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España replica a Italia con controles en frontera y eleva la tensión diplomática con Meloni

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con una medida simétrica a la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de someter a los ciudadanos españoles a controles especiales de entrada en Italia. La réplica, anunciada este viernes y activada este sábado, abre un choque al máximo nivel entre dos socios europeos en plena crisis de Ceuta, con 72.000 personas entrando por la frontera marroquí y un frente diplomático que España trata de recomponer con el resto de la UE.

Fotografía que ilustra la noticia: España replica a Italia con controles en frontera y eleva la tensión diplomática con Meloni
(elDiario.es)

Un pulso con doble filo: de la frontera de Ceuta a los controles en aeropuertos

La decisión de Italia de discriminar a los viajeros procedentes de España, argumentando una supuesta presión migratoria tras la entrada de 72.000 personas por la frontera de Ceuta el 31 de julio, ha provocado una respuesta inmediata del Gobierno español. En un comunicado oficial remitido el viernes, el Ejecutivo de Sánchez advertía a Italia de que, si no rectificaba antes del 9 de agosto, España adoptaría "medidas proporcionales" para proteger "los intereses y la dignidad" de sus ciudadanos.

Italia no tardó en replicar. El Gobierno de Meloni, en un comunicado hecho público a mediodía del viernes, afirmó que "Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras" y mantendrá los controles al menos hasta el 15 de agosto, fecha mencionada en varios grupos de WhatsApp e Instagram que organizan un nuevo cruce a Ceuta.

La respuesta española no se hizo esperar. El Ministerio del Interior anunció el restablecimiento temporal de controles en puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia, una medida que entró en vigor este sábado. Según datos del propio ministerio, entre las 00.01 y las 21.00 horas se practicaron 199 controles a pasajeros de terceros países en 12 vuelos procedentes de Italia. El choque, que ha escalado a nivel institucional, pone en riesgo la libre circulación en el espacio Schengen, uno de los pilares del proyecto europeo.

El contexto: una crisis humanitaria con 72.000 personas y una respuesta europea tibia

El origen de esta escalada está en la crisis migratoria que estalló el 31 de julio en Ceuta, cuando 72.000 personas entraron en la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos. La ciudad quedó colapsada y la gestión del Gobierno español fue criticada por varios socios europeos, con Italia a la cabeza. De hecho, 22 de los 27 países miembros de la UE se adhirieron a los reproches italianos, dejando a España en una posición de aislamiento en un momento de máxima presión en su frontera sur.

El Gobierno español interpretó ese movimiento como una declaración de hostilidades. En su escrito de advertencia a Italia, el Ejecutivo de Sánchez recordó que Italia es, según Frontex, el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, duplicando las cifras de España. También señaló que desde 2022 Italia no cumple el Reglamento de Dublín, que obliga a los países de entrada a tramitar las solicitudes de asilo, lo que genera una carga adicional para el resto de países.

Pese a ello, España asegura que nunca ha impuesto controles a Italia y que ha mostrado solidaridad, acogiendo a migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos a rescatados en el Mediterráneo central. "Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años", recriminó el Gobierno español, que calificó la medida italiana de "injusta, discriminatoria y desproporcionada".

La respuesta de Meloni: sin ultimátums y con la vista puesta en el 15 de agosto

La reacción de Meloni ha sido firme y sin concesiones. El Gobierno italiano no solo mantiene los controles a los españoles, sino que justifica su decisión en la necesidad de "garantizar la seguridad nacional" y evitar una nueva oleada migratoria. En su comunicado, el Ejecutivo de Meloni señaló que "cuando pase el peligro, mantendremos una relación constructiva", intentando rebajar la trascendencia del conflicto de cara al futuro.

Pero el tono de fondo es de máxima tensión. Italia llegó a plantear la exclusión de España del espacio Schengen, una medida que habría tenido consecuencias económicas y políticas devastadoras para nuestro país. La respuesta española, con la imposición de controles simétricos, busca enviar un mensaje claro: la libre circulación no se negocia de forma unilateral.

El Gobierno de Meloni también vinculó los controles a la fecha del 15 de agosto, cuando se espera un nuevo intento de cruce masivo en Ceuta, organizado a través de redes sociales. España ha tomado nota y ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera: una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP) con 45 agentes, 160 guardias civiles procedentes de Andalucía y 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma. El Gobierno insiste en que "nada hace prever" una repetición de la crisis, pero la colaboración con Marruecos sigue siendo clave: "Sin la colaboración de Marruecos no hubieran vuelto 70.000 personas en 48 horas", destacan fuentes del Ejecutivo.

La dimensión humanitaria y el coste económico de una crisis mal gestionada

Más allá del pulso diplomático, la crisis de Ceuta ha dejado una profunda huella humanitaria. Miles de menores no acompañados permanecen en la ciudad autónoma, muchos sin acceso a servicios básicos como comida, agua o un lugar para dormir. El Gobierno central ha habilitado un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para la acogida, pero cientos de menores continúan durmiendo a la intemperie, dependiendo de la solidaridad de los vecinos de Ceuta.

Esta situación ha evidenciado las carencias estructurales del sistema de acogida y ha generado un debate sobre la gestión migratoria. Mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez ha tratado de revertir el aislamiento europeo. Tras el rapapolvo inicial, Sánchez contactó personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, un socio clave que no se sumó a la escalada de reproches. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se rectificó y felicitó a España y Marruecos por la gestión de la crisis. El martes, los ministros europeos de Interior mostraron "solidaridad" con España y valoraron "los rápidos y eficaces esfuerzos" de las autoridades españolas.

El comisario europeo de Interior y Migraciones también desvinculó lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo, desmontando uno de los mantras de la derecha y extrema derecha europea. Con dos frentes abiertos –la seguridad fronteriza y la crisis humanitaria–, España trata de consolidar su posición en Europa sin ceder a las presiones de Italia. La decisión de Meloni de mantener los controles al menos hasta el 15 de agosto deja la pelota en el tejado de una UE que, por ahora, ha evitado pronunciarse sobre la disputa bilateral.