La crisis de Ceuta deja al descubierto un 'error de cálculo' del Gobierno que aún mantiene a miles de personas en la ciudad
La crisis fronteriza de Ceuta, desencadenada el 30 de julio, ha dejado al descubierto un 'error de cálculo' del Gobierno de Pedro Sánchez, que dio por zanjada la emergencia cuando 70.000 de las 72.000 personas que entraron de forma irregular regresaron a Marruecos. Más de un mes después, miles de personas permanecen varadas en la ciudad, en un contexto de desbordamiento administrativo y episodios de violencia racista, mientras el Ejecutivo asume que su reacción tardía ha complicado la situación.
Una crisis anunciada que nadie supo calibrar
La reconstrucción de los hechos, elaborada a partir de una decena de fuentes de alto nivel tanto de la ciudad autónoma como del Gobierno central, apunta a que la crisis tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. El alto tribunal declaró irregular la devolución inmediata de un ciudadano argelino que entró a nado en Ceuta el 14 de noviembre de 2024, al considerar que "quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo en el sentido literal del precepto".
Esta resolución cambió el paradigma de la seguridad fronteriza y provocó un incremento constante de entradas a nado por El Tarajal. El Ministerio del Interior ordenó un refuerzo de 70 efectivos (60 para seguridad ciudadana en el vallado y 10 para control marítimo), además de siete embarcaciones, pero la situación no hizo más que empeorar. El 27 de julio, el Gobierno local de Juan Jesús Vivas y la Delegación del Gobierno en Ceuta alertaron de una "emergencia migratoria" tras la entrada de mil personas en una semana.
A pesar de las advertencias, el Gobierno central no dimensionó la magnitud del problema. En una conversación telefónica el 27 de julio, Vivas trasladó su preocupación al jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, pero Moncloa restó importancia a los datos, comparándolos con los repuntes habituales de otros veranos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba volcado en la gestión de la peor ola de incendios en tres décadas, que arrasó 77.000 hectáreas entre Ávila, Madrid y Toledo, y no fue capaz de anticipar lo que ocurriría apenas tres días después.
El 30 de julio: 250 personas por minuto y un cruce masivo
El 30 de julio a las once de la mañana, mientras Sánchez comparecía en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila) para dar por superada la emergencia por los incendios, el teléfono de Marlaska comenzó a recibir las primeras alertas desde la Delegación del Gobierno y los altos mandos policiales. Miles de personas cruzaban a nado o por el espigón del Tarajal desde Marruecos, a un ritmo estimado de 250 personas por minuto.
Tanto el presidente como el ministro regresaron a Madrid de inmediato. Marlaska convocó a la una de la tarde una reunión de urgencia con los altos cargos de Interior y contactó por teléfono con su homólogo marroquí. Sánchez, por su parte, habló personalmente con Vivas y barajó la posibilidad de convocar un Consejo de Seguridad Nacional que, finalmente, se descartó. La decisión fue que el presidente se trasladaría a Ceuta al día siguiente.
La ciudad, con unos 80.000 habitantes, se vio desbordada por la llegada de más de 70.000 personas sin un destino claro. "Fue una sensación de desborde absoluto. Apenas se podía transitar por las calles porque estaban repletas de gente agolpada", describen desde los equipos de Sánchez y Marlaska. El 31 de julio, el presidente compareció en Ceuta y calificó lo sucedido como "un ataque y una violación de la integridad territorial de España". En ese momento, se estimaba que 140 personas habían muerto en la frontera.
El error de cálculo y la dimensión real de la crisis
El 1 de agosto, Pedro Sánchez remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que cifraba en 50.000 el número de personas que habían entrado irregularmente y aseguraba haber "devolvido a prácticamente todos". Ambos datos se revelaron incorrectos. El 2 de agosto, Marlaska regresó a Madrid tras declarar que "la situación se ha revertido casi en su totalidad", aunque la crisis no se dio por cerrada.
El 4 de agosto, el ministro actualizó las cifras: 72.000 entradas, 70.000 retornos y solo 2.000 personas permaneciendo en Ceuta. Sin embargo, los datos manejados por otras instancias ya apuntaban a una cifra superior: el Ministerio de Inclusión, dirigido por Elma Saiz, aprobó una dotación de emergencia de 6,5 millones de euros para prestación de servicios, obras y atención sociosanitaria, e incluyó kits de alimentación diarios para entre 3.000 y 4.000 personas. Las autoridades de la ciudad autónoma hablaban de más de 5.000.
En palabras de una de las personas desplazadas a Ceuta, "en 48 horas el panorama era completamente distinto. Vimos a riadas de gente saliendo por la frontera del Tarajal de vuelta a Marruecos sin ningún tipo de incidentes. Y seguramente cometimos el error de pensar que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado". Una valoración que contrasta con la realidad que hoy vive la ciudad, donde miles de personas esperan un proceso administrativo largo mientras los episodios de violencia racista empiezan a estallar.
Choque entre ministerios y la necesidad de una coordinación que no llegó
La gestión de la crisis evidenció una falta de coordinación entre departamentos. El 6 de agosto, la ministra de Infancia, Sira Rego, visitó Ceuta y anunció una partida de 25 millones de euros para la gestión de los menores, incluyendo la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la Península. Pero también se produjo un choque soterrado entre Defensa e Interior: Marlaska negó categóricamente que los servicios de inteligencia hubieran dado aviso previo, mientras que el Ministerio de Defensa insinuó lo contrario, llegando a precisar que el 29 de julio se produjeron avisos "orales" a la Delegación del Gobierno.
El 7 de agosto, Sánchez convocó una reunión de coordinación con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones e Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores, pero la prioridad fue reforzar la frontera ante la amenaza de nuevos cruces masivos, no atender a las personas ya instaladas en la ciudad. Según fuentes ministeriales, "los datos que teníamos hablaban de que quedaban 2.000 personas, que es una situación tensa pero no dramática". Desde otro ministerio se reconoce una "desconexión" con la realidad de Ceuta: "Ahora es fácil mirar atrás y aceptar que era una desconexión con la realidad".
Sánchez ni siquiera convocó la Comisión de Migraciones presidida por Ángel Víctor Torres, que jugó un papel clave en crisis anteriores como la de El Hierro en 2023. Al tratarse de una crisis fronteriza y no migratoria, el peso operativo recayó principalmente en Interior, con la secretaria de Estado Aina Calvo y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, como principales apoyos de Marlaska. La falta de una coordinación interdepartamental y la presión de PP y Vox, junto con la actitud de algunos socios europeos que llegaron a plantear suspender el espacio Schengen, dejan al Ejecutivo en una situación "imposible", según las fuentes consultadas.
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