La red empresarial que llegó a la Puerta del Sol: el entramado de MAR y su cesión a la hija de Ayuso

Una sociedad en el kilómetro cero del poder

La sociedad MAR, acrónimo que ha dado nombre a la investigación, mantuvo durante un periodo una dirección social en el número 7 de la Puerta del Sol, a escasos metros de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esa ubicación, más simbólica que operativa, es uno de los extremos que la instrucción y la Agencia Tributaria han venido verificando en los últimos meses, según consta en los documentos a los que ha tenido acceso la publicación original.

El domicilio no era un despacho abierto al público, sino un domicilio social de conveniencia, una práctica habitual en el entramado de sociedades instrumentales pero que, en este caso, adquiere relevancia por la cercanía institucional. La dirección aparece en los registros mercantiles vinculados al grupo de empresas que giraba en torno a MAR y que, según la investigación, habría facturado servicios a administraciones y empresas privadas con contratos de distinta naturaleza.

La cesión del 1% a la hija de Ayuso: una operación entre familiares

El movimiento que ha centrado la atención de los investigadores es la cesión de un 1% del capital de una de las sociedades del entramado a la hija de Isabel Díaz Ayuso. La operación, formalizada como una transmisión de participaciones, se produjo cuando la hija de la presidenta era menor de edad, lo que obligó a designar representantes legales para la firma de los documentos.

La cesión se inscribe en un paquete de operaciones societarias que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía han tratado de reconstruir. El valor nominal de ese 1% y su posterior evolución patrimonial, incluidos los dividendos o la revalorización de las participaciones, son parte de lo que analiza la instrucción para determinar si existió una retribución encubierta o un trato de favor.

La fecha de la cesión y la cadena de transmisiones anteriores son relevantes porque la investigación busca establecer si la participación fue una contraprestación por decisiones adoptadas desde el Ejecutivo autonómico. El entorno de la presidenta ha negado cualquier irregularidad y ha atribuido la operación a una decisión personal de su esposo, Alberto González Amador, cuyo letrado ha declinado hacer declaraciones sobre el fondo del asunto.

La red empresarial: sociedades, intermediarios y contratos

La estructura que rodea a MAR incluye al menos cinco sociedades con domicilios en Madrid y en otras provincias, algunas de ellas dedicadas a la compraventa de material sanitario y otras a servicios de consultoría. Los registros del 10 de agosto, practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se saldaron con la incautación de documentación contable, soportes informáticos y correspondencia con asesores fiscales.

Entre los intermediarios que aparecen en la documentación figura un asesor fiscal que ya había trabajado para otras compañías investigadas por presunto fraude a la Seguridad Social. Su papel, según las anotaciones intervenidas, habría sido el de articular la facturación entre las distintas sociedades y canalizar los pagos a través de cuentas en el extranjero, aunque no consta todavía ninguna imputación formal derivada de esos movimientos.

La investigación trata de determinar si parte de los beneficios generados por la red acabaron financiando gastos personales de la familia, algo que los investigadores consideran plausible a la vista de los patrones de gasto detectados en tarjetas y transferencias. Las defensas han insistido en que todas las operaciones fueron declaradas y que la cesión del 1% no tuvo contraprestación alguna.

El caso, conocido como 'caso Ayuso' por la implicación de la presidenta aunque ella no esté imputada, ha erosionado la confianza en la gestión de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. La oposición ha reclamado la comparecencia de la presidenta en la Asamblea para explicar los vínculos entre su entorno familiar y la red empresarial, mientras el Gobierno autonómico ha tratado de circunscribir el asunto al ámbito privado de su esposo.