El Supremo frena el voto de 306.000 descendientes de exiliados y tensa la víspera judicial
El Tribunal Supremo ha vuelto a marcar distancia con el Gobierno en la víspera de la apertura del año judicial. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha paralizado de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los descendientes de españoles represaliados por el franquismo que obtuvieron la nacionalidad gracias a la conocida como 'ley de nietos', una decisión que afecta a más de 306.000 personas y que el Ejecutivo ya ha anunciado que no comparte.
Una decisión cautelar y sus efectos inmediatos
El tribunal adelantó este martes su fallo, aunque los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta aún no se conocen. Según la información publicada por El Diario, los autos que sustentan la paralización se notificarán en los próximos días. La medida cautelar impide que los nacionalizados por la ley aprobada el 5 de octubre de 2022 se inscriban en el censo electoral salvo que acrediten que son descendientes de exiliados, tal y como exige la normativa original.
La decisión llega en un momento políticamente sensible, a apenas unas horas del acto de apertura del curso judicial que preside el rey Felipe VI. El Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reclamado al Supremo "prioridad" para que resuelva sobre el fondo del asunto antes del próximo ciclo electoral, un mensaje que refleja la preocupación por el impacto que la suspensión cautelar pueda tener en los comicios.
A nivel práctico, el efecto electoral inmediato será limitado, dado que la participación de los españoles residentes en el extranjero apenas supera el 7% en las elecciones generales. Sin embargo, el precedente jurídico que establece y el simbolismo político de la medida han convertido esta decisión en un nuevo frente en las relaciones entre el Gobierno y la cúpula judicial.
El Gobierno acusa al Supremo de privar de un derecho constitucional
En su intervención ante los medios en el Senado, el ministro Bolaños fue claro: el Ejecutivo "no comparte" la decisión del tribunal. Más contundente fue la defensa que la Abogacía del Estado realizó durante la vista, donde argumentó que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva a miles de ciudadanos de un derecho reconocido en la Constitución Española.
La medida cautelar responde a la tesis presentada por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa, que sostienen que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una "interpretación expansiva" de la ley de nietos. Dicha instrucción establece que basta con acreditar que un antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para presumir la condición de exiliado.
El propio El Diario recuerda que esta instrucción es similar a otra dictada en 2008, tras la primera ley de memoria, lo que sugiere que la interpretación no es novedosa. Además, subraya que PP y Vox no dijeron nada contra la ley durante sus 15 meses de tramitación parlamentaria en 2022, y que solo cuatro años después, tras un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio, han alentado la idea de un supuesto pucherazo electoral.
Un nuevo capítulo en el choque con el Poder Judicial
La decisión se suma a una lista de episodios de tensión entre el Ejecutivo y los sectores conservadores de la judicatura. Según la información publicada por El Diario, la ley de amnistía se erige como el ejemplo más patente: pese al aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Supremo fabricó una interpretación restrictiva sobre el delito de malversación para excluir a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Esta nueva victoria judicial de Vox, habitual litigante en causas que afectan al Gobierno, se produce después de que el partido obtuviera otro espaldarazo con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La estrategia de la ultraderecha, que ha contado con el respaldo de organizaciones como Manos Limpias o HazteOír, ha llevado a que algunos dirigentes del PP y Vox hablen de un supuesto plan del Ejecutivo para alterar los resultados electorales engordando el censo.
El ambiente no puede ser más tenso de cara a la apertura del año judicial. Teresa Peramato comparecerá por primera vez como fiscal general, mientras que la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, pronunciará su tercer discurso solemne. Nueve vocales progresistas del órgano le han pedido por carta que no se limite a "presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones", un gesto que evidencia la fractura interna también en el gobierno de los jueces.
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