El gerente del Ramón y Cajal admite que el hospital no tiene canal anónimo de denuncias, pese a ser obligatorio desde 2023

La admisión del gerente y la denuncia de los cirujanos

La cirujana Susana Alonso, pareja de Martos, escribió el 12 de mayo de 2025 al doctor Carlos Mingo, gerente del hospital, para advertirle de que no existía una herramienta de ese tipo en el centro. "Me dirijo a usted como canal interno de denuncias del hospital, al no existir otro mecanismo externo imparcial (según información dada por el Servicio de RRHH)", decía el correo, según la correspondencia que Martos facilitó a EL PAÍS.

El gerente respondió el 30 de mayo: "Se ha procedido a estudiar y validar la puesta en marcha del canal interno de denuncia en el propio centro, de acuerdo con su propuesta". Sin embargo, según dos fuentes sindicales del centro, ese canal sigue sin funcionar. En ese correo y en otro dirigido a Martos por esas mismas fechas, Mingo descartó que se hubiera producido una irregularidad en las listas.

La falta de un canal anónimo fue una de las razones que llevó a Martos y a Alonso a dirigirse directamente al gerente. Alonso relata que, a principios de abril de 2025, llamó de forma anónima a Recursos Humanos del hospital para preguntar si existía ese mecanismo. Le respondieron que desconocían si había uno. Después recibió la llamada de un responsable del departamento que la identificó como "doctora Alonso" a pesar de que no había dado su nombre, y le sugirió que acudiera al despacho del gerente.

Martos lamenta ahora haber dado ese paso: "Si lo hubiéramos hecho anónimo, habría sido distinto. Estoy completamente señalado". Los dos cirujanos aseguran que hubieran usado un canal anónimo si hubieran sabido de su existencia.

Un sistema centralizado para 203.000 empleados

La Comunidad de Madrid considera suficiente un sistema común para toda su plantilla de 203.000 empleados: el llamado Canal del informante, alojado en la web del Portal de Transparencia autonómico y creado por un decreto autonómico de 2022. El Gobierno regional se compromete a "proteger la confidencialidad" y a "evitar perjuicios a los afectados", y garantiza que "el anonimato está garantizado porque los datos se encriptan con algoritmos".

El Ejecutivo autonómico tacha de "falsedad" la crítica sobre la falta de canales. "Es otra performance más de quienes tratan de hacer ver que cercenamos a profesionales. Quien quiera denunciar, canales tiene", responde un portavoz de la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Sin embargo, no hay información sobre si el canal está siendo usado: la Consejería de Presidencia, responsable del mismo, no ha respondido sobre el número de denuncias recibidas.

El sindicato médico mayoritario en Madrid, Amyts, ha reprochado a la Comunidad que no haya canales anónimos en sus 35 hospitales y ha preguntado a sus delegados sobre si disponen de este mecanismo. Su secretaria general, Ángela Hernández, intuye que el incumplimiento es generalizado en las administraciones españolas: "España es un país de mucho legislar y poco de implementar".

La ley de 2023, el alcance de la obligación y las diferencias autonómicas

La ley estatal de protección de los denunciantes, aprobada en 2023 como desarrollo de una directiva europea, establece que tanto las empresas privadas como las entidades del sector público con personalidad jurídica propia y más de 50 trabajadores deben tener un canal de denuncias. Además, obliga a informar sobre él de forma clara y accesible, en una sección separada y fácilmente identificable en la web de inicio.

Una clave que podría servir para excusar a la Comunidad es que la obligación de disponer de un canal propio afecta a los centros de trabajo con personalidad jurídica, y los hospitales madrileños carecen de ella, al ser sucursales del Sermas. No obstante, el Sermas sí goza de personalidad jurídica y, por tanto, está obligado a tener el canal.

El experto Javier Sierra, profesor de la UNED, subraya que la filosofía de la ley es que los canales sean próximos a los empleados. "Se busca que la información sobre infracciones quede cerca de las entidades donde se cometen los hechos, de modo que intenten solventar y depurar responsabilidades", explica. La duda sobre la legalidad del canal centralizado en Madrid corresponde a un órgano autónomo regional, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Las comunidades han abordado el asunto de forma distinta. Galicia y País Vasco han optado por un canal único para todo su sector público, como Madrid. Andalucía ha creado uno específico para todo su sistema sanitario. Cataluña ha implantado un canal propio en cada hospital, accesible desde la web, cuyas denuncias son tratadas por un órgano colegiado.

Elisa de la Nuez, de la fundación Hay Derecho, destaca que la solución catalana contribuiría a dar visibilidad a un mecanismo poco conocido. "En general, hay un déficit de conocimiento grande que probablemente va a ser mayor si tu propio hospital no lo tiene. No se lo están poniendo fácil a esos empleados", afirma.

El expediente a Martos y las consecuencias políticas

El caso ha cobrado relevancia política después de que oposición y sindicatos consideren que Martos está siendo represaliado por haber alertado de la alteración de las listas de espera. Martos fue uno de los cirujanos que advirtió al gerente de unos cambios en marzo de 2025 en la prioridad de 57 pacientes, hechos por los mandos del hospital a espaldas de los doctores que habían valorado a esas personas.

Poco después de la advertencia, el gerente dio curso a un expediente sancionador contra Martos. Hace dos semanas, el cirujano dio la cara en la noticia que reveló las alteraciones y la Comunidad de Madrid respondió con ataques personales. El facultativo ha anunciado una querella contra la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

La ley estatal de protección de denunciantes es tan nueva que los expertos aún debaten sobre su alcance. Como prueba de la lentitud en su puesta en marcha, el Gobierno de Pedro Sánchez retrasó dos años, hasta 2025, el nombramiento del presidente de la autoridad estatal encargada de velar por su cumplimiento con sanciones. El preámbulo de la norma dice: "Resulta indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública".