El Gobierno estudia entrar en Seat y la dirección rechaza una participación:

Primer aniversario de Haupt al frente de una Seat en plena tormenta

Markus Haupt está a punto de cumplir un año como consejero delegado de Seat, y lo hace en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de la compañía. El plan de reestructuración de su matriz, Volkswagen, contempla cierres de fábricas en Alemania, despidos y reducción de modelos. Esa tormenta ha disparado las dudas sobre el futuro de la marca española más allá de 2030.

En una entrevista exclusiva de Xavi Pérez publicada este miércoles, Haupt ha enviado un mensaje tranquilizador sobre la fábrica de Martorell, su actividad industrial y la marca Cupra, pero ha sido mucho menos contundente sobre la marca Seat, cuya desaparición ha admitido como un escenario posible. Esa franqueza contrasta con el discurso oficial de los últimos años y ha abierto un debate sobre qué pasará con una de las enseñas industriales más emblemáticas de España.

La incertidumbre no es nueva. Volkswagen ya había anunciado en 2024 que Seat pasaría a un segundo plano frente a Cupra, que se convirtió en la marca prioritaria del grupo en el sur de Europa. Pero ahora, con la reestructuración en Alemania, el futuro de la planta de Martorell y de la propia marca Seat depende de decisiones que se toman en Wolfsburgo, no en Barcelona.

El pulso por el capital: sindicatos piden una participación pública, la dirección la rechaza

La novedad del debate no es la reestructuración, sino la propuesta de que el Estado entre en el capital de Seat con un paquete testimonial. Los sindicatos defienden esta vía para que el Gobierno tenga un representante en el consejo de administración y pueda supervisar las decisiones de la compañía. La idea ha cobrado fuerza en las últimas semanas, en plena negociación sobre el futuro de la planta catalana.

Haupt ha sido contundente: las administraciones deben seguir de cerca el futuro de Seat e implicarse en él por el enorme impacto industrial, económico y laboral de la empresa, pero sin convertirse en accionistas. El argumento del directivo es que una participación minoritaria no daría al Gobierno capacidad para decidir lo que de verdad importa: las plataformas sobre las que se construyen los modelos, la asignación de nuevos vehículos a Martorell o el destino de la propia marca Seat. Todo eso se decide en Alemania, recuerda.

En su análisis, el Estado compraría riesgo sin obtener control. Entrar en el capital de una filial de Volkswagen significaría asumir parte del coste de una reestructuración que escapa al ámbito de decisión del Ejecutivo español, sin garantía de influir en las decisiones estratégicas del grupo.

Instrumentos alternativos: ayudas condicionadas frente a accionariado público

La dirección de Seat defiende que existen instrumentos de política industrial mucho más efectivos que la participación accionarial. Entre ellos, ayudas condicionadas a nuevas inversiones, a la asignación de modelos y al mantenimiento de la producción y el empleo. Esas ayudas permitirían a las administraciones exigir compromisos verificables a Volkswagen sin convertir a los contribuyentes en accionistas.

Esta vía ya se ha utilizado en el pasado. El Perte del vehículo eléctrico, por ejemplo, ha canalizado miles de millones de euros hacia proyectos de electrificación, incluida la gigafactoría de baterías de Sagunto, con fondos europeos. La condicionalidad de esas ayudas ha sido el principal instrumento de presión del Gobierno español sobre Volkswagen para asegurar inversiones en Martorell y en la factoría de baterías.

El debate, sin embargo, no es solo técnico. Detrás de la propuesta sindical hay una preocupación más amplia por la deslocalización industrial y la pérdida de empleo. Los sindicatos temen que, sin un puesto en el consejo de administración, el Gobierno no tenga capacidad de reacción si Volkswagen decide acelerar la reducción de la producción en Martorell o trasladar modelos a otras plantas del grupo. La dirección replica que esa supervisión no aporta valor si no conlleva capacidad real de decisión.

La planta de Martorell da empleo directo a unas 14.000 personas y genera otros miles de empleos indirectos en la zona. Cualquier decisión sobre su futuro tiene un impacto inmediato en la economía catalana y española. Por eso el debate trasciende a la propia compañía y se ha convertido en un asunto de política industrial de primer orden.

La entrevista de Haupt llega en un momento delicado: el grupo Volkswagen negocia con los sindicatos alemanes un plan de ahorro que podría incluir el cierre de hasta tres plantas en ese país. La dirección de la compañía ha asegurado que Martorell no está entre las fábricas amenazadas, pero la reducción de la gama de modelos y la transición hacia la electrificación plantean interrogantes sobre el volumen de producción a medio plazo.

De momento, Haupt ha insistido en que la actividad industrial de Martorell está garantizada, pero no ha dado el mismo nivel de seguridad para la marca Seat. Esa diferencia de mensaje es lo que mantiene la inquietud entre los trabajadores y alimenta la demanda sindical de una mayor implicación pública en la supervisión de la compañía.