El Gobierno aprueba el martes el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen y la presión de la calle
El Gobierno aprueba este martes el decreto de vivienda, según ha confirmado el presidente Pedro Sánchez, en un intento de responder a la crisis de acceso a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en su piso desde hacía 70. La decisión llega después de un fin de semana de negociaciones con los socios, especialmente con Junts, y con la presión de la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol de Madrid. El texto aún no está cerrado a falta de horas para el Consejo de Ministros.
Una semana de máxima tensión política y social
El desalojo de Maricarmen, ocurrido hace unos días, ha elevado la presión sobre el Ministerio de Vivienda y ha forzado al Ejecutivo a acelerar sus planes. Inicialmente, el ala socialista prefería retrasar el decreto hasta tener atados los apoyos, pero la ola de indignación y las críticas de Sumar han llevado a Pedro Sánchez a cambiar de postura. El propio Sánchez, en un mitin del PSOE en Madrid, se dirigió a la mujer desalojada para asegurar que el Gobierno "está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes" el paquete de medidas al Consejo de Ministros, con el fin de "empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional".
La confirmación de la fecha llega después de que Sumar amenazara el sábado con volver a "plantarse" y no entrar al Consejo de Ministros, como ya hicieron sus cinco ministros hace medio año, si Vivienda no daba luz verde "ya" al paquete. Fuentes de Sumar aseguran que durante unas horas del fin de semana temieron que Moncloa retrasara la puesta en marcha del texto, aunque finalmente no fue así. El malestar social se ha materializado en la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol, que este domingo sumó su segunda noche, tras la masiva manifestación por el derecho a un techo celebrada en Madrid.
Negociaciones contrarreloj con Junts y la izquierda
El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha mantenido conversaciones durante todo el fin de semana con los grupos, aunque a última hora del domingo los parlamentarios aún no habían recibido una versión completa del decreto. El Ejecutivo busca conciliar las exigencias de sus socios de derechas y de izquierdas. Junts, que el ministerio considera el socio más escurridizo, exige medidas fiscales como deducciones por adquisición de vivienda habitual, desgravación para cuentas de ahorro para vivienda y exenciones para inquilinos con rentas por debajo de 33.000 euros anuales. También propone reducir al 0% el IVA para la compra de vivienda habitual por menores de 35 años y la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb en Catalunya.
El Gobierno ha negociado concesiones fiscales para atraer a Junts, que por primera vez en meses ha expresado voluntad de negociar. Además, el viernes trascendió que se negocia prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables en pisos de estas empresas, lo que supone un cambio de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas se abstuvieron hace un par de semanas en la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas, mientras que Junts tumbó a principios de año el escudo antidesahucios vigente desde la pandemia, junto a PP y Vox.
Las cinco exigencias del Sindicato de Inquilinos y el alcance del decreto
El Sindicato de Inquilinos, que mantiene la acampada en la Puerta del Sol, exige que el decreto incluya "medidas estructurales para impedir los desahucios", la regulación de los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios del alquiler, prórrogas efectivas y la renovación automática de los contratos a indefinidos, como en Inglaterra. Sin todas esas medidas, el sindicato considera que "este Gobierno no tiene sentido".
El Ejecutivo trabaja en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y prevé que los inquilinos puedan solicitar una prórroga de dos años al mismo precio. Sin embargo, las medidas estructurales para impedir los desahucios parecen más complicadas, pues los escudos sociales aprobados hasta ahora han sido temporales y han requerido prórrogas. La conversión de todos los arrendamientos en indefinidos tampoco es compartida por el ala socialista. Para los desahucios de familias vulnerables en pisos de particulares, que son la mayoría del parque de alquiler, el Gobierno negocia con Junts una solución intermedia: paralizar los desalojos hasta que haya alternativa, pero que la administración asuma los gastos del proceso.
Un decreto que deberá superar el trámite parlamentario
El decreto entrará en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero deberá ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes. El Gobierno busca atar los votos antes del martes, aunque no puede descartarse que la negociación se alargue hasta el final del plazo, como ha ocurrido en otras ocasiones durante la legislatura. Sánchez ha pedido a sus aliados "un último esfuerzo" para la convalidación.
La acampada del Sindicato de Inquilinos proseguirá, y el colectivo ha avisado de que no piensa levantarla a corto plazo. La presión social y la necesidad de acuerdos parlamentarios seguirán marcando la agenda gubernamental en materia de vivienda, en un contexto donde el desahucio de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de la crisis de acceso a la vivienda.
Sigue leyendo
- viviendaLa acampada por la vivienda en Sol presiona al Gobierno antes del Consejo de Ministros que debe aprobar el real decreto
- viviendaLa acampada de Sol se consolida y aumenta la presión al Gobierno ante el Consejo de Ministros del martes
- viviendaLa acampada por la vivienda en Sol supera su primera noche sin incidentes y mantiene la presión
- viviendaLa acampada por la vivienda en Sol reúne a 500 personas en su primera noche: “Va a marcar un antes y un después”
