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Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes por gestionar multas de tráfico

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por considerar que la compañía cometió prácticas abusivas al cobrar a los clientes un recargo por gestionar las multas de tráfico, según un comunicado del departamento. La sanción, que agota la vía administrativa aunque Avis puede recurrir ante los tribunales, se apoya en la vulneración de la ley que obliga al titular del vehículo a identificarse ante la administración, un trámite que Consumo entiende que no se debe repercutir al cliente.

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Fotografía que ilustra la noticia: Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrar a sus clientes por gestionar multas de tráfico
(El Periódico)

Una multa histórica para un sector bajo lupa

El expediente, que se originó tras una reclamación de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV, se ha saldado con una sanción económica que es la más alta impuesta hasta ahora por este ministerio a una empresa de alquiler de coches. La resolución, dictada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, deja abierta la puerta a un recurso judicial, pero de momento obliga a Avis a abonar un millón de euros a las arcas públicas.

Desde el Ministerio de Consumo se ha querido subrayar que la práctica sancionada no era un simple cargo administrativo, sino que vulneraba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concreto sus artículos 82, 87.5 y 87.6, que protegen a la persona consumidora de cláusulas abusivas que imponen cargas desproporcionadas y rompen el equilibrio contractual.

La práctica del recargo por multas

Según recoge la resolución, Avis cobraba una tasa de entre 33,88 y 45 euros por gestionar el pago de las multas de tráfico que podían recibir los clientes durante el periodo de alquiler. Ese suplemento se justificaba como un pago por la gestión de la multa y por comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, un trámite que sin embargo es una obligación legal de la empresa como titular del vehículo.

Esta práctica se consideró 'muy grave', con circunstancias agravantes, ya que, según el departamento de Bustinduy, trasladaba al cliente un coste que la propia ley impone a la empresa. Con el asimismo se vulneraba el artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que obliga al titular a facilitar a la administración la identidad del conductor infractor, un trámite que las empresas de alquiler cumplen con aportar el contrato de alquiler, sin que puedan repercutirlo a sus clientes.

Un historial de sanciones a robustecer

Esta multa se suma a una larga lista de sanciones emprendidas por Consumo desde que, en noviembre de 2023, Pablo Bustinduy asumió la cartera. La más abultada, hasta ahora, había sido la impuesta en noviembre de 2024 a cinco aerolóneas de bajo coste: Ryanair (107,78 millones de euros), Vueling (39,26 millones), EasyJet (29,09 millones), Norwegian (1,61 millones) y Volotea (1,19 millones), por cobrar por el equipaje de mano y otras prácticas abusivas.

En diciembre de 2025 ya se sancionara a Airbnb con 64,06 millones por publicar arrestos de turísticos sin licencia o con información falsa e incompleta. Y este mismo año se ha abierto un frente más restrictivo con el millón de euros 3,6 millones contra Alquiler Seguro por trasladar a los inquilinos gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. El caso de Avis abre un nuevo li­nea de control sobre los cargos por gestión que las empresas del sector de alquiler aplican a sus clientes.

El alcance económico de la sanción

El ministerio señala que el coste de este tipo de recargo, aunque parezca pequeño en comparación con la multa, tiene un impacto real en los consumidores, de manera especial en quienes usan el alquiler para viajar en vacaciones o como alternativa temporal a su vehículo habitual. Además, la sanción envía un mensaje claro: gestionar infracciones de tráfico es una obligación de la empresa, no un servicio por el que se pueda cobrar de modo adicional" , concluye el expediente.

Aunque Avispodrá recurrir ante los tribunales, la fuente sindical no da por definitivo el cierre del caso. Por ahora, el ministerio mantiene unacosa la sanción en cuantía y la condición de agotar la vía adminitrativa, lo que refuerza el papel de los organismos de control en defensa del consumidor frente a las cláusulas abusivas de las grandes empresas de servicios.