Un bar franquista de Arteixo se expone a multa de hasta 9.000 euros tras inspección de la Xunta
La Xunta de Galicia ha incoado un expediente sancionador contra un establecimiento de hostelería de Arteixo por exhibir simbología franquista. La sanción podría alcanzar los 9.000 euros, el máximo previsto para infracciones leves en materia de memoria histórica.
La inspección y la posible sanción
La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia ha iniciado un expediente sancionador contra un bar de Arteixo (A Coruña) por exhibir simbología franquista. Según ha adelantado Praza.gal y recoge infoLibre, la sanción económica podría alcanzar los 9.000 euros, el límite máximo que establece la normativa gallega de memoria histórica para las infracciones consideradas leves.
El expediente se encuentra ahora en fase de alegaciones, por lo que la cuantía definitiva aún no está confirmada. La normativa autonómica, aprobada en 2019, fija un rango de multas que va de los 1.500 a los 9.000 euros para este tipo de incumplimientos.
La inspección se ha producido después de que el local, conocido popularmente como 'Bar Franquista', mantuviera durante años una placa y otros elementos que ensalzan la dictadura. Desde la Xunta han señalado que el proceso se seguirá con rigor, atendiendo a la legalidad y a la sensibilidad social que rodea el caso.
Años de denuncias y un expediente
El establecimiento de Arteixo lleva años en el punto de mira de los colectivos memorialistas. Al menos durante los últimos cinco años, diversas asociaciones han denunciado ante el ayuntamiento y ante la propia Xunta la presencia de una placa en la fachada con la inscripción 'Arriba España' y otros emblemas franquistas.
A pesar de las denuncias acumuladas, el local continuó exhibiendo esos elementos sin que se adoptaran medidas. La situación cambió en 2023, cuando la Fiscalía de Memoria Histórica presentó una denuncia formal, un paso que derivó en la inspección autonómica que ahora ha concluido con la incoación del expediente sancionador.
El propietario ha manifestado en redes sociales su intención de no retirar los símbolos, una postura que, de mantenerse, podría traducirse no solo en la multa económica sino también en la obligación de retirarlos en un plazo determinado si la sanción se confirma. La vía administrativa queda así abierta mientras el caso se resuelve.
Un precedente para la hostelería gallega
El caso abre un escenario poco habitual en Galicia: la aplicación de la ley de memoria histórica a establecimientos privados ha sido hasta ahora escasa en la comunidad, y este expediente sitúa a la normativa autonómica frente a un local comercial que hace apología de la dictadura.
Para el sector de la hostelería, el caso supone un recordatorio de que la legislación no solo afecta a los espacios públicos. La cuantía máxima de 9.000 euros, aunque moderada, puede parecer baja en comparación con el daño social que genera este tipo de simbología, pero se ajusta a lo que marca la ley vigente.
Desde el ámbito memorialista, la actuación de la Xunta se valora positivamente, aunque se insiste en la necesidad de que la ley se aplique con más contundencia y de manera homogénea en todo el territorio. El expediente, mientras tanto, sigue su curso administrativo con la vista puesta en la resolución definitiva.
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