El juez prorroga la instrucción del caso Montoro y la Audiencia de Tarragona decidirá en septiembre si mantiene la causa

Una instrucción compleja que se alarga desde 2018

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de Tarragona, ha acordado prorrogar la instrucción del caso que investiga al exministro Cristóbal Montoro. En su resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado justifica la medida por la "sumamente compleja" naturaleza de la causa, que lleva abierta desde 2018. Desde que se levantó el secreto del sumario, en junio de 2025, solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados —una treintena en total— y únicamente uno de ellos ha aceptado responder a las preguntas.

El juez también señala que hay varias diligencias pendientes de que los Mossos d'Esquadra, que actúan como policía judicial, informen de su contenido. Concretamente, menciona hasta cuatro atestados de los que podrían derivarse nuevas vías de investigación. Entre las tareas encomendadas a los Mossos figura el análisis de los movimientos bancarios de Montoro y de otras seis personas de su entorno, incluido su hermano, desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad.

El exministro no ha sido aún citado para declarar. La investigación le atribuye, presuntamente, haber utilizado un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el Gobierno a favor de determinados clientes, en particular del sector gasista. Los delitos que se le imputan son cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Las defensas recurren y la Audiencia decidirá el futuro de la causa

Las defensas de los investigados han presentado recursos contra el auto de prórroga, alegando defectos formales como que no se les dio audiencia previa. En el recurso del exministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se denuncian varias supuestas irregularidades: el largo secreto de siete años, las filtraciones a medios durante ese periodo, la revisión de movimientos bancarios que se remonta a diez años antes de los hechos, y la falta de acceso a la totalidad del sumario.

El recurso de Equipo Económico, el despacho considerado epicentro del presunto tráfico de influencias, insiste en la falta de audiencia y sostiene que la prórroga carece de motivación suficiente. Además, señala una contradicción interna: la parte dispositiva fija una prórroga de seis meses, pero el plazo final señalado es el 26 de julio de 2027, lo que supondría una ampliación de un año.

La defensa del despacho recuerda que un informe de la UCO concluyó que todos los ingresos fueron declarados a Hacienda y que había trazabilidad de cada pago. Según la investigación, el despacho recibió 779.705 euros de empresas gasistas entre 2011 y 2019, pero los informes técnicos los elaboraba un tercero (EY) y, como mucho, eran retocados por Equipo Económico. Las defensas consideran que la investigación es prospectiva y que no hay indicios sólidos.

La Audiencia Provincial de Tarragona se pronunciará en septiembre sobre si el caso debe quedarse en el juzgado de instrucción o si, como piden las defensas, se remite a los juzgados de Madrid. La vuelta de las vacaciones, con agosto inhábil en la Administración de Justicia, será crucial para el devenir de esta causa que ya dura ocho años.