Las eléctricas retoman la presión fiscal al Gobierno tras conseguir la prórroga de Almaraz
El sector nuclear español ha retomado su reclamación al Gobierno para revisar la carga fiscal que soportan las centrales, apenas unos días después de conseguir la prórroga de Almaraz. Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las eléctricas propietarias y a otros agentes del sector, pide aprovechar los próximos cuatro años para debatir el papel de esta energía y las condiciones regulatorias, económicas y tributarias. La presión llega después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy renunciaran a esa exigencia para lograr la extensión de la central cacereña.
La vuelta al punto de partido tras la renuncia
El pasado viernes, Foro Nuclear emitió un comunicado en el que celebra la decisión del Gobierno de renovar hasta el 8 de junio de 2030 la autorización de explotación de los dos reactores de Almaraz. Pero, en el mismo texto, la asociación reclama aprovechar el nuevo horizonte de cuatro años para analizar "con sosiego y rigor" el papel que debe desempeñar la nuclear en el futuro modelo energético español.
Dentro de ese debate, Foro Nuclear pide revisar las condiciones regulatorias, económicas y tributarias "que permitan mantener su aportación, en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización".
La reclamación supone un giro notable respecto a la posición que las eléctricas mantuvieron durante la negociación de la prórroga. Tal y como recoge la información publicada por El Periódico, cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron la extensión de Almaraz renunciaron a su exigencia de rebajar impuestos, una condición que el Gobierno había situado como línea roja para considerar cualquier ampliación de vida útil. Ahora que la prórroga se ha conseguido, las compañías vuelven al punto de partida.
Una factura fiscal de más de 1.500 millones al año
La presión del sector se produce con una carga fiscal que las propias empresas cifran en unos 28 euros por megavatio hora (MWh) producido. Esa cantidad incluye impuestos estatales, tasas autonómicas y la denominada 'tasa Enresa', destinada a cubrir los costes futuros de la gestión de residuos radiactivos.
Para contextualizar esa cifra, el precio medio final de la energía en el mercado eléctrico español se situó en 2025 en 83,45 euros por MWh. Es decir, la carga fiscal representa aproximadamente un tercio del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista.
En términos absolutos, las grandes eléctricas pagan algo más de 1.000 millones de euros al año solo en impuestos, a los que se suman otros 590 millones adicionales por la tasa Enresa. En total, más de 1.500 millones de euros anuales que el sector considera excesivos y que, según su argumentario, comprometen la rentabilidad de unas instalaciones que llevan décadas amortizadas pero que requieren inversiones constantes para mantener su operación.
El sector reivindica su papel en el mix energético
En el comunicado, Foro Nuclear defiende que la energía nuclear es "esencial" en el mix de generación eléctrica español. Su presidenta, Marta Ugalde, ha asegurado que la central de Almaraz "aporta potencia firme, síncrona e inercial, y refuerza la autonomía energética frente a los combustibles fósiles".
La asociación describe la nuclear como una fuente "segura, libre de emisiones, competitiva y complementaria a las energías renovables", y sostiene que su papel está ganando reconocimiento internacional como herramienta para reforzar la seguridad energética, reducir emisiones y acompañar el proceso de electrificación.
Estos argumentos chocan con la postura del Gobierno, que históricamente ha mostrado reticencias a rebajar la fiscalidad del sector. Fuentes gubernamentales citadas por la fuente original señalan que el Ejecutivo confía en que el desarrollo de más renovables y almacenamiento evite la necesidad de plantearse el debate nuclear en 2030, cuando expiren las actuales autorizaciones.
Un debate que trasciende la fiscalidad
La reclamación de Foro Nuclear no se limita a los impuestos. La asociación pide un debate más amplio sobre el papel de la nuclear en el modelo energético español, en un contexto europeo marcado por la búsqueda de autonomía estratégica y competitividad industrial.
Ese debate tiene implicaciones directas para los consumidores y para las cuentas públicas. La carga fiscal que soportan las nucleares es, en parte, una fuente de ingresos para el Estado y para las comunidades autónomas que acogen las centrales. Una rebaja de esos impuestos podría tener efectos en la financiación de servicios públicos, aunque también podría traducirse en una reducción de los costes de generación que acaben repercutiendo en el precio de la electricidad.
La prórroga de Almaraz hasta 2030 ha sido la primera señal de que el calendario de cierre nuclear podría alargarse, a la espera de lo que suceda con las demás centrales. Mientras tanto, el sector ya ha lanzado su primer aviso: la negociación fiscal apenas acaba de empezar.
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