Cargadores para coches eléctricos en garajes comunitarios: el Supremo avala instalarlos sin permiso de la junta, pero los costes y la seguridad generan conflictos
La instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en garajes comunitarios se ha convertido en un foco de conflictos vecinales. El Tribunal Supremo ha establecido que no se necesita el permiso de la junta de propietarios para colocar un cargador en una plaza individual, pero los costes de las preinstalaciones comunitarias —que pueden alcanzar los 20.000 euros— y las dudas sobre la seguridad en caso de incendio están generando disputas que incluso llegan a los tribunales. Un análisis de las claves, los precios y las recomendaciones de los expertos.

El Supremo avala la instalación sin permiso de la junta
El Tribunal Supremo ha sido claro: la instalación de un punto de recarga privado en una plaza individual de un garaje comunitario no necesita la autorización de la junta de propietarios, sino que basta con comunicarlo. Así lo recoge una sentencia que ha sido clave para desbloquear la expansión de la movilidad eléctrica en España, donde las matriculaciones de vehículos electrificados crecieron un 33,6% en lo que va de año, hasta las 208.611 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y otras asociaciones del sector.
Esta decisión judicial responde a una realidad que se ha extendido por miles de comunidades de propietarios. Tal como explica Inés Jaén, directora de marketing de Chargeguru, una empresa especializada en la instalación de cargadores, “los propietarios desconocen que la instalación de un punto de recarga no requiere permiso”. En este sentido, el Supremo matiza que solo se precisaría autorización si la instalación implica una afectación “innecesaria o desproporcionada” de los elementos comunes o si puede suponer “un perjuicio” para la comunidad. En la práctica, la mayoría de las instalaciones se desarrollan sin grandes dificultades, tal como señala Peio Mendia, tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.
Costes: de 1.000 a 20.000 euros según la opción elegida
A la hora de instalar un cargador en un garaje comunitario hay dos opciones principales. La primera es que el propietario del vehículo coloque un punto de recarga en su plaza de párking, conectado mediante un túnel de cableado con el contador de su vivienda, que suele estar en el cuarto de contadores comunitario. Esta vía implica perforar paredes y pasar cableado por zonas comunes, con un coste que oscila entre 1.000 y 2.500 euros por vecino, según Peio Mendia.
La segunda opción es la preinstalación comunitaria, que consiste en que la comunidad de propietarios asume el coste de preparar el garaje para futuras recargas. Esta opción es la que aconsejan los expertos, porque evita que cada vecino haga agujeros y se generen marañas de cables. El coste de una preinstalación para una comunidad de unos 50 propietarios ronda entre 10.000 y 20.000 euros, según las estimaciones de Mendia. “Nosotros aconsejamos una preinstalación, es más ordenado, porque si cada vecino hace un taladro y echa un cable, el garaje se convierte en una maraña de cables”, afirma el tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
Conflictos vecinales: quién paga la instalación y las disputas por el cableado
Los conflictos entre vecinos son cada vez más habituales. Las quejas más comunes son: “No quiero que el cable pase por mi plaza de garaje”, “¿Por qué tenemos que pagar la preinstalación todos los propietarios si yo no me voy a comprar un eléctrico?” o “El otro día salió en las noticias que se incendió un coche eléctrico y arrasó con un garaje”. Estas disputas, que pueden llegar a los tribunales, son frecuentes en comunidades donde no hay consenso sobre cómo afrontar la llegada de la movilidad eléctrica.
En este sentido, Inés Jaén señala que “están obligados a aceptarlos”, en referencia a la obligación legal de permitir la instalación en plazas individuales. Sin embargo, los costes siguen siendo un punto de fricción. Manuel, un vecino de Barcelona, protesta: “Se lo hemos pagado entre todos”, en referencia a la preinstalación de su comunidad. Aunque la instalación en nuevas promociones ya es obligatoria por normativa, en los edificios antiguos la financiación de los puntos de recarga sigue siendo motivo de debate.
Seguridad: incendios más virulentos y dudas sobre las pólizas
La seguridad es otra de las principales preocupaciones de los vecinos. Según fuentes de bomberos consultadas por EL PERIÓDICO, los incendios originados en coches eléctricos “son más virulentos y difíciles de apagar”. “Se están haciendo muchas pruebas para tratar de mejorar la extinción, porque se necesita mucha agua”, señalan estas fuentes. Ante un eventual incendio, sería necesario determinar si el origen está en el vehículo, en el cargador o en la instalación eléctrica, y analizar las posibles responsabilidades.
Jaime Fortuny, letrado de Vilches Abogados, recomendó en declaraciones a este diario que las comunidades revisen con su aseguradora si su cobertura se adapta a estos nuevos riesgos. “Cada vez recibimos más consultas sobre estos temas”, añade. Además, en garajes independientes, como los que gestionan muchos ayuntamientos en concesiones plurianuales para residentes —en Barcelona se calcula que hay unos 415 párkings de este tipo—, también están surgiendo problemas. “Hay casos en que los usuarios conectan el cargador al de la comunidad, que no tiene capacidad para varios puntos de recarga”, advierte Inés Jaén.



