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PP y Vox usan los disturbios como munición electoral para agitar el miedo a la inseguridad

Las protestas que han derivado en disturbios en varias ciudades españolas se han convertido en el eje de la estrategia electoral de PP y Vox, que han intensificado su discurso sobre la inseguridad para capitalizar el malestar ciudadano. Así lo refleja un análisis publicado por infoLibre, que advierte de que la derecha utiliza estos episodios para alimentar el miedo y movilizar a su electorado de cara a futuros comicios.

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Fotografía que ilustra la noticia: PP y Vox usan los disturbios como munición electoral para agitar el miedo a la inseguridad
(infolibre.es)

Una estrategia que convierte el malestar en arma electoral

Según el artículo de infoLibre, firmado por Marta Monforte Jaén, PP y Vox han transformado los disturbios ocurridos en el marco de las protestas en un instrumento de confrontación política. El texto subraya que ambas formaciones han dejado de lado el análisis de las causas sociales y económicas que están detrás de las movilizaciones para centrar su mensaje en la necesidad de endurecer la respuesta policial y judicial.

La estrategia, apunta el análisis, consiste en presentar la inseguridad como un problema generalizado y vinculado a la gestión del Gobierno, lo que permite a la derecha conectar con un sector de la población que percibe que el Estado no garantiza su protección. De este modo, los disturbios dejan de ser un fenómeno local y acotado para convertirse en un relato nacional con claro recorrido electoral.

El miedo como motor de movilización

El artículo de infoLibre señala que el miedo a la inseguridad es uno de los resortes más eficaces para movilizar al electorado conservador, especialmente en un contexto de alta polarización política. La estrategia, explica el texto, busca amplificar el impacto de los disturbios mediante una presencia mediática constante y un discurso que asocia la protesta con la delincuencia y el caos.

Esta lectura, según el análisis, omite deliberadamente el contexto social en el que se producen las protestas, marcado por la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Al presentar los disturbios como un simple problema de orden público, se desactiva cualquier debate sobre las condiciones que llevan a una parte de la ciudadanía a expresar su rechazo al sistema.

El coste social de la crispación

El texto de infoLibre también advierte del coste social de esta estrategia: la criminalización de la protesta legítima y el riesgo de estigmatizar a colectivos enteros. Al convertir la inseguridad en el eje del debate, se desplaza la atención de los problemas estructurales -como el desempleo, la desigualdad o la falta de servicios públicos- hacia una respuesta punitiva que no ataca las causas.

Para los lectores de Voz Contra, el análisis invita a preguntarse quién paga la factura de esta deriva: los más vulnerables, que ven cómo sus demandas quedan deslegitimadas, y el conjunto de la sociedad, que asiste a un empobrecimiento del debate público en un momento en que las políticas económicas y sociales necesitan más discusión y menos ruido.