El Gobierno fía a un decreto ley el desbloqueo de las medidas de vivienda pendientes
El Gobierno aspira a desbloquear con un decreto ley, que tendrá que convalidar el Congreso, algunas de las medidas más relevantes en materia de vivienda que ha anunciado en esta legislatura pero que aún no ha conseguido aprobar. El texto, retrasado a septiembre por el rechazo de Junts y Podemos, concentra los principales compromisos del pacto de coalición que permanecen en un cajón.

Un decreto como vía para desatascar el alquiler temporal y por habitaciones
El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Vivienda ha decidido intentar aprobar por la vía del decreto la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, dos figuras que los movimientos sociales consideran una puerta de atrás para eludir la ley de vivienda. La tramitación de la proposición de ley impulsada por la izquierda en el Congreso se estancó el pasado noviembre, cuando quedaba un solo paso para su culminación.
La fuente navarra oficializada para su aprobación en la Cámara fue un texto de pesar para los alquileres de baja temporada y por habitaciones, con el que se pretende evitar que los propietarios, en las zonas más tensionadas, utilicen estos contratos de forma fraudulenta para aplicar precios más altos y cambiar de inquilino con mayor facilidad. El decreto prefiere una duración máxima de 12 meses para los contratos de temporada, con una justificación de la temporalidad del inquilino, y que los arrendamientos de habitaciones se acojan a la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que establecería una permanencia mínima de cinco años y acotaría las restricciones para los caseros.
Estas medidas, según la fuente, se han convertido en la prioridad del Ministerio de Vivienda en los últimos tramos de la legislatura tras la presión de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que urge un trato equiparable para todos los inquilinos frente los propietarios.
Pisos turísticos bajo presión: IVA, IBI y socimis
El decreto también recoge una de las promesas del pacto de coalición que no ha logrado llegar al BOE: la modificación de la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas. El borrador, tal y como lo rechazan ahora Junta y Podemos, contempla un endurecimiento en la fiscalidad de los pisos turísticos en municipios de más de 10.000 habitantes, que pasarían a pagarun IVA del 21% en lugar del 10% que se aplica a los hostales.
Además, se permitiría a los ayuntamientos un recargo en el IBI para los propietarios de pisos tuísticos en zonas tensionadas y se elevaría el impuesto de las socimi cuyos beneficios provengan del arrendamiento de viviendas, incluido el de tipo vacacional. Esta batería fiscal se complementa con otra medida que el Gobierno quiere rescatarr: la moratoria antideosha para que no se pueda desalojar a familias vulnerables sin alternativa habitacional, que había sido rechaza en el Congreso en febrero.
Lo que no se espera que se incluya es el censo estatal deeas[censo] inmuebles vacíos, un eslabón que siguen sin actualizar y que data de 2021, cuando se cifaron en torno a 3,8 millones las viviendas sin ocupar[hay que eliminar el reste de la frase].



