La llamada a la huelga general por la vivienda incomoda a PSOE, Sumar y a los grandes sindicatos

Un movimiento que desconfía de las instituciones

La protesta, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, muestra un fuerte desdén por lo institucional. La pregunta que recorre el movimiento es: “¿Dónde está el Gobierno progresista?”. Sin embargo, también hay críticas contra la especulación, el rentismo, los fondos buitre y el PP, al que acusan de no facilitar suelo a través de sus ayuntamientos ni de impulsar planes de vivienda en sus comunidades autónomas.

Los organizadores reprochan al Gobierno no haber impulsado la legislación para limitar los precios del alquiler y detener los desahucios. La fuente consultada obvia que la mayoría parlamentaria ha impedido la aprobación de 14 decretos, así como algunas iniciativas de protección a los más vulnerables que se iniciaron durante la pandemia.

Inquietud en los partidos de izquierda

La llamada a la huelga general es el principal motivo de inquietud para el PSOE, Sumar y las izquierdas nacionalistas, aunque no para Podemos. Tampoco es un escenario ilusionante para los grandes sindicatos, UGT y CCOO. Los partidos de izquierda se mueven con cautela ante este estallido social, y no se les ocurre tratar de ponerse al frente de la manifestación, pues temen salir mal parados.

En el PSOE y Sumar rechazan los análisis que sitúan al Gobierno detrás de la respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal, pero preparan respuestas a la recriminación de no haber hecho nada durante ocho años. También quieren responder a la sentencia de “todos son iguales” en referencia a PP y PSOE. Los socialistas tienen listado de medidas en materia de vivienda desde 2019 para usarlas como autodefensa.

La defensa de la institucionalidad frente a la calle

Las organizaciones políticas de izquierda no niegan la fuerza de la calle y el clamor social, pero defienden la institucionalidad y la legitimidad de los representantes elegidos en las urnas para llevar a efecto las propuestas de la calle. La pregunta que se formulan es: “¿Quién legisla lo que se consiga con las movilizaciones?”.

Solo Podemos, el partido de Ione Belarra, tan crítico con el Gobierno como el Sindicato de Inquilinas, ha dado el paso de ponerse a disposición del movimiento, apoyando los dos decretos rechazados el viernes.

El Frente Amplio y la política de vivienda como eje

Los partidos a la izquierda de los socialistas que ahora conforman Sumar presentarán su nueva denominación, Frente Amplio, el próximo 17 de octubre. En el anuncio aluden a “las históricas movilizaciones de esta semana” y señalan que la vivienda y el rentismo son “la herida en la que se desangra” España. Las políticas de vivienda serán su principal argumento electoral, también para el PSOE.

Aunque no hay cabeza de cartel, los ministros Mónica García y Pablo Bustinduy son los que reúnen mayor consenso como posibles candidatos, pese a que Bustinduy mantiene su negativa. Los partidos señalan que han escuchado a la calle, pero no mencionan la huelga general, que les inquieta.

Sindicatos y CEOE: la huelga, un conflicto laboral

Los sindicatos recuerdan que las huelgas tienen el cauce de sus representantes en los centros de trabajo, y no dicen ni que sí ni que no a la convocatoria. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que la crisis de la vivienda no es un conflicto laboral, por lo que una huelga sería “ilegal”. Legal o ilegal, la convocatoria incomoda a partidos de izquierda y sindicatos.