El Gobierno quiere alargar durante 10 años la vigilancia hora a hora del consumo de luz de los centros de datos
El Gobierno prepara un real decreto para endurecer las condiciones ambientales de los centros de datos, con un control horario de su consumo eléctrico que se prolongará durante 10 años o hasta que España genere con renovables más del 90% de su electricidad. La medida, que busca frenar los proyectos 'fantasma' y priorizar los más sostenibles, ha provocado duras críticas de las grandes energéticas.

Vigilancia hora a hora y un 80% de renovables 'nuevas'
El Gobierno quiere aplicar nuevas exigencias verdes para los centros de datos, con el objetivo de poner coto al gran número de proyectos acumulados y hacer que solo sigan adelante los más sostenibles. El Ejecutivo prepara un real decreto con condiciones más estrictas en consumo de electricidad que conllevará un control hora a hora para asegurarse el uso de energías renovables, una vigilancia exhaustiva que se mantendrá al menos durante una década.
Según el borrador, los centros de datos que empiecen a funcionar tras la entrada en vigor de la norma tendrán que consumir un 80% de electricidad de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y además deberá ser nueva energía renovable, es decir, generada por plantas instaladas en los 18 meses anteriores, no por instalaciones verdes ya en marcha. Las compañías tendrán que acreditar ese cumplimiento y las autoridades supervisarlo para conceder o mantener el permiso de conexión a la red eléctrica.
La medida se enmarca en la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, para gestionar la escasez de capacidad disponible para engancharse a la red y aprovechar la abundancia de solicitudes para cribar la cartera de proyectos. El Gobierno cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin iniciativa industrial real detrás o movimientos especulativos, por lo que quiere filtrar parte de la enorme demanda.
Una década de control y el horizonte del 90% renovable
El Gobierno mantendrá esta vigilancia del consumo de luz verde hasta que España consiga producir de manera permanente más del 90% de su electricidad con energías renovables, lo que hará que el control se extienda al menos 10 años, según las previsiones actuales. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca como objetivo llegar a 2030 con un 81% de generación renovable, y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo augura que en 2040 el peso de las renovables en el mix eléctrico superará el 90%.
El Ministerio no maneja una previsión oficial de cuándo se alcanzará ese 90%, pero las empresas del sector energético y tecnológico apuntan a que esa cota se logrará previsiblemente en torno a 2035. Esa fecha es consistente con la hoja de ruta general del Gobierno y con las previsiones de la patronal sectorial Spain DC, que anticipa que al final de la década estarán operativos grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 gigavatios (GW) de potencia.
En España ya hay proyectos de centros de datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW, y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más. Ante esa avalancha, el Gobierno reconoce que su intención es gestionar la escasez de capacidad disponible y aprovechar la abundancia de proyectos para que solo sigan adelante los mejores centros de datos desde el punto de vista ambiental y de la soberanía tecnológica, en línea con las medidas en que trabaja la Unión Europea en este sentido.
Las eléctricas cargan contra la regulación
Gigantes del sector energético nacional critican sin ambages el contenido del futuro real decreto. Gianni Armani, nuevo consejero delegado de Endesa, sentenció en unas jornadas sectoriales que la medida "es claramente parte de una decisión ideológica". "Si el mundo necesita tecnología y Europa va a tener que ser más independiente en un mundo menos globalizado, esas infraestructuras hay que tenerlas aquí", añadió.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, subrayó que "necesitamos los centros de datos y se instalarán en España o fuera de España". "Si no se instalan en España, se irán a Francia y Portugal, pero bien pegaditos a la frontera. ¿Qué energía van a consumir? La que España manda a Portugal y Francia porque es la más barata. No le pongamos puertas al campo", advirtió.
En la misma línea, la consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, criticó que las condiciones que pretende imponer el Gobierno hacen "prácticamente inviables" que se instalen nuevos centros de datos. "Realmente es una llamada para que la gente se instale en otro sitio y es una pérdida como país que no nos podemos permitir", lamentó.
La patronal Spain DC maneja tres escenarios con diferentes previsiones hasta final de la década de nuevos centros de datos operativos y de inversiones movilizadas, en función de la regulación que se acabe aplicando al sector. El escenario que la patronal consideraba hasta ahora más probable augura que el sector llegará con instalaciones conectadas a la red eléctrica española con una potencia de 2.600 megavatios, el triple que en la actualidad.



