Las proyecciones de la Seguridad Social desmontan el alarmismo: la pensión media en 2070 superará los 1.800 euros

El gasto en pensiones, por debajo de las estimaciones pesimistas

El artículo, publicado originalmente por eldiario.es, recuerda que los datos de INTegraSS, basados en microdatos administrativos reales, estiman que el gasto en pensiones alcanzará el 15,3% del PIB en 2050 y el 14,2% en 2070. Esa cifra queda muy lejos del 17,3% y el 16,7% que maneja la Comisión Europea, e incluso por debajo de las proyecciones de la AIReF, que hablan de un 16,1% y un 14,7%.

Palomera contextualiza esas cifras recordando que Italia y Francia ya gastan hoy en torno al 15% de su PIB en pensiones y "se mantienen en pie", incluso después de comprometerse a destinar un 5% del PIB a defensa y seguridad en 2035. El economista subraya que la demografía no es una ciencia exacta y que las proyecciones se han ajustado a los flujos migratorios observados recientemente.

La conclusión del autor es clara: "nuestro sistema público será capaz de garantizar en 2070 una pensión media de 1.826 euros al mes para los hombres y de 1.641 euros para las mujeres". La brecha de género se reduciría del 31,1% actual a un 10,1%, aunque el texto reconoce que "la brecha de género persiste".

Redistribución por arriba y por abajo: menos complementos mínimos

Uno de los argumentos centrales del artículo es que el sistema público español no solo es sostenible, sino que cuenta con "importantes mecanismos de redistribución intra e intergeneracional". La existencia de un suelo (pensiones mínimas) y un techo (pensiones máximas) evita que las prestaciones trasladen directamente las desigualdades del mercado laboral.

Según las proyecciones de INTegraSS, el peso de las pensiones de jubilación que alcanzan el máximo pasará del 7% al 11,3% en 2070. En sentido inverso, el peso de las pensiones mínimas caerá del 18,7% al 10,6%. Para Palomera, eso significa "limitar desigualdades por arriba y tener menos pensionistas dependientes de complementos mínimos".

Esta evolución, sostiene, refuerza la idea de que el sistema puede mejorar sin necesidad de recurrir a la privatización. El autor advierte de que "aplacado el alarmismo, lo que sí debería hacer saltar las alarmas son las llamadas a privatizar y capitalizar las pensiones".

La trampa de la capitalización: depende de compradores jóvenes

El texto entra a fondo en la comparación entre los sistemas de reparto y los de capitalización individual. Palomera argumenta que los sistemas privados "también dependen de los recursos materiales disponibles" y no escapan a la demografía. En un sistema de capitalización, los jubilados venden sus activos financieros a los jóvenes que cotizan; si hay más oferta que demanda, los precios caen y las pensiones se reducen.

La internacionalización de esos sistemas, advierte, conlleva "riesgos financieros sistémicos, un Estado con menos capacidad de respaldar las inversiones con su moneda, desinversión en bienes públicos y más desigualdad en la propiedad de activos si no se colectivizan". Además, apunta que el ahorro europeo acaba "con el beneplácito de las autoridades" en las grandes empresas estadounidenses, con escasa capacidad de inversión social y ecológica.

Sobre el ejemplo nórdico, el economista precisa que sus sistemas de capitalización son "obligatorios, colectivos y muchas veces controlados por los sindicatos", y se asientan sobre sistemas públicos y universales que mantienen niveles de pobreza y desigualdad de renta mucho más bajos que los españoles.

Las asignaturas pendientes: brecha de género, IMV y ahorro con fines sociales

El autor insiste en que "que el gasto sea asumible" no significa que no haya margen de mejora. Señala varias prioridades: aumentar las prestaciones mínimas no contributivas, mejorar el Ingreso Mínimo Vital (un 55% de los hogares que podrían recibirlo no lo ha solicitado) y atajar la pobreza de las mujeres mayores, que afecta al 18,5% de las mayores de 65 años, frente al 13,7% de los hombres.

También reclama reconocer mejor el cuidado no remunerado en la jubilación. El complemento para la reducción de la brecha de género, que apenas aporta 37 euros al mes por hijo y beneficia a 1,37 millones de pensionistas, es insuficiente, así como el cómputo de las excedencias por cuidado. La reciente reforma de la Ley de Dependencia, que reconoce como cuidadoras a personas del mismo entorno relacional, da un paso en esa dirección, pero el resto de mecanismos sigue ligado a la maternidad y al parentesco.

Finalmente, propone alejar el ahorro privado de los pensionistas de "los nuevos tecnofeudalistas de Silicon Valley" y canalizarlo hacia productos financieros públicos y sociales que generen vivienda pública. Menciona la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, incluida en el decreto de vivienda, pero advierte de que debería excluir ventajas fiscales regresivas y prever destinos específicos para la vivienda pública y social.

La tribuna concluye con una llamada a los votantes: "El 29-N, las clases trabajadoras, incluida la clase media, harían bien en tener en cuenta no solo quién propone garantizar la vivienda, sino también la evidencia sobre la sostenibilidad y la justicia social de las pensiones públicas".