El Gobierno aprueba un real decreto que obliga a las empresas a detallar el salario base y los pluses en cada nuevo contrato
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto que aumentará la información que las empresas deberán incluir en los nuevos contratos de trabajo. La norma, que transpone una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes, obligará a especificar el salario base, todos los pluses y el número de horas de trabajo, y establece nuevas reglas para los contratos fijos discontinuos y el periodo de prueba. La patronal CEOE estudia recurrir la medida.

Más transparencia en el contrato: de 'según convenio' a salario base y pluses detallados
El último borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso El Periódico, desgrana las nuevas obligaciones informativas. A partir de la entrada en vigor de la norma, los contratos de trabajo deberán detallar cuántas horas se trabajará al día, al mes y al año, así como el salario base y todos los pluses salariales que percibirá el empleado y el motivo de los mismos.
Habitualmente, esta información no aparece en la mayoría de los contratos, que se remiten al 'según convenio'. Con la nueva normativa, las empresas deberán concretar además qué convenio colectivo están aplicando. Este punto busca atajar las prácticas de compañías que aplican convenios incorrectos y más baratos para ahorrarse costes, a menudo sin que el trabajador conozca qué convenio le corresponde y por qué cobra lo que cobra.
El espíritu de la directiva europea, que llega a España con varios años de retraso (debía haberse transpuesto en 2022), es incrementar el volumen de información para reducir la asimetría que favorece a las empresas y que puede derivar en abusos laborales. Cada mes se firman en España algo más de un millón de contratos, por lo que el impacto de la medida será sustancial.
Nuevas reglas para fijos discontinuos y cambios de turno: más previsibilidad y protección frente a represalias
La norma introduce una novedad relevante para los trabajadores fijos discontinuos, una modalidad que ha ganado peso tras la última reforma laboral y es clave en sectores como el turismo. Hasta ahora, las empresas no estaban obligadas a concretar cuándo llamarían de nuevo al trabajador. Con la nueva regulación, las direcciones deberán especificar "los periodos de actividad e inactividad o su estimación", sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. Esto permite a los empleados planificar su vida con mayor certeza.
Además, se limita la capacidad de las empresas para imponer cambios de turno. El empresario deberá informar al trabajador con qué antelación podrá comunicarle un cambio de turno. Si lo hace con menos tiempo del pactado, el empleado podrá rechazarlo sin temor a represalias. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha suprimido un precepto que estaba en los primeros borradores: la obligación de pagar las horas si la empresa cancelaba un turno ya movilizado sin preaviso suficiente. Este cambio respecto a lo negociado con los agentes sociales se ha incluido en el texto final.
Coto al despido durante el periodo de prueba y una CEOE que estudia recurrir
El Ministerio de Trabajo quiere frenar el uso fraudulento del despido durante el periodo de prueba. La nueva directiva obligará a las compañías a detallar la "duración concreta" del periodo de prueba y las "obligaciones respectivas de la empresa y de la persona trabajadora de realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba". Hasta ahora, las empresas podían rescindir el contrato sin dar explicaciones ni pagar indemnización durante los primeros meses de relación laboral.
El contexto explica la medida: los despidos durante el periodo de prueba han pasado de representar el 0,5% del total de bajas en 2012 a situarse entre el 4% y el 5% en 2026. Este incremento se asocia en parte al mayor número de contratos indefinidos firmados desde la reforma laboral de 2021, que ha llevado a las empresas a utilizar el periodo de prueba como una vía para deshacerse de trabajadores de forma más ágil que antes, cuando esperaban al final del contrato temporal.
La patronal CEOE se muestra disconforme con la gestión del Ministerio de Trabajo en la redacción y tramitación de la norma. "Estamos valorando la posibilidad o no de recurrirlo", han señalado fuentes de la patronal consultadas por El Periódico. La decisión aún no está tomada. Uno de los puntos que queda por definir es la entrada en vigor: fuentes del Gobierno señalan que se estudia conceder a las empresas un periodo de adaptación de alrededor de un mes o aplicar las nuevas obligaciones de forma inmediata, tal y como figura en el último borrador.



