La huelga indefinida educativa en Madrid llega tras 15 años de recortes sin revertir y una negociación que los docentes dan por rota
El profesorado de la escuela pública madrileña ha iniciado una huelga indefinida que los sindicatos consideran fraguada al calor de 15 años de recortes sin revertir, aumento de ratios, pérdida de poder adquisitivo y una negociación colectiva que dan por rota. Es la primera huelga general educativa desde 1988 y llega después de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, dejara claro en la Asamblea de Madrid que no va a negociar ninguna de las medidas reivindicadas.
La acumulación de 15 años de recortes
El descontento no es nuevo. Se viene gestando desde 2010-2012, con los primeros y grandes recortes causados por la crisis económica de aquellos años, y nunca se ha revertido del todo. Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, explica que no existe un momento concreto en el que se desborda el vaso: «Vas aguantando la inercia, hasta que llega un momento en que no puedes más».
El resultado son aulas con más alumnos por profesor, supresión de puestos de trabajo, más horas lectivas, los salarios más bajos del país, burocracia y una diversidad creciente sin apoyos suficientes. Ángela Roldán Sánchez, maestra de primaria en Madrid, tiene un 5º con 26 alumnos, 11 de ellos con alguna necesidad de apoyo, y cuenta con una hora diaria de Pedagogía Terapéutica: «Bienvenida sea», dice, aunque sea tan insuficiente como necesaria. Para ella, atender así la diversidad es directamente «inviable».
Negociación rota: el modelo «Jack el Destripador»
La falta de negociación ha sido la carta de presentación de los responsables de Educación de los diferentes gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. San Millán habla del «modelo Jack el Destripador», porque la negociación se hace por trozos: «cuando ellos dicen, la carrera docente, o el horario de secundaria», dejando fuera otras etapas como primaria.
Además, asegura, lo poco que se consigue en las mesas de negociación se incumple de mil maneras, por ejemplo con instrucciones de inicio de curso que contradicen los acuerdos, y no hay ninguna mesa de seguimiento que lo supervise. Roldán compara: «Antes hacían el amago de sentarse a negociar, aunque tampoco han hecho grandes cosas. Ahora han dicho directamente que no». San Millán añade que la consejera actual «nos denigra, miente e intenta poner a la sociedad en nuestra contra».
El efecto contagio de las educadoras infantiles y los conflictos de València y Catalunya
El detonante de la huelga general educativa hay que buscarlo en las movilizaciones previas. Las educadoras infantiles de Madrid iniciaron una huelga indefinida en el primer tercio del año. Sus condiciones son las peores del sistema: con suerte son trabajadoras públicas, lo más habitual es trabajar en centros privados o de gestión indirecta. Cobran escasos 1.100 euros al mes, en una de las comunidades más caras del Estado. Hay quienes, en la cuarentena, no pueden independizarse y algunas viven de ayudas sociales. Salarios que solo suben cuando lo hace el SMI, ratios imposibles de hasta 20 criaturas de dos años y horarios que impiden cualquier tiempo de preparación.
Para Carmen, maestra de primaria, la «experiencia potente» de la huelga de infantil, que plantea algo «rupturista y novedoso, de apoyo mutuo fuerte», ha empujado la huelga en el resto de etapas. A ello se sumó el conflicto en València, donde una huelga indefinida se mantuvo durante 32 días y quedó en espera con las vacaciones de verano, con sindicatos que al menos al principio escenificaron unidad. Y también saltó el conflicto colectivo en Catalunya, donde algunos sindicatos decidieron escalar la situación con jornadas de huelga y protesta.
Qué se pide y quién queda fuera: las principales reivindicaciones del profesorado
La lista reivindicativa es larga y en lo concreto, la prioridad es el apoyo en clase. Roldán lo tiene claro: «Los grandes perjudicados son los niños, porque se merecen una igualdad de educación y las mismas oportunidades. Y no la tienen, seamos sinceros». Mercedes Polo García, maestra de infantil, reivindica la presencia de orientadoras en las aulas de infantil para evitar que las criaturas sean etiquetadas. Hasta ahora podían funcionar hablando de retraso madurativo para tener apoyo, pero ya no: «Tiene que ser un caso muy grave, algo muy significativo, autismo, para que reciban la ayuda que necesitan».
Ambas maestras subrayan que no es una huelga política contra un gobierno concreto, sino contra los recortes y ciertas políticas. «Si tuviera que manifestarme contra otro gobierno de otra ideología, perfectamente me manifestaba», asegura Polo. Sin embargo, hay disonancias en la convocatoria: la FAPA Giner de los Ríos no se ha sumado a las movilizaciones y faltan algunas cuestiones clave para las familias. Carmen también apunta a las desigualdades internas: no es igual el esfuerzo que han de hacer las educadoras de infantil que el profesorado de secundaria. «Que todas pongamos el cuerpo igual cuando algunas estamos peor, no me parece igualitario», señala. San Millán cree que habrá que esperar más de 20 días para ver cómo se inclina la balanza, con la preocupación de que el «modelo Jack el Destripador» vuelva a triunfar y cuando algún sector consiga parte del pastel se termine desconvocando la huelga.
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