La fiebre de los centros de datos en Aragón acapara la red eléctrica y agrava la crisis de vivienda
La ola de centros de datos que ha convertido Aragón en uno de los polos tecnológicos del sur de Europa está teniendo un efecto colateral cada vez más visible: acapara la capacidad de la red eléctrica y estrangula aún más la construcción de vivienda en una comunidad donde el precio ya acumula tensiones. El exdirector de Vivienda del Gobierno vasco y actual responsable de políticas urbanas, Javier Burón, ha vinculado esta dinámica con el modelo inmobiliario que el PP quiere recuperar, el de finales de los noventa, cuando el precio de la vivienda subió un 250%.

La red eléctrica, un cuello de botella que frena la obra nueva
La situación ha llevado a algunos promotores a denunciar que la falta de acceso a la red se ha convertido en el principal obstáculo para construir vivienda asequible en zonas como Zaragoza y su entorno metropolitano, donde la presión demográfica y el precio del alquiler ya superan los niveles de hace una década. La comunidad, que presume de tener la electricidad más barata de España por su mix renovable, ahora se enfrenta a la paradoja de que esa ventaja competitiva se convierte en un factor de exclusión para los usos residenciales.
La saturación de la red no solo afecta a los nuevos desarrollos residenciales, sino que también genera incertidumbre en los proyectos ya en marcha, que ven retrasadas sus conexiones mientras los grandes consumidores industriales, como los centros de datos, copan la capacidad disponible. Esta competencia por un recurso limitado sitúa a la vivienda en desventaja frente a actividades que generan un retorno económico inmediato, una dinámica que los expertos consultados consideran insostenible a medio plazo.
Javier Burón: "El PP quiere el modelo de finales de los noventa"
La referencia a los años noventa no es casual. En aquella década, España vivió un ciclo de expansión crediticia y especulación urbanística que multiplicó el precio de la vivienda muy por encima de la inflación, y que terminó con una crisis de sobreendeudamiento y una burbuja que estalló en 2008. Burón recuerda que aquel modelo no solo encareció la vivienda, sino que dejó un parque de viviendas vacías y una generación entera con dificultades para emanciparse.
Sus declaraciones, recogidas por infoLibre, apuntan a que el Partido Popular, que preside el Gobierno de Aragón, estaría impulsando un modelo urbanístico similar al de finales de los noventa, priorizando la rentabilidad inmobiliaria sobre el acceso a la vivienda. La crítica se produce en un momento en que la comunidad aragonesa se ha convertido en el epicentro de una fiebre por los centros de datos que, según Burón, no hace sino agravar el problema al acaparar los recursos disponibles.
Centros de datos y vivienda: dos prioridades en conflicto
Para los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón, el dilema es evidente: los centros de datos generan empleo y actividad económica, pero también tensionan los servicios y el mercado de la vivienda, porque los trabajadores que llegan a la zona necesitan dónde vivir. El problema se agrava en las zonas rurales, donde la falta de vivienda ya era un obstáculo para fijar población, y ahora se convierte en un freno para el desarrollo de esos mismos proyectos tecnológicos que se anuncian como la panacea del empleo local.
La tensión entre la atracción de inversión tecnológica y la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda no es exclusiva de Aragón, pero aquí se manifiesta con especial crudeza por la dimensión de los proyectos anunciados y la limitación del territorio. La comunidad, que ha visto cómo los precios del alquiler se disparaban en los últimos años, se enfrenta ahora al reto de compaginar un modelo productivo basado en la economía digital con la cohesión social y territorial.
El precio de la vivienda, en máximos históricos
El debate está servido en Aragón, donde el Gobierno autonómico, presidido por el PP, ha defendido la llegada de los centros de datos como una oportunidad histórica para la economía regional. Sin embargo, los expertos advierten de que, sin una planificación que garantice el acceso a la red y al suelo para la vivienda, esa oportunidad puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad, con precios que expulsen a los residentes de siempre y una comunidad que se convierta en un parque temático tecnológico para empresas, pero no para personas.
La subida del 250% que menciona Burón en los años noventa no es un dato aislado, sino el resultado de un modelo que ahora se quiere repetir. La comparación no es baladí en un contexto donde los precios de la vivienda ya muestran tensiones evidentes en las principales ciudades aragonesas, y donde el acceso a la red eléctrica se convierte en un factor determinante para decidir qué se construye y para quién. La pregunta que queda sobre la mesa es si Aragón aprenderá de la historia o repetirá sus errores.



