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Los expertos de Trabajo recomiendan subir el SMI un 4,9% en 2027, hasta 1.281 euros, para preservar el poder adquisitivo

El equipo de expertos reunido por el Ministerio de Trabajo ha presentado su recomendación sobre la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI), un informe que el Gobierno esperaba para aprobar el incremento antes de que acabe la legislatura. La comisión asesora propone un aumento del 4,9%, hasta los 1.281 euros brutos mensuales en 14 pagas, una subida de 60 euros al mes que se alinea con la evolución interanual de los precios y que supone elevar el suelo retributivo actual de 1.221 euros.

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Fotografía que ilustra la noticia: Los expertos de Trabajo recomiendan subir el SMI un 4,9% en 2027, hasta 1.281 euros, para preservar el poder adquisitivo
(El País)

Una subida ligada a la inflación, por encima del 60% del salario medio

El encargo que el Ministerio de Trabajo trasladó a los expertos hace tres semanas era doble: calcular cuánto debería subir el SMI para emparejarse con el 60% del salario medio neto y, a la vez, cuánto para no perder poder adquisitivo. Según el informe, al que ha tenido acceso El País, un incremento del 2,7% permitiría alcanzar ese 60%, situando el suelo retributivo en 1.254 euros mensuales. Sin embargo, esa cifra, que equivaldría a 17.554 euros anuales, no cubre la subida de los precios.

La variación anual del IPC, según el avance de octubre de 2026, se sitúa en el 4,9%. Por eso, los expertos consideran que “mantener el SMI en el 60% del salario medio neto a tiempo completo no permitiría mantener el poder adquisitivo del mismo”. En este escenario, la comisión asesora (CAASMI) recomienda, “en el caso de que se produjera el escenario mencionado (SMI sin tributar en el IRPF), proceder a un aumento del SMI que permita mantener su poder adquisitivo”, lo que se traduce en un 4,9%.

La referencia al 60% del salario medio, un compromiso pendiente

La referencia al 60% del salario medio neto conecta con la interpretación que hace el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta Social Europea, que marca ese nivel como el apropiado para el suelo retributivo en los países europeos. No se trata de un mandato comunitario, pero es una proporción que defienden distintos especialistas y que el Ejecutivo consolidó en su programa de Gobierno: PSOE y Sumar prometieron cambiar el Estatuto de los Trabajadores para que el SMI aumente automáticamente “acompasado al 60% del salario medio”.

Ese objetivo, sin embargo, no ha tenido recorrido legislativo ante la precariedad parlamentaria del Gobierno. Los expertos que firman el informe son Begoña Cueto (Universidad de Oviedo), Elena Bárcena (Universidad de Málaga), Ferran Elias (Universitat Autònoma de Barcelona), Mariña Fernández (Universidad de Alcalá), Antonio García (Ministerio de Trabajo y Economía Social), Libertad González (Universidad Pompeu Fabra), Rafael Muñoz (Universidad de Salamanca), Francisco Javier Muñoz (Ministerio de Economía), Alberto del Pozo (UGT), Cesar Veloso (Ministerio de Hacienda) y Luis Zarapuz (CC OO).

El pulso por la tributación del SMI y el registro horario

La recomendación de los expertos está condicionada a que el SMI continúe sin tributar en el IRPF. El Gobierno ya ha anticipado que piensa aprobar, un año más, otra deducción para evitar esa tributación, sin especificar cuándo articulará este instrumento. El Ministerio de Trabajo defiende esta medida, pero Hacienda ha planteado en ejercicios pasados que el salario mínimo tribute, argumentando que la gran subida del suelo salarial (de 736 a 1.221 euros desde 2018, un 66%) ha hecho que en torno a 2,5 millones de personas reciban este nivel retributivo y que no es conveniente que tantos asalariados no aporten a las arcas públicas.

Esa posición de Hacienda cambió el año pasado, pese a que Trabajo preparó el terreno para la tributación al pedir a los expertos que recomendaran un incremento con tributación y otro sin ella. En paralelo, los sindicatos han condicionado su apoyo a la subida del SMI a que el Gobierno apruebe por decreto un refuerzo del registro horario, tras el retraso de esta medida, y a que se evite por decreto que las empresas absorban los incrementos del SMI eliminando pluses salariales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en marzo que el registro horario “se va a hacer”, aunque el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico sobre la medida.

Negociación con sindicatos y patronal, y el calendario electoral

Como en años anteriores, este informe es el paso previo a la negociación con sindicatos y patronales, donde se definirá cuánto sube exactamente el SMI. Las centrales piden un alza del 7%, mientras que los empresarios critican las “prisas” del ministerio. La patronal no ha planteado cuánto considera que debería subir el SMI en 2027, pero ha criticado los plazos que maneja Trabajo. Este será el último aumento del SMI de Díaz como ministra de Trabajo, dado que no repite como candidata de la izquierda, y un año más podrá aprobarlo sin respaldo parlamentario, ya que el SMI se regula por decreto y sin rango de ley.

El Gobierno pretende elevar el suelo retributivo antes de las elecciones del 29 de noviembre, lo que supondría adelantar la subida respecto al calendario habitual de los últimos años, cuando se aprobaba en torno a febrero con efectos retroactivos. Esta anticipación ha sido criticada por la oposición, que ve fines electoralistas en la medida, mientras que el Gobierno defiende la conveniencia de resolver la subida antes de que el gabinete esté en funciones. La importancia de la recomendación de los expertos es clave: el año pasado aconsejaron una subida del 3,1%, justo la cifra que acordaron Trabajo, CC OO y UGT, mientras que la patronal no participó en el pacto, como tampoco ha hecho en casi todas las subidas desde que Díaz dirige Trabajo.