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El derecho a la ciudad, en el centro del debate: cómo evitar que la mejora urbana expulse a los vecinos

La presión inmobiliaria y la transformación de los usos urbanos dificultan que muchas personas permanezcan en los barrios donde han construido su vida. Un debate celebrado en Bilbao aborda el derecho a la centralidad y el papel de las políticas públicas para evitar que las mejoras urbanísticas acaben expulsando a quienes las hacen posibles.

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(elsaltodiario.com)

Del derecho al centro al derecho al barrio

¿Tienen los ciudadanos un derecho a la centralidad urbana? Esta fue la pregunta que articuló la tercera entrega de Zoopolis TV Tour, el podcast itinerante producido por Urbanbat, grabado en el edificio de EDE Fundazioa, en el barrio bilbaíno de Indautxu. En la conversación participaron el arquitecto y exconcejal de Vivienda de Barcelona Josep Maria Montaner y Romina Sostegno, responsable de comunicación de EDE Fundazioa.

Para Montaner, reivindicar el derecho a la centralidad exige ampliar la mirada más allá del centro urbano. Las grandes ciudades tienen múltiples centralidades, y sus barrios poseen identidades, redes sociales y expresiones culturales propias que merecen ser reconocidas y protegidas. «Es el derecho a la ciudad, al centro, al barrio», señaló durante la conversación, vinculándolo a la posibilidad de seguir viviendo donde una persona ha nacido, donde reside su familia o donde ha construido sus relaciones.

Garantizar este derecho implica avanzar hacia una ciudad policéntrica, donde los distintos barrios dispongan de equipamientos, servicios, oportunidades laborales, espacios de encuentro y una vida cultural propia. No se trata de reproducir el centro tradicional en cada barrio, sino de fortalecer las centralidades existentes y crear otras nuevas allí donde faltan.

La paradoja de las mejoras que expulsan

La distribución desigual de estas oportunidades tiene también una historia urbanística. Durante buena parte del siglo XX, el urbanismo moderno promovió una organización territorial basada en la separación de funciones: áreas residenciales, zonas industriales, centros comerciales y espacios especializados para el ocio o los equipamientos. Montaner considera que uno de los grandes errores de aquella concepción fue intentar resolver los problemas urbanos descomponiendo la ciudad en actividades aisladas, cuando buena parte de su riqueza reside precisamente en la superposición de usos, personas y relaciones.

Pero esta fragmentación no responde únicamente a una teoría urbanística. Las decisiones políticas, los intereses económicos y las relaciones de propiedad han contribuido a producir ciudades segregadas no solo por funciones, sino también por niveles de renta. A esta segregación se suma una paradoja incómoda: las inversiones destinadas a mejorar los barrios pueden terminar favoreciendo la expulsión de quienes los habitan.

Nuevos parques, mejores conexiones de transporte, equipamientos culturales o espacios públicos renovados incrementan el atractivo de un lugar y pueden elevar su valor inmobiliario. Así, mejoras financiadas con recursos públicos pueden convertirse en oportunidades de rentabilidad privada, mientras parte del vecindario encuentra cada vez más dificultades para permanecer en el entorno que ha contribuido a construir.

Frente a estas dinámicas, Montaner reivindica una intervención pública integral y coordinada: regular los alquileres, incrementar la vivienda asequible, adquirir inmuebles mediante instrumentos como el tanteo y retracto (que permite a la administración comprar un inmueble en venta antes que otros compradores, por el mismo precio pactado) y aprovechar mejor el patrimonio público. Medidas que remiten a una cuestión de fondo: quién decide sobre el suelo y sus usos, y quién se beneficia de las transformaciones urbanas.

Edificios híbridos: vivienda, trabajo y cultura bajo un mismo techo

Si la separación de funciones ha contribuido a fragmentar la ciudad, ¿qué posibilidades abre reunir actividades diferentes en un mismo lugar? Los edificios híbridos exploran precisamente esa alternativa, integrando usos que habitualmente se encuentran dispersos. El edificio de EDE Fundazioa, situado en Indautxu, permite aproximarse a esta idea.

En sus instalaciones conviven 28 alojamientos dotacionales destinados a personas y familias con dificultades de acceso a la vivienda, oficinas, espacios de formación, servicios sociales, actividades culturales y un restaurante inclusivo abierto a la ciudad. Durante el podcast, Romina Sostegno explicó que el proyecto busca acercar al centro urbano servicios sociales que con frecuencia se sitúan en otros entornos y favorecer encuentros entre personas con trayectorias y condiciones socioeconómicas diferentes.

Lo ilustró con algunas situaciones cotidianas: personas que acuden a formarse, familias que acompañan a sus hijos e hijas a actividades extraescolares o trabajadoras que coinciden con otros comensales en el restaurante. También reconoció que fortalecer la relación con el tejido vecinal sigue siendo uno de los principales retos del proyecto.

Con todo, la contribución de los edificios híbridos al derecho a la centralidad no depende únicamente de la diversidad de sus usos. Un complejo de viviendas de lujo, oficinas y comercios también puede reunir actividades diferentes sin ampliar necesariamente las oportunidades de acceso a la ciudad. La cuestión es a quién se destinan sus espacios, quién puede utilizarlos, cómo se gestionan y qué garantías existen para preservar su función social.

En el caso de EDE Fundazioa, el proyecto ha requerido un acuerdo con la anterior propiedad del inmueble, colaboración institucional, financiación pública para los alojamientos dotacionales y un proceso previo de escucha a agentes del entorno. Estas condiciones ponen de manifiesto hasta qué punto la arquitectura está vinculada a decisiones económicas, políticas y de gestión.

Durante la conversación, Montaner planteó también la posibilidad de incorporar viviendas sobre equipamientos existentes, aprovechando mejor el suelo urbano y acercando nuevas formas residenciales a los servicios de los barrios consolidados. Una estrategia que debe afrontar obstáculos normativos, dificultades de coordinación administrativa y, en ocasiones, resistencias vecinales.

El edificio de EDE Fundazioa muestra algunas posibilidades de combinar vivienda, empleo, servicios y actividad cultural en una localización central. Pero experiencias como esta también plantean una cuestión que trasciende la arquitectura: ¿de qué sirve hacer barrios más atractivos, mejor equipados y conectados si las personas que los habitan no pueden permitirse seguir viviendo en ellos?