Feijóo vincula a los migrantes de Ceuta con el orden público y avala la expulsión como "única solución"

Un discurso que criminaliza al migrante

Feijóo ha asegurado que los migrantes asentados en Ceuta "no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Una afirmación que contrasta con la realidad de la mayoría de las personas que llegan a España en busca de oportunidades laborales, y que ha sido especialmente criticada por organizaciones sociales y sindicatos.

El líder del PP ha insistido en que "esto no es inmigración", porque "los inmigrantes no se enfrentan a la policía". En un intento de matizar su discurso, ha afirmado que "los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean regulares", cuando en realidad quería decir "irregulares". Un desliz que refleja la tensión de un discurso que busca diferenciar entre un migrante 'aceptable' y otro que no lo sería.

El traslado al puerto de Ceuta, foco de la polémica

El detonante de las declaraciones de Feijóo ha sido el traslado de cientos de migrantes desde el campamento improvisado de la playa del Trampolín a las instalaciones habilitadas por el Gobierno en el Puerto de Ceuta. Un operativo que ha estado marcado por las cargas policiales y las imágenes de caos, y que el líder del PP ha utilizado para criticar al Ejecutivo: "No es capaz de mantener el orden público".

El nuevo campamento del puerto tiene capacidad para 1.700 personas, mientras que los asentamientos de Benítez y Trampolín podrían superar las 3.000, según los cálculos de la fuente consultada. Durante el traslado, la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de migrantes que se agrupaban para intentar ser incluidos en el contingente dirigido al nuevo espacio. Al menos tres personas han resultado heridas, una de ellas con la cara ensangrentada y otra doblada por el dolor, según ha podido comprobar elDiario.es.

Expulsión y retorno: una solución que choca con la legalidad

Feijóo ha defendido que "la única solución es la expulsión y el retorno", pese a las trabas legales que existen al respecto. De hecho, esa vía ya provocó la condena en 2021 de la entonces vicepresidenta y de la delegada del Gobierno en Ceuta, tal y como recuerdan las crónicas de aquella crisis fronteriza. Una sentencia que evidencia que la expulsión masiva y sin garantías no es una opción jurídicamente viable.

El PP, con su líder nacional a la cabeza y el presidente ceutí, Juan José Vivas, han solicitado reiteradamente desalojar la playa, aunque han boicoteado los emplazamientos buscados por el Ejecutivo. Esta contradicción ha sido señalada por varias voces, que acusan a los populares de querer rentabilizar políticamente una crisis humanitaria sin ofrecer soluciones reales.

Aznar eleva la tensión y habla de "traición"

La jornada ha dejado también declaraciones del expresidente José María Aznar, que ha asegurado que "hay que militarizar" Ceuta "sin ninguna duda" y ha acusado al Gobierno de "darle la razón a los invasores" y de "no defender su país". En una entrevista en Antena 3, Aznar ha sostenido que "los militares y el Gobierno tienen la obligación constitucional" de defender la soberanía española, y ha sentenciado que "lo demás es cobardía, incompetencia y traición".

Preguntado de forma expresa si considera "traidor" a Pedro Sánchez, Aznar ha respondido que "sí". Pese a ello, ha descartado que el PP deba presentar una moción de censura: "No hace falta añadir más frustración". El expresidente no ha querido pronunciarse sobre la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido en redes sociales la dimisión del Gobierno tras el traslado, mientras que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha ironizado sobre la "normalidad" en Ceuta y ha reprochado a Sánchez su gestión de la "invasión". "Jamás te lo perdonaremos", ha advertido la dirigente popular.