El debate sobre las pensiones oculta una decisión política: quién paga la vejez
Cada pocos meses resurge el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. El último episodio lo han protagonizado dirigentes del PP y de Vox con predicciones de colapso, y detrás siempre asoman voces académicas y empresariales que aportan cifras y proyecciones alarmantes. Un análisis publicado por eldiario.es sostiene que toda esta discusión parte de una pregunta mal planteada y que lo que realmente se dirime es una decisión política y distributiva: quién financia las pensiones y con qué recursos.
La sostenibilidad está garantizada por el Estado
El análisis, firmado por Alberto Garzón Espinosa, plantea que el sistema público de pensiones no corre un riesgo real de quiebra porque cuenta con el respaldo del Estado. Esa garantía, argumenta, es suficiente para asegurar su sostenibilidad: si las cotizaciones no bastan, el Estado transfiere recursos a través de los impuestos. Lo que cambia entonces es quién paga, no si se paga.
El texto distingue entre las lógicas que conviven en el sistema español. Las pensiones no contributivas beben de la tradición redistributiva: la Administración decide transferir recursos desde quienes trabajan hacia quienes no pueden hacerlo. Las contributivas se basan en la lógica mutualista: un conjunto de trabajadores comparte riesgos y reparte recursos entre ellos, con cuantías ligadas a la aportación previa.
Frente a esas dos lógicas, el análisis sitúa la capitalización individual privada, defendida por Vox. Un sistema así, señala, no es en sentido estricto un sistema de pensiones, sino un ahorro individual invertido en el mercado financiero. "No hay mutualidad ni redistribución alguna, solo un ejercicio de asunción individualista de riesgos", resume.
El subterfugio del coste de oportunidad
El texto sostiene que la insistencia en la insostenibilidad financiera es un "subterfugio" para cuestionar el corazón redistributivo y mutualista del sistema. En el caso de la extrema derecha, dice, la propuesta busca sustituir el reparto por la capitalización privada, haciendo recaer el grueso del riesgo en el individuo. Y recuerda que los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, como los impulsados en la etapa de José María Aznar, apuntan en esa dirección de forma más sutil: reducen ingresos del Estado, erosionan los servicios públicos como derechos y promueven los privados como negocio.
Según el análisis, la razón de este subterfugio es electoral: con más de diez millones de pensionistas en España, los partidos evitan reconocer abiertamente una transición al negocio privado. De hecho, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal tuvieron que salir a corregir a sus portavoces -Ester Muñoz y José María Figaredo, respectivamente- asegurando que defienden el sistema público.
El análisis también cuestiona la centralidad que se da al coste de oportunidad, es decir, a lo que se deja de financiar cuando se pagan pensiones. Ese razonamiento, dice, aplica a cualquier partida pública, desde sanidad y educación hasta el gasto militar o la Casa Real. "Decir que hay un coste de oportunidad en la partida de las pensiones es correcto, pero insistir en ello sugiere un deslizamiento implícito hacia cuestionar la propia necesidad de esas pensiones", afirma.
La pregunta que importa: qué derechos y a costa de quién
El análisis concluye que el verdadero debate es de economía política: cómo distribuir la riqueza producida colectivamente. Si las pensiones se financian con cotizaciones sociales, la carga recae principalmente sobre el empleo y los salarios. Si se financian con impuestos progresivos, la redistribución se refuerza desde las rentas más altas y el capital hacia el conjunto de la sociedad. "Cuando las pensiones se financian con impuestos resultan ser más progresivas", sostiene.
El texto recuerda que a lo largo de la historia, las sociedades han respondido de manera distinta a cómo cuidar a quienes no pueden trabajar. Algunas abandonaban o incluso mataban a los ancianos en tiempos de escasez. Otras, como muchas sociedades preindustriales, les daban de comer, vestir y cuidaban. Esa elección, subraya, no es técnica, sino ideológica.
"La trampa es presentar cualquiera de ellas como una necesidad técnica inevitable", advierte, "porque oculta precisamente lo que deberíamos estar discutiendo, es decir, qué derechos queremos garantizar, con qué recursos y a costa de quién".
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