El plan del Gobierno para la recarga: más potencia en carreteras y cargadores obligatorios en gasolineras y aparcamientos
El Gobierno ha abierto a consulta pública y ha remitido a la Comisión Europea el Marco de Acción Nacional para el desarrollo de la red de recarga de vehículos eléctricos. El documento, que estará en audiencia hasta el 2 de octubre, busca atajar el principal obstáculo para viajar en coche eléctrico: la falta de puntos de carga fiables y bien distribuidos, y no solo su número total.
Una red que ya supera los 42.000 puntos, pero con un problema de calidad
El punto de partida del plan es cuantitativo: España supera ya los 42.000 puntos de recarga de acceso público, según los últimos datos del Gobierno, y la potencia instalada por vehículo está por encima de los objetivos europeos fijados para 2025. Sin embargo, el Marco de Acción Nacional parte de la premisa de que la cantidad no garantiza la utilidad.
El problema de la infraestructura española no es únicamente una cuestión de cantidad, según el texto. Influyen la distribución territorial, la potencia, la fiabilidad, la disponibilidad y la facilidad de pago. Un conductor de un vehículo de combustión sabe que puede desviarse de la carretera y encontrar una gasolinera con relativa facilidad, como señala el documento. Con un eléctrico, la experiencia depende de dónde esté el cargador, qué potencia tenga, si está operativo, si está ocupado y cuánto cueste.
La diferencia de potencia es esencial: no es lo mismo cargar en un enchufe de 50 kW que en uno de 150, 250 o 350 kW, siempre que el coche acepte estas potencias. Por eso, uno de los objetivos de la hoja de ruta se centra en los cargadores de alta potencia situados en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), es decir, las principales carreteras y corredores que conectan España con el resto de Europa. No basta con que haya muchos cargadores: tiene que haber disponibilidad, que el cargador funcione y que permita recuperar autonomía en pocos minutos, concluye el Gobierno.
Obligaciones para gasolineras y aparcamientos
El Marco de Acción Nacional se articula en cinco vías principales. La primera pasa por instalar más cargadores de alta potencia en las principales carreteras, en concreto en la RTE-T. La segunda obliga a determinadas gasolineras a instalar cargadores potentes: específicamente, las que vendan más de 10 millones de litros de combustible al año, estableciendo también mínimos de potencia de carga rápida.
La tercera vía afecta a los aparcamientos. Los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas tendrán que disponer de un punto de recarga por cada 40 plazas. En los edificios dependientes de la Administración General del Estado, la exigencia es mayor: uno por cada 20 plazas.
Estas obligaciones se complementan con la cuarta vía, que impulsa la instalación dentro y alrededor de las ciudades. Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer objetivos anuales de despliegue de puntos de recarga vinculados a sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Facilitar al conductor la información y el periodo de alegaciones
La quinta vía del plan busca facilitar al conductor saber dónde puede cargar. Una de las herramientas ya disponibles en este sentido es el mapa REVE. El objetivo es que la red no solo sea más extensa, sino que dé respuesta a las dudas sobre dónde recargar, a qué potencia, si el punto está operativo, si está ocupado y cuánto cuesta.
El Marco de Acción Nacional ha sido puesto en audiencia pública. Durante un periodo determinado, en este caso hasta el próximo 2 de octubre, el documento queda abierto a alegaciones, comentarios y propuestas de ciudadanos, empresas, asociaciones, administraciones y otros organismos interesados. Las aportaciones pueden enviarse a través del correo bzn-efienergia-02@miteco.es.
El marco también ha sido enviado a la Comisión Europea, en el contexto del desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y de otros combustibles alternativos en España.
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