El desahucio de Maricarmen marca la precampaña: vivienda, decreto y huelga general separan a PSOE y PP
La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada por Urbagestión, ha volcado la precampaña electoral hacia la vivienda y ha puesto a los dos grandes partidos en posiciones opuestas: el Gobierno ha recuperado por decreto la moratoria de desahucios que el Congreso tumbó hace una semana, mientras el PP evita el asunto y apuesta por la construcción de un millón de viviendas y una ley antiocupación. En medio, los sindicatos convocan una huelga general para el 11 de noviembre que coincide con el arranque de la campaña.

Un giro de guion que descoloca al PP
El desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, ocurrido esta semana, ha irrumpido en la agenda política cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales del 29 de noviembre. Según ha publicado elDiario.es, la ola de protestas y acampadas por el derecho a la vivienda que comenzó en Madrid y se ha extendido por todo el país ha obligado a los dos grandes partidos a reposicionarse, aunque con estrategias muy distintas.
En el PP reconocen incomodidad con el nuevo escenario. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, confirmado candidato, no mencionó a Maricarmen en su discurso ante la cúpula nacional de esta semana y dedicó apenas dos líneas a la vivienda. Su número dos, Miguel Tellado, en su primera rueda de prensa como jefe de campaña, eludió hablar de inquilinos vulnerables y se centró en el plan de construir un millón de viviendas en cuatro años y en aprobar una ley antiocupación.
Mientras, el PSOE ve en esta nueva conversación pública la oportunidad de resintonizar con una mayoría social que clama por soluciones a uno de los principales problemas del país. En Ferraz son conscientes de que el Gobierno de coalición también ha recibido reproches por su gestión del problema, pero confían en que la indignación se transforme en movilización electoral. Las encuestas, según la fuente, dibujan aún una remontada improbable, aunque el partido cree que la convocatoria anticipada, anunciada el lunes al calor de las protestas, ha pillado al PP descolocado.
El Gobierno recupera el decreto y busca su convalidación
El primer movimiento del Ejecutivo tras la disolución de las Cortes fue recuperar el pasado martes en Consejo de Ministros las mismas medidas que las derechas derogaron la semana anterior en el Congreso. Se trata de dos decretos casi calcados, con modificaciones técnicas y formales, que ya están en vigor y cuyo principal efecto es la suspensión de desahucios como el que sufrió Maricarmen.
El decreto que contiene el grueso de las medidas será debatido en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno fuera de los períodos de sesiones, donde las mayorías se ven alteradas y no es imprescindible el apoyo de Junts. El Gobierno ya tiene garantizado el respaldo del PNV, lo que, junto al de las izquierdas, sería suficiente para convalidar la norma. Esta argucia parlamentaria, cuya legalidad cuestionan PP y Vox, permitiría aprobar en noviembre lo que el Pleno tumbó.
El presidente Pedro Sánchez defendió la medida en una entrevista en elDiario.es: “Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones y mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura”. Sobre el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez pidió no politizar el dolor y rechazó cualquier instrumentalización, después de que la ultraderecha llegara a insinuar que la anciana pudo ser asesinada por el PSOE y el PP acusara a Moncloa de querer aprovecharse del caso.
La fecha para el debate en la Diputación Permanente se ha situado estratégicamente a las puertas de la campaña, que arranca oficialmente el 12 de noviembre. El PSOE quiere retratar a las derechas en el 'no' a las medidas que demanda la calle, mientras estas denuncian un “fraude de ley” y mantienen la ofensiva en otros frentes, como la imputación del PSOE en el 'caso Leire' o la campaña de desconfianza sobre el voto por correo, en la que han participado Isabel Díaz Ayuso, Vox, Alvise Pérez o Iván Espinosa de los Monteros.
La huelga general del 11-N, otra bala en la recámara
El PSOE cuenta además con la colaboración de CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios, y del Sindicato de Inquilinas, que han convocado una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre, es decir, 24 horas antes del inicio oficial de la campaña. En privado, los socialistas admiten que esa huelga es otra bala en la recámara para mantener la campaña monotemática sobre vivienda, aunque piden a sus cargos que no intenten patrimonializarla.
La número dos del PSOE, María Jesús Montero, generó controversia al afirmar que la huelga era, por primera vez, “contra la oposición”. En Ferraz consideran que ese tipo de declaraciones pueden resultar contraproducentes y piden a sus portavoces que se limiten a defender el derecho constitucional a la huelga y el compromiso con las políticas de vivienda.
El PP rechaza la convocatoria. Tellado la calificó de “electoral” en lugar de general, llamó a los sindicatos “apéndices” del Gobierno y sostuvo que demuestra que “ven venir el cambio”. También ironizó: “Es curioso que en ocho años no hayan convocado ninguna protesta en España por la vivienda. Por fin han visto la luz”.
A pesar de que en Génova aseguran sentirse “cómodos” debatiendo sobre vivienda y han pedido un bloque íntegro sobre el asunto en los dos debates electorales que han propuesto (ambos en cadenas privadas, por desconfianza hacia TVE), los hechos muestran lo contrario: el PP centra sus discursos en alentar el miedo al 'pucherazo', en sostener que el PSOE contrató a narcotraficantes contra una jueza y en la tesis de la “invasión” migratoria en Ceuta. La vivienda, por ahora, es el terreno que el PP evita y el PSOE quiere convertir en el eje de la campaña.



