Casa 47 alquila por su cuenta las primeras 93 viviendas en Catalunya mientras el convenio con la Generalitat sigue sin cerrarse
Casi diez meses después de que la Generalitat y el Ministerio de Vivienda firmaran un protocolo para ceder la gestión de 13.000 viviendas de Sareb en Catalunya, el traspaso sigue sin concretarse. Casa 47, la empresa pública estatal, ha roto la espera y ha anunciado los primeros alquileres por su cuenta: 93 pisos repartidos en nueve municipios de las cuatro provincias catalanas.
Un estreno limitado que evidencia el bloqueo
La convocatoria, abierta el pasado viernes, ofrece 93 viviendas —no 96, como aparece en el desglose— en nueve municipios de las cuatro provincias catalanas, según ha adelantado El Periódico. Del total, 56 pisos están en la provincia de Tarragona, 25 en Barcelona, 7 en Lleida y 5 en Girona. Los alquileres oscilan entre 350 y 1.012 euros al mes, con una media de unos 7,50 euros por metro cuadrado. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, prorrogables en periodos de siete hasta un máximo de 75, siempre que los inquilinos mantengan las condiciones exigidas.
Las solicitudes se tramitarán a través de la página web de Casa 47 y los contratos se firmarán directamente con la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda. La cifra es testimonial frente a las 13.000 viviendas anunciadas en octubre con la Generalitat, pero el movimiento demuestra que la entidad estatal no está dispuesta a paralizar sus planes a la espera de un acuerdo que sigue sin llegar.
La decisión refleja, en la práctica, que el protocolo firmado el 17 de octubre de 2025 por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no se ha traducido aún en un convenio que concrete las condiciones de la cesión. El documento firmado entonces no suponía una entrega inmediata: se trataba de un protocolo que abría la puerta a ceder a la Generalitat, en régimen de usufructo, la gestión de los pisos destinados al alquiler asequible, e incorporar los terrenos a la Reserva Pública de Solares de Catalunya.
El desacuerdo de fondo: quién manda sobre las viviendas
El principal escollo está en el reparto del poder sobre las viviendas. La Generalitat aspira a asumir su gestión aplicando sus propios criterios, procedimientos y condiciones. Casa 47, por su parte, rechaza quedar reducida a un propietario meramente formal y defiende que debe conservar capacidad de decisión sobre un patrimonio que sigue siendo suyo. Ninguna de las administraciones da oficialmente por roto el diálogo, pero fuentes conocedoras del proceso citadas por El Periódico aseguran que las posiciones continúan muy alejadas y no ven cercano un acuerdo mientras no se resuelva quién fija las reglas de adjudicación, las condiciones de los alquileres, el reparto de gastos y las responsabilidades sobre conservación y rehabilitación.
Las fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda consultadas por el periódico rebajan las diferencias y aseguran que se trabaja de forma "fluida y leal". Explican que se ha estado "avanzando prioritariamente" con los suelos que la entidad estatal transferirá a la Generalitat, mientras que, en el caso de las viviendas, "se ha decidido que estas las saque Casa 47 en lo que se cierra en convenio". Esta versión contrasta con la que manejan otras fuentes del proceso, que insisten en que la falta de acuerdo sobre las reglas del juego mantiene bloqueado el traspaso.
La propiedad otorga a Casa 47 una posición de fuerza en las conversaciones. Mientras no exista un convenio que limite o transfiera sus facultades, la entidad puede continuar gestionando directamente los inmuebles. Y la convocatoria anunciada el viernes demuestra que está dispuesta a ejercer esa capacidad.
El precedente de Asturias y lo que queda por resolver
El modelo que Casa 47 ha planteado en otras comunidades permite anticipar los asuntos que deben resolverse en Catalunya. En el protocolo firmado con Asturias, el Gobierno estableció que la comunidad autónoma podría gestionar las viviendas en usufructo, pero bajo las condiciones estipuladas por la entidad estatal, que conservaría su titularidad. Entre los elementos pendientes de concretar figuran la duración del usufructo, la distribución de los gastos de gestión, las necesidades de rehabilitación, el régimen de alquiler asequible y la coordinación de los sistemas de información.
En octubre, el anuncio oficial ya admitía que los 13.000 inmuebles y los más de 300 suelos procedentes de Sareb se encontraban en distintos estados de disponibilidad y que su incorporación se produciría por fases. El primer objetivo era identificar y delimitar el perímetro de activos mediante un inventario detallado. El protocolo debía desarrollarse posteriormente mediante un convenio que concretara las condiciones de la cesión. En abril, fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda aseguraron a EFE que ese nuevo acuerdo se estaba terminando de negociar. Cuatro meses después, las conversaciones siguen abiertas, pero sin un acuerdo a la vista.
Mientras tanto, los primeros inquilinos de Casa 47 en Catalunya ya pueden presentar su solicitud. La empresa pública ha demostrado que puede operar sin la Generalitat, pero el grueso de la cartera —las 13.000 viviendas y los más de 300 solares— sigue esperando un convenio que despeje quién manda y con qué reglas.
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