La vivienda en España necesita 850.000 pisos sociales para acercarse a Europa

El déficit estructural de vivienda social

El artículo, firmado por Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, sostiene que el problema de la vivienda en España va mucho más allá del control del alquiler privado y se concentra en la ausencia de oferta pública. Los datos que maneja: la vivienda en alquiler representa en torno al 15% de los hogares habituales y el 10% del parque total de viviendas, mientras que la vivienda social apenas alcanza el 2%, frente al 8% de media europea.

El autor subraya que el parque total de viviendas por habitante en España es algo superior a la media europea, algo que atribuye a la afluencia turística, y que la proporción de vivienda en propiedad (74%) supera la europea (69%) por el mayor número de segundas residencias. También señala que el porcentaje de viviendas vacías es mayor en España (14% frente al 10%).

Las principales diferencias con Europa se concentran, según el texto, en cuatro puntos: la desconexión geográfica entre oferta y demanda, con más vivienda vacía en zonas rurales; el peso de la segunda residencia y del turismo; la antigüedad y mala conservación de las viviendas vacías; y, sobre todo, la deficiencia de vivienda social pública.

De 80.000 a 10.000 viviendas protegidas al año

El dato más llamativo del artículo es la evolución de la construcción de vivienda protegida. Sevilla apunta que antes de 2008 se construían una media de 80.000 viviendas protegidas al año, pero que en los últimos ocho años la cifra ha caído hasta las 10.000 anuales.

El texto también recoge el desajuste acumulado entre construcción y creación de hogares: en los últimos años se han construido 750.000 viviendas frente a los dos millones de hogares creados, lo que, según el autor, ha generado un déficit sin precedentes en la historia democrática española. La conclusión que extrae: falta vivienda nueva, en venta y alquiler, pero sobre todo falta mucha más vivienda social.

En cuanto a las cifras de la OCDE, el artículo indica que acercar el parque público de alquiler asequible a la media europea requeriría construir o convertir 850.000 viviendas adicionales. "Ahí está el verdadero problema diferencial de España", sentencia Sevilla.

Salarios e inflación: la otra cara del problema

El artículo dedica un apartado al poder adquisitivo de los trabajadores. Sevilla cita el comunicado de los sindicatos que respaldan la huelga general, en el que se afirma que "los salarios no alcanzan para pagar la vivienda y hacer frente a la inflación".

Desde al menos 2022, según el texto, tanto el alquiler como el pago de una hipoteca superan el umbral recomendado del 30% del salario, llegando a superar el 50% en grandes zonas urbanas. Desde 2018, la vivienda se ha encarecido un 45%, mientras que los salarios han crecido en torno a un 25% y la inflación acumulada, un 23%.

El autor critica que este problema no haya sido abordado con contundencia por el Gobierno actual, al que acusa de haber aprobado una ayuda a la compra que había rechazado durante dos legislaturas. También señala que en las comunidades donde gobiernan PP y Vox la falta de vivienda social y libre tampoco ha mejorado de manera apreciable, ni en plazos de construcción ni en condiciones de planificación urbanística.

El debate político en plena campaña electoral

El artículo se publica en plena campaña electoral, en un clima marcado por las movilizaciones por la vivienda en varias ciudades y la convocatoria de una huelga general. Sevilla critica el "relato delirante" que, a su juicio, enfrenta al Parlamento con la calle, pero también cuestiona a quienes han convertido la vivienda en un motivo de confrontación sin ofrecer soluciones concretas.

El autor cierra su análisis señalando que el debate no se está centrando en las evidencias, sino en "un juego de piruetas en el aire, contra la democracia", y advierte de que tanto el Gobierno como la oposición están fallando a la ciudadanía en el que considera el primer problema de los ciudadanos. Su diagnóstico final: el problema no son los fondos buitre ni las oligarquías rentistas, sino un déficit estructural de oferta que solo puede corregirse con inversión pública sostenida y consenso político.