El conselleiro de Empleo de la Xunta admite que migrantes sin papeles trabajaron para su familia

Un reconocimiento que desmiente el discurso oficial

La admisión del conselleiro de Empleo de la Xunta, hecha pública a través de una información firmada por David Reinero en Praza.gal, supone un giro en su posición pública sobre la inmigración irregular en Galicia. El alto cargo, cuyo departamento gestiona políticas activas de empleo y programas de integración laboral, ha confirmado que migrantes sin papeles trabajaron para su familia, un hecho que contradice la narrativa oficial que su propio Gobierno ha mantenido sobre la regularización.

La noticia, que ha sido difundida este miércoles por infoLibre, ha reabierto el debate sobre la hipocresía institucional: mientras desde la Administración autonómica se endurece el discurso sobre la inmigración y se cuestiona la regularización extraordinaria, en el ámbito privado se habría recurrido a mano de obra migrante sin permisos. Esta contradicción no es un caso aislado en el panorama español, donde el empleo informal de personas en situación administrativa irregular sigue siendo una realidad en sectores como el doméstico, el agrícola o la hostelería.

La acusación de falsedad y el coste político

El reconocimiento público del conselleiro llega después de que la oposición le acusara formalmente de falsedad, una acusación que negó en un primer momento pero que ahora queda en entredicho tras sus propias declaraciones. Este episodio no solo daña su credibilidad personal, sino que erosiona la autoridad moral de la Xunta en materia migratoria, un ámbito en el que el Gobierno gallego ha adoptado posturas muy restrictivas.

Para los trabajadores migrantes en situación irregular, el caso evidencia la brecha entre las políticas públicas y las prácticas privadas: mientras se les niega el acceso a derechos laborales y a la regularización, su trabajo sigue siendo demandado en los hogares y empresas de quienes deciden su suerte política. La acusación de falsedad, además, podría tener consecuencias jurídicas si se demuestra que el conselleiro mintió en sus anteriores declaraciones, un extremo que deberán valorar los tribunales si alguna instancia presenta la correspondiente querella.

La regularización, telón de fondo del escándalo

Este caso se produce en un momento en que la regularización de migrantes sin papeles es uno de los debates más vivos en la política española. Mientras el Gobierno estatal impulsa una iniciativa legislativa popular que cuenta con el apoyo de más de 600.000 firmas, comunidades como Galicia han mostrado su rechazo a una regularización masiva, argumentando falta de control y efectos sobre los servicios públicos.

La admisión del conselleiro, sin embargo, pone en evidencia que la economía gallega, como la del resto del país, depende en muchos casos del trabajo de personas que carecen de permisos de residencia o de trabajo. Según los datos que manejan las organizaciones sociales, el empleo informal entre migrantes asciende a decenas de miles de personas en toda España, una cifra que no cuadra con el discurso oficial de que la regularización sería una puerta abierta a la inmigración ilegal.

El caso también interpela a los partidos de la oposición en Galicia, que han exigido explicaciones y han pedido la comparecencia del conselleiro en el Parlamento autonómico. Aunque la información publicada por Praza.gal no detalla si el reconocimiento se tradujo en un contrato laboral formalizado posteriormente, la simple admisión de que personas sin papeles trabajaron en el ámbito familiar del alto cargo es un hecho de gran calado político y social.