Un juez declara abusivas siete cláusulas de los alquileres sociales de Sareb y anula una subida unilateral del 630%

El caso de Giselle: una subida del 630% y otras imposiciones

Giselle, la primera denunciante, firmó en 2024 un contrato de alquiler social con Sareb por 110 euros mensuales tras haber ocupado la vivienda. Un año después, la compañía semipública le comunicó que la renta subía a 693 euros, un incremento del 630% que la inquilina no podía afrontar. La sentencia considera ilegal la cláusula que permitía a Sareb cambiar el precio de forma unilateral, argumentando que vulnera la Ley de Consumidores y Usuarios, que exige un equilibrio entre arrendador y arrendatario.

El contrato también obligaba a la inquilina a abrir las puertas de su vivienda al arrendador dos veces al año, una condición que el juez anula y limita a casos de obras de urgencia. Además, el magistrado invalida la cláusula que establecía que la inquilina debía pagar una indemnización si no desalojaba la vivienda cuando se lo requirieran, así como la imposición de gastos y costas judiciales en procesos legales, que ahora deberá asumir Sareb.

La sentencia también declara nula la vinculación del contrato de alquiler con el acompañamiento sociolaboral y su novación, así como las bonificaciones y sus renovaciones por "falta de transparencia", al no quedar claro en qué supuestos se conceden o se retiran.

Sareb anuncia recurso pero admite que no modificará el contrato

Fuentes de Sareb han asegurado que "respetan la resolución judicial" y que presentarán un recurso "exclusivamente respecto a determinadas cuestiones técnicas relacionadas con los efectos económicos de la nulidad y la determinación futura de la renta". La compañía, que absorbió los activos tóxicos de la banca rescatada, defiende que su acompañamiento social es "en general satisfactorio" y afirma que ha permitido a 1.000 personas acceder al mercado laboral, además de ayudar a más del 20% de las familias afectadas a tramitar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Sin embargo, la empresa ha advertido de que no modificará los contratos mientras dure el recurso, lo que mantiene en vilo a miles de inquilinos. Sareb asegura que el alquiler medio de sus inquilinos es de 200 euros y que los precios "no suelen subir". No obstante, la sentencia señala que la subida aplicada a Giselle fue de un 630%, muy por encima de cualquier índice razonable.

La PAH de Vallecas confía en que esta sentencia siente precedente, primero para los cientos de inquilinos que tiene controlados y, después, para los 10.000 contratos de alquiler social que gestiona Sareb. La organización denunció las cláusulas por considerar que violaban la Ley de Consumidores y Usuarios, que exige proporcionalidad y equilibrio en las condiciones contractuales.

Un contrato 'voluntario' que permitía cambiar el precio a conveniencia

Una de las cláusulas anuladas por el juez establecía que Sareb firmaba el contrato social de forma "voluntaria" y que, como tal, podía cambiar el precio cuando el inquilino dejara de ser vulnerable. Esta redacción daba vía libre a subidas arbitrarias, como la que sufrió Giselle, que vio cómo su renta se multiplicaba por seis en apenas un año.

El magistrado declara nula esta cláusula por vulnerar la Ley de Consumidores y Usuarios, que establece que debe existir un equilibrio entre arrendador y arrendatario a la hora de negociar las condiciones. La PAH denunció que esta práctica abusiva dejaba a los inquilinos en una situación de indefensión, sin mecanismos claros para impugnar subidas repentinas o para conocer las condiciones de las bonificaciones.

Además, el juez anula por falta de transparencia las bonificaciones y sus renovaciones, ya que los contratos no especificaban los supuestos en los que se concedían o se retiraban. Esto afecta directamente a los inquilinos que dependen de estos descuentos para poder pagar el alquiler, y que ahora tendrán que esperar a que Sareb adapte sus contratos a la sentencia.

10.000 contratos en el aire mientras Casa 47 asume el relevo

La sentencia llega en un momento de transición para Sareb. Durante este año y el próximo, los 10.000 contratos de alquiler social deben ser asumidos por Casa 47, la nueva empresa pública estatal de vivienda que absorberá hasta 40.000 viviendas del 'banco malo', muchas de ellas ya alquiladas. Este traspaso, decidido en 2025, pretende poner fin a la polémica trayectoria de Sareb, creada en 2012 por el Gobierno de Rajoy para asumir la deuda y los activos tóxicos de los rescates bancarios.

Con un accionariado público y privado, el FROB asumió la mayoría de su capital en 2022 para convertirla en una empresa predominantemente pública con mandato social. Sin embargo, las polémicas no han cesado, y la deuda restante, de 27.000 millones de euros, pasará a ser asumida por el Estado.

Mientras tanto, la incertidumbre afecta no solo a inquilinas con acompañamiento social como Giselle, sino también a otras personas que se encuentran en un limbo después de que Sareb no les ofreciera renovar sus contratos. La absorción por Casa 47 se perfila como el fin de una entidad que, pese a su mandato social, ha sido señalada por prácticas abusivas en su gestión de viviendas.

La PAH valora positivamente la sentencia, aunque advierte de que la batalla no ha terminado. "Sareb recurrirá, pero esta resolución deja claro que no se pueden imponer condiciones abusivas a quienes más lo necesitan", señalan desde la plataforma, que continuará vigilando el proceso de traspaso a Casa 47 para que los derechos de los inquilinos se respeten.