Casi 600 pisos protegidos en Galicia pasaron a manos privadas por la vía rápida en la última década
Cerca de 600 viviendas de protección pública en Galicia se vendieron a fondos de inversión y otras entidades privadas mediante la vía rápida en la última década, según ha denunciado la organización en defensa de la vivienda pública. La operación, que ha salido a la luz a través de un informe, afecta a municipios con alta demanda de alquiler social y ha reavivado el debate sobre la gestión del parque residencial protegido en la comunidad.
Una década de ventas exprés
El informe, elaborado con datos de la administración gallega, revela que entre 2016 y 2026 se contabilizaron 593 operaciones de venta de pisos protegidos a entidades privadas, con un precio medio un 30% inferior al de mercado. Las operaciones se realizaron a través de la vía rápida, un mecanismo administrativo que permite a la administración agilizar la venta de activos protegidos sin someterse a subasta pública previa.
El proceso, que arrancó con la crisis económica de 2008, se ha acelerado en los últimos cinco años, coincidiendo con la llegada de fondos de inversión al mercado residencial gallego. Según el texto, 7 de cada 10 de estas ventas se concentran desde 2020, y las operaciones se han realizado mayoritariamente en las siete grandes ciudades gallegas, con especial incidencia en Vigo, A Coruña y Santiago.
La organización ha denunciado que estas ventas "exprés" han privado a la comunidad de más de medio millar de viviendas protegidas en un momento en que la demanda de alquiler social sigue creciendo. "Cada piso que se vende a un fondo es un piso que se pierde para siempre para el parque público", subrayan desde el colectivo, que ha solicitado la paralización de nuevas ventas y la revisión de las ya realizadas.
El precio de la vivienda pública
Las ventas se han realizado a un precio medio de 72.000 euros, muy por debajo del valor de tasación de 128.000 euros, lo que supone una rebaja media del 44%. La organización sindical ha criticado que la administración haya priorizado la liquidez inmediata frente al mantenimiento del patrimonio público, y ha recordado que estos ingresos, aunque sanean las cuentas autonómicas, no compensan la pérdida de un activo que genera rentabilidad social a largo plazo.
"El problema no es solo que se venda, sino que se venda mal y sin garantías", advierten los autores del informe, que documentan casos en los que el comprador privado ha revendido la vivienda a precio de mercado a los pocos meses, con plusvalías que superan el 70%.
La operación más relevante se produjo en 2023, cuando un fondo internacional adquirió un bloque de 120 viviendas en A Coruña por 7,2 millones de euros, y ahora las alquila a precios que duplican los del mercado protegido. El informe concluye que, de mantenerse el ritmo, en una década la comunidad podría quedarse sin viviendas protegidas en manos públicas, algo que la administración autonómica niega.
Reacciones y demandas
El estudio ha generado reacciones inmediatas entre los colectivos vecinales y sindicatos con presencia en el sector. Desde la plataforma en defensa de la vivienda pública, se ha solicitado la comparecencia de la consejera de Vivienda ante el Parlamento gallego para que explique los criterios de estas ventas. "No se puede vender patrimonio público sin un plan de reedificación”, insisten.
Los ayuntamientos afectados, entre los que figuran Vigo y Santiago, han mostrado su rechazo a las operaciones y han reclamado a la Xunta un inventario público de las viviendas vendidas. En este sentido, el propio informe señala que la falta de transparencia dificulta el seguimiento de las operaciones y ha sido clave para que se hayan ejecutado "sin el debate público que requiere".
La consejería de Vivienda, por su parte, ha defendido que las ventas se han realizado "con todas las garantías" y que el dinero obtenido se ha destinado a financiar nuevas promociones públicas, pero no ha aportado cifras concretas. Los colectivos dudan de que se hayan reinvertido los ingresos y sospechan que parte del parque se ha perdido para siempre, una impresión que el propio informe respalda.
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