal causa de que las mejoras no lleguen a los hogares. Esta preocupación ya estaba en la negociación del próximo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), donde CCOO y UGT proponen una 'cláusula vivienda' con complementos salariales, recuerda Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
De la conversación a la calle: 14 años de espera y un reto logístico
La convocatoria no es improvisada: el Sindicato de Inquilinas llevaba 'meses' en conversaciones con 'muchísimos sindicatos laborales', y con CCOO hablan 'desde marzo', según fuentes de la central. El movimiento buscaba una herramienta clásica de protesta laboral para su causa, como ya hizo el feminismo en 2018, aunque entonces los sindicatos mayoritarios solo secundaron paros parciales. La muerte de Maricarmen precipitó los plazos: 'se hizo evidente que esto no podía esperar más', resume Carmen Arcarazo, del Sindicato de Inquilinas en Catalunya.
Con la fecha en el horizonte, apenas un mes por delante, los convocantes se afanan en activar asambleas, comités de huelga y reuniones en 'barrios, facultades y centros de estudios' para asegurar el seguimiento. La principal incógnita es si el paro laboral será masivo, especialmente entre los jóvenes, los más afectados por los precios de los alquileres, y los trabajadores de mayor edad, que en su mayoría son propietarios. 'Por sus hijos', argumentan desde UGT, pero también por ellos mismos, ante una problemática que no se limita a los jóvenes, como ejemplifica Unai Sordo, secretario general de CCOO, citando los casos de divorcios. Más allá del seguimiento, muchos ya consideran un éxito que la convocatoria haya unido a todos los sindicatos, algo que no ocurría desde hace 14 años, cuando la última gran huelga general se celebró en 2012 contra la reforma laboral y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.



