El ahorro privado para la jubilación se estanca en España: sale más dinero del que entra desde hace seis años

Dos velocidades: los planes individuales caen mientras los de empleo no despegan

En España hay ocho millones de personas con un plan de pensiones, sumando los productos individuales y los colectivos. El 70% del patrimonio total, de 145.000 millones de euros, se concentra en planes individuales, mientras que el 30% restante corresponde a planes de empleo, impulsados por grandes empresas y administraciones públicas. Los mayores fondos colectivos son los de CaixaBank, Ibercaja y Telefónica.

El estancamiento del sector se explica por una dinámica doble. Por un lado, la generación del baby boom, que empieza a jubilarse, está retirando más dinero del que entra con nuevas aportaciones. Por otro, los planes individuales, los más extendidos, se han visto desincentivados por la política fiscal del Gobierno. El Ejecutivo de coalición mantiene el límite de aportación con derecho a deducción en 1.500 euros anuales para los planes individuales, mientras que el tope para los planes colectivos es de 8.000 euros.

Esta asimetría fiscal responde a una lógica redistributiva: los planes individuales son utilizados sobre todo por los patrimonios más altos para optimizar su factura fiscal, ya que el beneficio tributario crece con el nivel de renta. Una ventaja que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado como regresiva y que, además, se ve absorbida en gran parte por las comisiones que cobran las entidades financieras por la gestión de los planes.

El fracaso de los planes de empleo: del macrofondo encallado al tímido avance en construcción

El Gobierno de José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, intentó durante su etapa al frente de la Seguridad Social impulsar los planes de pensiones de empleo como alternativa a los individuales. La estrategia, sin embargo, no ha dado los resultados esperados. El macrofondo público de pensiones lleva años encallado, los planes simplificados para autónomos han tenido un escaso recorrido y el plan sectorial solo ha cuajado en el ámbito de la construcción.

El objetivo declarado de estas iniciativas era que los convenios colectivos, especialmente los de ámbito sectorial, incorporaran cláusulas por las que parte del salario se destinara a un plan de pensiones. De esa forma, el complemento a la jubilación llegaría a todos los niveles salariales desde el inicio de la carrera profesional, y no solo a quienes tienen capacidad de ahorro.

La respuesta de la patronal y los sindicatos, que apoyan la fórmula sobre el papel, no se ha traducido en acuerdos relevantes en las mesas de negociación. El sector financiero, por su parte, ha criticado abiertamente la política fiscal del Gobierno. Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores, reclama que el límite de los planes individuales vuelva a los 8.000 euros anuales: "Habría que volver a subir el límite, porque han sido incapaces de incentivar los planes de empleo".

El modelo británico y el vasco: la adscripción automática como clave

El análisis compara el caso español con otros modelos europeos que sí han conseguido generalizar el ahorro complementario. El más citado es el británico, que en 2012 introdujo el sistema Nest de adscripción automática. Todos los trabajadores del Reino Unido reciben una parte de su salario en forma de aportación a un plan de pensiones de empleo, aunque pueden optar por salirse y cobrar todo en efectivo. Hoy cubre a 14 millones de personas y acumula 50.000 millones de libras (60.000 millones de euros). Las aportaciones anuales suman un 8% del sueldo: un 4% del trabajador, un 3% de la empresa y un 1% del Estado. Solo uno de cada diez empleados decide abandonar el modelo.

"La figura de la adscripción automática es fundamental", señala Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. "Es la única forma de conseguir que un modelo así se generalice".

Dentro de España, el País Vasco es el ejemplo más desarrollado de previsión social complementaria. Allí se acumula el triple de dinero per cápita en pensiones privadas que en el resto del país. Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas gestionan un patrimonio agregado de 33.000 millones de euros, con una media de casi 34.000 euros por socio, frente a los 13.000 euros de media de los titulares de planes individuales en el conjunto de España.

Virginia Oregi, ex gerente general de la EPSV Geroa, explica el éxito vasco por la tradición sindical y de negociación colectiva, el peso de las cooperativas y las grandes empresas industriales, y un apoyo político transversal. "En el País Vasco no había un régimen jurídico o fiscal especial, era todo prácticamente igual que en el resto de España, pero sí que había un consenso para impulsar un ahorro para la jubilación vinculado a la negociación colectiva", sostiene.

La dependencia del primer pilar y el debate político

España basó su protección tras la jubilación en el primer pilar, el sistema público de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados. Según datos de la OCDE, las transferencias públicas aportan en torno al 70% de la renta bruta de los mayores de 65 años en España, frente al 56% de media en los países de la organización. En Países Bajos y el Reino Unido, países con gran tradición de planes de empresa, ese porcentaje baja al 45% y al 29,7%, respectivamente. Para uno de cada siete jubilados españoles, la pensión pública es su única fuente de ingresos.

La precampaña electoral ha reabierto el debate sobre si este sistema debe complementarse con mecanismos de capitalización. Alternativas como el modelo chileno, instaurado en 1981 bajo la dictadura de Pinochet, o el sistema sueco de cuentas nocionales, un modelo de reparto con cuentas individuales virtuales, están sobre la mesa.

Mientras tanto, el estancamiento del ahorro privado plantea un interrogante sobre la capacidad del sistema para atender a las próximas generaciones de jubilados. El plan de pensiones sectorial, el macrofondo y los planes simplificados para autónomos, las tres grandes apuestas del Gobierno para impulsar los planes de empleo, siguen sin despegar, y el debate político sobre las pensiones, como señala el análisis, "vuelve a ser un arma arrojadiza".