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El Gobierno de Ayuso admite que el ático de Chamberí tenía uso residencial tras dos meses negándolo

La Comunidad de Madrid ha reconocido por primera vez que el ático adquirido en el Paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros estaba destinado a uso residencial para autoridades. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, compareció este jueves en la Asamblea regional y confirmó que la operación para vender el inmueble ha fracasado. La revelación contradice dos meses de versiones oficiales que defendieron que la vivienda se utilizaría como oficinas.

Fotografía que ilustra la noticia: El Gobierno de Ayuso admite que el ático de Chamberí tenía uso residencial tras dos meses negándolo
(elDiario.es)

Del 'no es para mí' al reconocimiento del alojamiento oficial

La comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha supuesto un giro en la posición del Gobierno regional. En el atril de la Asamblea, García presentó una memoria de necesidades de su departamento fechada el 2 de julio en la que se recoge expresamente el uso 'institucional de carácter residencial' del inmueble.

El documento, elaborado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y consultado por elDiario.es, justifica la necesidad de disponer de un 'inmueble institucional de carácter residencial' por 'razones operativas, de seguridad y de representación institucional'. Según ese escrito, el ático incluiría una zona de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades 'en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional'.

Este reconocimiento contradice las afirmaciones realizadas por la presidenta madrileña desde el 29 de julio, cuando se conoció la compra. Aquel día, Isabel Díaz Ayuso declaró ante los medios: 'No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada', y defendió que el inmueble se utilizaría para celebrar reuniones mientras se realizaban obras en la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.

La presidenta y su equipo mantuvieron durante dos meses que el ático se destinaría a oficinas de la Comunidad, pese a que la normativa urbanística del edificio no permite ese uso. El consejero García ha asegurado durante su intervención que 'este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta', aunque ha admitido que su departamento lo necesitaba para alojamiento de cargos.

Un contrato de alquiler firmado y cancelado en 48 horas

Los documentos hechos públicos este jueves detallan la cronología de la operación. Planifica Madrid, la empresa pública propietaria del ático, formalizó la compra en abril por 6,3 millones de euros. El 28 de julio se firmó un contrato de arrendamiento entre Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid por 3.000 euros mensuales, con efectos previstos a partir del 1 de agosto.

Solo dos días después, el 30 de julio, la Consejería de Presidencia transmitió 'la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada'. Esta cancelación se produjo 24 horas después de que El País publicara la operación y desatara la polémica.

El 31 de julio, el propio consejero García anunció la puesta en venta del inmueble y aseguró que los fondos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que asolaron el oeste de la Comunidad. Ahora, el Ejecutivo regional ha confirmado que esa venta no se ha materializado y que el ático seguirá en manos de Planifica Madrid.

El expediente revelado también incluye un acuerdo de confidencialidad que la empresa pública obligó a firmar al vendedor antes de la compra, así como la tasación, el contrato de arras, la escritura pública y los gastos notariales. La vivienda, de 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso donde reside la madre de la presidenta.

La Intervención reprocha la falta de justificación y la oposición anuncia querellas

Entre la documentación aportada destaca un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda que señala deficiencias en el proceso. El órgano de control lamenta que la Dirección General de Patrimonio y Contratación no profundizara en 'el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares'.

Pese a estas observaciones, la Interventora aprobó la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. El consejero García ha defendido que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, aunque estos fueron elaborados después de la compra.

La oposición ha rechazado las explicaciones ofrecidas. El portavoz de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha calificado de 'trolas' las afirmaciones de García y le ha acusado de ser 'el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella'. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha lamentado que al consejero le hubieran 'obligado a cometer una ilegalidad' al presentar informes elaborados 'a posteriori'. Vox también ha tildado de 'poco precisas y confusas' las explicaciones del responsable de Planifica Madrid.

García ha anunciado que el Gobierno regional se querellará contra Espinar y contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, por un presunto delito de injurias contra la presidenta. Además, el consejero ha asegurado que la izquierda ha creado 'una gran mentira' para 'tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta'.

Las encuestas publicadas en las últimas semanas continúan otorgando a Ayuso la mayoría absoluta para las elecciones de la próxima primavera, pese al desgaste del caso.