Ayuso empleó a un cargo público para negociar la compra de un piso en Chamberí; elDiario.es responde a sus acusaciones

Las gestiones del cargo público y el contexto político

El 15 de abril, elDiario.es publicó que Ayuso utilizó a su jefe de despacho en la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz, para negociar la compra de un nuevo piso en el barrio de Chamberí. El inmueble, de 100 metros cuadrados y un precio de salida de 850.000 euros, fue visitado por la presidenta en diciembre, primero sola y después acompañada por su pareja, Alberto González Amador.

El medio destaca que quien hizo todas las gestiones y concertó las visitas no fue el entorno privado de la presidenta, sino un cargo público. Sanz, diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales de las arcas públicas. El hecho adquirió especial relevancia porque coincidió con el debate público y judicial sobre el uso de recursos públicos por parte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y con la propuesta de procesamiento de ambas por el juez Peinado al día siguiente.

ElDiario.es defiende que la información se publicó amparándose en el derecho a recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución) y en el hecho de que para una operación privada se emplearon recursos públicos, lo que le otorga un claro interés general.

Las inexactitudes en la respuesta de Ayuso

En una intervención pública este viernes, Ayuso aseguró que elDiario.es había publicado detalles de la vivienda que buscaba, como los metros cuadrados y la ubicación, y que se estaba buscando una casa por sus propios medios, sin intención de que los madrileños le pagaran nada. Sin embargo, el medio desmiente varios puntos.

Primero, aclara que nunca publicó la calle ni ningún detalle identificativo de la vivienda, solo el barrio, Chamberí, que tiene más de cuatro kilómetros cuadrados. Tampoco se publicaron fotos, aunque el medio tenía acceso a ellas. La información se centró en el hecho de que se hubiera empleado a un trabajador público para esas gestiones, y no en los gustos inmobiliarios de la presidenta.

Segundo, Ayuso insinuó que su búsqueda de piso coincidía con la compra del ático por parte de Planifica Madrid. Pero la cronología contradice esa versión: la presidenta estuvo interesada en el piso desde diciembre de 2025, pero en enero de este año desistió de negociar y otros compradores se hicieron con él. La compra del ático de 6,3 millones se realizó en febrero, un mes después de la operación frustrada, sin información pública ni partida presupuestaria, y con una finalidad aún sin justificar.

Periodismo frente al 'cotilleo' y el derecho a saber

ElDiario.es concluye que la publicación de abril no fue un ataque a la intimidad de la presidenta, sino un ejercicio de periodismo que responde al derecho de la ciudadanía a conocer cómo se emplean los recursos públicos. El medio recuerda que fue González Amador, y no elDiario.es, quien hizo públicos detalles de la vivienda al ponerla a la venta.

La respuesta de Ayuso, que se presentó como víctima de una fiscalización exagerada, no ha contestado a las preguntas clave que siguen abiertas: quién decidió comprar el ático, por qué ese piso y dónde está el expediente que justifique el gasto de 6,3 millones. El conflicto evidencia la tensión entre el interés privado de los gobernantes y el escrutinio público, y reabre el debate sobre la necesidad de transparencia en las instituciones.