El Gobierno y Ceuta pactan 1.500 plazas de acogida tras 18 días de crisis, con reproches de falta de colaboración

Un acuerdo de mínimos que llega tarde

La ministra de Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció durante una visita oficial a Ceuta el acuerdo sobre la ubicación de los nuevos emplazamientos de acogida. En total, 1.500 plazas de carácter temporal y extraordinario para aliviar la situación de las miles de personas que permanecen a la intemperie desde el 30 de julio, en playas, parques o montañas, sin un lugar asignado para dormir o asearse.

"Son plazas de acogida humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Creo firmemente que la colaboración entre administraciones es fundamental para devolver a Ceuta a la normalidad", afirmó Saiz, que evitó entrar en el choque propuesto por Vivas, quien lanzó un ultimátum al Gobierno: o resuelve la crisis en 30 días, o llevará la situación ante la justicia. Los nuevos emplazamientos se ubicarán en el parking del embolsamiento (Loma Colmenar), de titularidad autonómica, y en La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el espacio de El Guano, de titularidad estatal. Los trabajos de acondicionamiento comenzarán de forma inminente, aunque todas las administraciones asumen que será necesario ampliar el número de plazas.

El Gobierno achaca el retraso a Vivas y denuncia vetos a ubicaciones

El Gobierno central sostiene que la demora en la respuesta se debe, en gran medida, a la falta de colaboración del ejecutivo ceutí del Partido Popular. "Este Juan Jesús Vivas tiene poco que ver con el Juan Jesús Vivas con el que gestionamos codo a codo la crisis de 2021. Entonces puso todos sus medios a disposición del operativo para atender a 10.000 personas y esta vez no ha sido así aunque el número sea parecido", señalan fuentes del Ejecutivo.

Como ejemplo de esa falta de colaboración citan el caso del Puerto de Ceuta. "La semana pasada hubo una reunión al más alto nivel entre las dos administraciones en la que se pactó que se dedicarían 16.000 metros cuadrados del Puerto a instalar un emplazamiento que saque de las calles de la ciudad a miles de migrantes. Se llegaron a contratar parte de esos trabajos y, cuando llegó la hora, el presidente de la Autoridad Portuaria (que depende de la ciudad autónoma) denegó el permiso", relata otra fuente del Ejecutivo. Además, aseguran que en la última semana se han denegado ubicaciones como el entorno del hospital militar, la antigua fábrica de harinas y las naves del Tarajal, alegando rechazo vecinal o presión de empresarios.

"Entendemos que el presidente de Ceuta está también muy presionado y que ahora mismo el rechazo a la inmigración cala en una parte de la opinión pública y es estratégico en el PP. Pero es que Vivas nos está pidiendo un imposible: que nos encarguemos nosotros de todo, pero boicoteándonos el proceso", defiende el Gobierno.

Vivas responde y el PP exige el retorno a Marruecos

El presidente ceutí, en cambio, ha acusado al Ejecutivo de "tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico". La sensación en Moncloa es que la presión de la ultraderecha y el auge de la ola antimigración han cambiado la actitud de Vivas, que hasta ahora era ensalzado por su facilidad de coordinación. En esta ocasión, el tono hacia los migrantes ha sido especialmente duro, y les acusa de protagonizar una "invasión" de Ceuta.

El mensaje del PP nacional y del propio Vivas es que todas las personas migrantes deben abandonar Ceuta, sea cual sea su situación. "Todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o adultos, deben volver a Marruecos", dijo la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa. Un discurso que se asemeja al de algunos ministros del Gobierno y que coincide con el del presidente ceutí: "Retorno a Marruecos, ninguna regularización, ningún asilo y ningún traslado a la Península".

Sin embargo, la legalidad nacional e internacional y el propio proceso administrativo, que protege a menores no acompañados y demandantes de asilo, va por otro camino. La administración central se centra en censar a todos los menores y estudiar sus casos para determinar quiénes pueden ser devueltos a sus familias en virtud del acuerdo bilateral con Marruecos, quiénes pueden acceder a una reagrupación familiar en la Península o en otro país de la UE, y quiénes deben entrar al sistema de acogida de menores. Los mayores de edad demandantes de asilo, en su mayoría subsaharianos que huyen de conflictos o persecuciones, están amparados por el ordenamiento jurídico para ser acogidos mientras dura el proceso.

Las 1.500 plazas se quedan cortas ante una crisis de hasta 10.000 personas

La crisis afecta a entre 8.000 y 10.000 personas migrantes que esperan en las calles de Ceuta una respuesta a su situación administrativa y, también, a su necesidad de comer, beber, ducharse o dormir bajo techo. Las 1.500 plazas anunciadas este lunes por el Gobierno se quedan muy cortas para dar respuesta a una emergencia de esta magnitud.

Desde el Gobierno central subrayan que la prioridad es sacar de las calles a los migrantes y devolver la normalidad a Ceuta, pero reconocen que el trámite burocrático de las solicitudes de asilo es largo y tedioso, y en muchas ocasiones acaba en denegación y orden de expulsión. El acuerdo alcanzado supone un primer paso, pero todas las administraciones asumen que será necesario reforzar el número de plazas si se aspira a estar a la altura de la histórica crisis que afronta la ciudad de Ceuta.