El Gobierno inicia los 'martes sociales' con un decreto que amplía prestaciones por viudedad, incapacidad y violencia de género

Un decreto con medidas para varios colectivos

Según fuentes del Gobierno, el decreto ley que se llevará al Consejo de Ministros incluye la ampliación de la incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, que percibirán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, y la Seguridad Social asumirá el pago desde el día siguiente.

También se mejorará la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves, que podrá ser percibida por ambos progenitores de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años si la persona afectada tiene dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

En materia de viudedad, se facilitará el acceso a la prestación a las parejas de hecho: la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de la pareja. Las solicitudes denegadas podrán revisarse en los próximos 12 meses.

El decreto también mejora las pensiones extraordinarias por actos terroristas, que no podrán ser inferiores a dos salarios mínimos, es decir, 2.442 euros, un 36% más que la cuantía actual. Además, se refuerza la protección de huérfanos y huérfanas por violencia de género, con un suelo de dos veces el SMI en prestaciones contributivas y hasta dos veces el SMI en las no contributivas.

Por último, se triplica la cuantía máxima de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros por beneficiario, y se amplía su duración para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

Contexto electoral y mensaje político

El anuncio llega en un momento de fuerte tensión electoral. Pedro Sánchez convocó elecciones para el 29-N y aseguró que el Ejecutivo seguirá gobernando hasta esa fecha. La secuencia de 'martes sociales' responde a esa promesa, y el Gobierno la impulsa con la vista puesta en el calendario parlamentario: los decretos ley pueden convalidarse en la diputación permanente, un órgano con una correlación de fuerzas más favorable que el pleno del Congreso, donde los votos de Junts son decisivos.

En La Moncloa explican que estas medidas buscan contrastar el proyecto del Gobierno con el de la oposición. "Mientras Alberto Núñez Feijóo habla de sacrificios", señalan fuentes del Ejecutivo, "el Gobierno quiere demostrar que su proyecto político es diferente y que sigue mejorando derechos y aumentando el gasto social en la medida en que lo permitan las cuentas públicas".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, insiste en que la situación fiscal está saneada, con un déficit controlado y una deuda pública que ha bajado desde el 120% del PIB en pandemia hasta situarse por debajo del 100%. No obstante, la cifra sigue siendo superior al nivel previo a la crisis de 2008, cuando estaba por debajo del 40%.

Las próximas semanas: SMI y pensiones

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es el hito más esperado, con un incremento previsto de alrededor del 5%, que prepara la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La medida, sin embargo, podría no aprobarse hasta después de las elecciones, según las mismas fuentes, por falta de tiempo para su tramitación antes de los comicios.

También está prevista la revalorización de las pensiones con el IPC, aunque esta medida se aplicará con posterioridad a los comicios, tal como marca la legislación.

Mientras tanto, todos los ministerios han presentado sus propuestas a La Moncloa para incluirlas en los próximos Consejos de Ministros. Hay "muchas cosas decididas" y "otras en plena discusión interna", reconocen fuentes del Ejecutivo, que admiten choques entre los ministerios de Sumar y del PSOE por las diferencias de criterio.

Entre las cuestiones pendientes figuran también medidas políticas, como el probable indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación, una decisión que el Gobierno considera injusta y que podría adoptarse en las próximas semanas.