El Gobierno prepara un paquete fiscal que blinda a los caseros: los inquilinos solo reciben 25,7 millones frente a los 6.725 millones de los propietarios
El Ejecutivo ultima un Real Decreto-Ley con medidas fiscales para aliviar la crisis de la vivienda, pero los datos dibujan una realidad muy desigual: mientras los inquilinos apenas reciben 25,7 millones en deducciones estatales, los propietarios se benefician de 6.725 millones. La negociación con Junts para sacar adelante la norma ha llevado al Gobierno a incluir bonificaciones para los caseros, una medida que desde la izquierda del PSOE se ha calificado como 'regalo fiscal' al especulador.
Un paquete fiscal que beneficia a los propietarios
El Gobierno de España ultima los flecos de un Real Decreto-Ley que busca dar respuesta a la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su hogar por Urbagestión, un caso que se ha convertido en el símbolo de la crudeza de la situación. El texto, que se negocia contra reloj con los socios parlamentarios, incluye bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, según ha adelantado elDiario.es.
La exigencia de Junts, cuyo apoyo es imprescindible para aprobar la ley, ha llevado al Ejecutivo a incluir ventajas fiscales para los caseros, mientras que la ayuda a los inquilinos supone un cambio de rumbo tras más de una década sin ayudas estatales a este colectivo. El paquete fiscal, que también contempla medidas como la inclusión de los pisos turísticos en el perímetro del IVA y la bajada de este impuesto para la construcción de vivienda protegida, ha levantado una importante polvareda, especialmente entre los sectores más a la izquierda del PSOE, que ven en las bonificaciones a los propietarios un 'regalo fiscal' al especulador.
La brecha entre inquilinos y propietarios: 25,7 millones frente a 6.725 millones
Mientras el Gobierno plantea una deducción del 10% para jóvenes que residan en zonas tensionadas, con un tope de 11.630 euros anuales, la realidad actual es que solo 121.573 inquilinos se benefician de la deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y un coste total para el Estado de 25,7 millones. Así lo reflejan los datos recopilados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, que contrastan con los 2,2 millones de propietarios que disfrutan de beneficios fiscales por alquilar, con un alivio medio de 3.006 euros y un coste total de 6.725 millones.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha destacado esta 'gran diferencia' como una clara muestra de la apuesta de los gobiernos españoles de la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios, y ha cuestionado su eficacia: 'Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios'. Los datos del IRPF de 2024 muestran que los propietarios declaran 21.000 millones en ingresos por alquiler, pero tras aplicar deducciones de gastos y la reducción por alquiler, solo tributan por 5.050 millones, lo que equivale a pagar impuestos por 24 de cada 100 euros ingresados.
El tipo efectivo: los caseros pagan menos que los asalariados
La brecha fiscal entre propietarios e inquilinos se hace más evidente al comparar los tipos efectivos. Un trabajador con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF, mientras que un casero que percibe 20.000 euros de su trabajo y 10.000 euros de alquiler tributa aproximadamente la mitad, 2.700 euros. Si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, contribuiría con 32.119 euros al fisco, pero si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, apenas abonaría 5.434 euros.
Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del REAF del Consejo General de Economistas, reconoce que 'sí existe cierta descompensación' entre caseros e inquilinos y sugiere reforzar los incentivos para los arrendatarios, especialmente para rentas medias y bajas. Sin embargo, advierte del riesgo de que estas ayudas 'terminen trasladándose al precio del alquiler'. Ignacio Ezquiaga, investigador de Funcas, comparte esta preocupación y defiende que las ayudas deben estar condicionadas a que la renta sea asequible, 'de lo contrario no hacen sino avivar el fuego del ascenso de precios'. Por su parte, Pablo Feu, abogado especializado en vivienda e impulsor de la prohibición de compra especulativa, considera que estas bonificaciones son 'un error de libro', porque la rebaja fiscal no puede competir con la rentabilidad del mercado.
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