El juicio del campo de golf del Canal de Isabel II arranca con la Fiscalía pidiendo seis años para Ignacio González
La Audiencia Nacional ha sentado este martes en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones del campo de golf construido sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II en el centro de Madrid recayeran en una empresa vinculada a sus familiares. Es la primera de las tres piezas del caso Lezo que llegarán a juicio, y en ella la Fiscalía solicita seis años de prisión por dos delitos de cohecho, mientras que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición a 16 años al sumar malversación y fraude a las Administraciones Públicas.
El origen: un campo de golf sobre los depósitos del Canal
Los hechos que se enjuician se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente Dragados— la construcción de un campo de golf en los terrenos de los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, en pleno centro de Madrid, sobre una superficie de 120.000 metros cuadrados. La expresidenta Esperanza Aguirre llegó a asumir en 2018, en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que la idea surgió de un viaje a Japón: "Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía".
Sin embargo, un año después de la adjudicación, Ignacio González, entonces vicepresidente autonómico y presidente del Canal de Isabel II, e Ildefonso de Miguel, director gerente de la empresa, modificaron el proyecto "con el fin de beneficiar a familiares" del expresidente, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón. Las variaciones eran tan "sustanciales" que hubieran requerido una nueva licitación, pero ambos "convinieron con Dragados" que el Canal adjudicaría directamente el modificado a condición de que la constructora subcontratara a TCT, una empresa del hermano de González, Pablo Manuel, de su cuñado Juan José Caballero y de un socio de estos.
El campo de golf, finalmente, fue demolido tras ser declarado ilegal, después de que los vecinos del barrio reclamaran que los terrenos se convirtieran en un parque público y no en una infraestructura deportiva para uso privado.
El presunto amaño: subcontratas millonarias y sobres de efectivo
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero "carecía de capacidad" para hacerse cargo del proyecto, por lo que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf— a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró "innecesaria e irregular". Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge el auto de apertura de juicio oral.
La vista oral, que se prolongará durante ocho sesiones y en la que declararán casi medio centenar de testigos, entre ellos más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales del periodo investigado. También están citados 22 técnicos que intervinieron en la tramitación y supervisión de las obras, así como directivos de las sociedades adjudicatarias (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium) y de las subcontratadas. Además, deberá comparecer Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, citada en relación con los presuntos beneficios económicos derivados del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente.
Las otras dos piezas del caso Lezo que llegarán a juicio
El juicio por el campo de golf es la primera de las tres causas del caso Lezo que llevarán a Ignacio González al banquillo. La segunda, prevista para 2027, investiga la compra "inflada" de la sociedad brasileña Emiss o por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que supuestamente abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que la operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas "debido al sobreprecio pagado", que incluía "ilícitas comisiones" para los investigados.
En esa pieza, González habría sido beneficiario directo de una mordida de 1,8 millones de dólares, mientras que reservó 900.000 dólares por cabeza para los otros cuatro imputados. La Fiscalía pide para el expresidente ocho años de cárcel por fraude a la Administración en concurso con malversación, mientras que la Comunidad de Madrid eleva la petición a once años.
La tercera pieza se refiere al fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, González e Ildefonso de Miguel habrían cobrado una comisión de 1,8 millones de euros a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros. La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para González por tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantiles, en una trama en la que también están implicados directivos de la constructora y el histórico socio del comisario Villarejo, Adrián de la Joya.
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