Dos causas contra el PP en Madrid evidencian el doble rasero con el exfiscal general

Un registro con volcado total que el Supremo tuvo que rectificar

El 30 de octubre de 2024, agentes de la Guardia Civil permanecieron más de diez horas en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con un auto del juez Ángel Hurtado. La orden autorizaba a la UCO a llevarse cualquier documentación en soporte físico o digital relacionada con la filtración de un correo enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. El auto incluía el volcado de servidores, correos y redes sociales desde el 8 de marzo hasta la materialización de la diligencia, así como toda la información del teléfono del máximo responsable del Ministerio Público almacenada durante siete meses.

El exceso fue tal que el propio magistrado tuvo que rectificar, advertido por sus colegas, y redujo la incautación a los días próximos a la comisión del presunto delito, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, y el borrado de sus mensajes, que él justificó como un protocolo de seguridad, fue considerado por el juez un indicio de culpabilidad. La sentencia sostenía que la causa explicativa del borrado no podía ser otra que la "estratégica destrucción" de información que pudiera comprometer su defensa.

El borrado de mensajes, tratado de forma opuesta

El caso de Alcalá presenta otra reminiscencia con el del fiscal general. El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, compareció como testigo y aseguró que la nota interna de la Policía Municipal le llegó por correo y por un anónimo, y que ya había borrado ese mensaje. El PSOE, que actúa como acusación popular, pidió la intervención de sus comunicaciones y que volviera a declarar, pero se denegó. Tampoco se autorizó la incautación de los correos entre los investigados y Serrano para constatar que recibió la nota del Ayuntamiento.

Mientras tanto, en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por difundir la identidad de dos periodistas de El País junto a sus fotos, la jueza archivó el caso sin tomar declaración a los policías que habían identificado a los profesionales en la calle, presunto origen de la información. Rodríguez declaró que la foto se la facilitó Alberto González Amador, y este aseguró que la obtuvo de un vecino, pero que no conservaba el chat porque había sido víctima de un "hackeo". El jefe de gabinete de Ayuso también afirmó que ha borrado el intercambio de mensajes.

El PSOE ha recurrido el archivo apelando a la sentencia del Tribunal Supremo, que debe fijar doctrina. En el recurso, los socialistas subrayan la contradicción: "No será baladí recordar que el investigado, así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia".

La excepcionalidad del caso García Ortiz, ahora en el Constitucional

La irrupción en el despacho del fiscal general fue uno de los hechos que integran la lista de anomalías en el procedimiento sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la causa contra González Amador sigue su curso: la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel por haber defraudado 350.951 euros en dos ejercicios fiscales y haber creado una trama de facturas falsas.

El borrado de los mensajes del fiscal general fue utilizado durante meses como argumento político y mediático, también por el Partido Popular, para denostar su defensa. Ahora, según el análisis de eldiario.es, esa práctica es recurrente entre los dirigentes de la formación política cuando son ellos los investigados por revelación de secretos. La comparativa entre los procedimientos evidencia que la gravedad de la medida no depende solo del delito, sino de quién sea el investigado.