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El Congreso convalida un escudo social imperfecto: prórroga de alquileres y suspensión de desahucios hasta 2030

El Congreso ha dado luz verde a los dos decretos de vivienda del Gobierno, que incluyen la prórroga automática de los alquileres por dos años y la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta diciembre de 2030. Un escudo social que el Ejecutivo define como imperfecto, pero que ha logrado sortear el primer obstáculo parlamentario, aunque con un respaldo precario y con la amenaza de que los socios de investidura, como Junts y Podemos, terminen por tumbar la medida en el futuro.

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Fotografía que ilustra la noticia: El Congreso convalida un escudo social imperfecto: prórroga de alquileres y suspensión de desahucios hasta 2030
(elDiario.es)

Un salvavidas con costuras: los decretos superan la primera votación

El pleno del Congreso ha convalidado los dos reales decretos de vivienda, aunque el camino no ha sido fácil. La iniciativa, que busca proteger a los inquilinos más vulnerables, salió adelante con un escaso margen después de que el Gobierno tuviera que negociar hasta última hora el apoyo de sus socies. La prórroga automática de dos años para los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 se aplicará en los mismos términos que el contrato original, siempre que el inquilino haya pagado los últimos ocho recibos.

Además, la suspensión de los desahucios de “personas vulnerables sin alternativa habitacional” se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2030. Sin embargo, el decreto incluye un matiz que ha generado controversia: la limitación a las subidas de renta en las renovaciones anuales, que solo podrán ser del 2% si el precio del alquiler es inferior a la media. Esta medida, que parece un balón de oxígeno para los inquilinos, ha sido recibida con críticas por parte de los colectivos sociales, que la consideran insuficiente.

La oposición de PP y Junts, y las dudas de Podemos

La convalidación no ha estado exenta de polémica. El Partido Popular, que ha votado en contra, ha vuelto a utilizar el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo alquiler se duplicaba, para atacar al Gobierno. “Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no les vamos a dejar”, espetó la diputada Miriam Guardiola, en referencia a la crisis de Ceuta. Junts, por su parte, se mostró “decepcionado y preocupado”, especialmente por la prórroga automática de los alquileres, que considera una medida que castiga a los pequeños propietarios. Desde Podemos, Ione Belarra acusó al Ejecutivo de hacer “trampa” con los decretos, mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, insistió en que los dirigentes del partido no están satisfechos con el texto.

La sesión de control del día siguiente no hizo sino reflejar la fractura. Mientras el PP insistía en que “la trampa” es la propia política de vivienda del Gobierno, el Ejecutivo defendía la necesidad de “un escudo imperfecto” antes que ningún escudo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, protagonizó un momento de tensión cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no encontraba el decreto que le preguntaban. “Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí”, reconoció.

La oportunidad de una vez por todas, según los sindicatos

A pesar de las críticas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido a los grupos parlamentarios que voten a favor de la ratificación de ambos decretos. En un comunicado, la organización ha señalado que “más allá del contenido de la norma, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda”. Un respaldo que contrasta con el de otros colectivos, que consideran que las medidas no atajan el problema de raíz.

El consejero vasco de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, justificó la decisión del Gobierno con una frase que resume la posición del Ejecutivo: “Prefiero un escudo imperfecto aprobado a uno perfecto derrotado”. Una sentencia que ha quedado para la historia y que evidencia la fragilidad de los apoyos parlamentarios. La duda ahora es si los socios de investidura, que han amenazado con tumbar el decreto en el futuro, cumplirán sus advertencias o si, por el contrario, la presión social logrará consolidar un cambio en las políticas de vivienda.