El Constitucional avala la ley estatal de vivienda tras rechazar el recurso de la Xunta
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por la Xunta de Galicia contra la ley estatal de vivienda, según adelantó infoLibre. El fallo, que aún no se ha hecho público en su integridad, confirma la constitucionalidad de la norma estatal y rechaza las objeciones competenciales del Gobierno de Alfonso Rueda. Con esta decisión, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda mantiene su plena vigencia en Galicia, que había sido una de las comunidades más críticas con el texto.
El Constitucional respalda la norma frente a las competencias gallegas
La Xunta de Galicia recurrió la ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional al considerar que invadía sus competencias exclusivas en materia de vivienda, reconocidas en el Estatuto de Autonomía. El Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda, sostenía que la norma, aprobada en 2023, limitaba su capacidad para legislar y ejecutar políticas de vivienda en la comunidad.
El Constitucional, según la información de infoLibre, ha rechazado esas alegaciones y ha avalado la ley estatal. La sentencia subraya que el texto respeta el reparto competencial y que la intervención del Estado no menoscaba las facultades autonómicas. Aunque no se ha difundido el contenido íntegro del fallo, el tribunal de garantías ya ha dado señales de que el marco estatal de vivienda es constitucional.
Se trata del tercer recurso autonómico que resuelve el tribunal en menos de un año. El pasado marzo desestimó el de la Junta de Andalucía y en mayo hizo lo propio con el del Gobierno de Madrid, ambos contra la misma ley. La resolución gallega consolida así la doctrina del tribunal y cierra la puerta a que otras comunidades con recursos pendientes, como Cataluña o el País Vasco, puedan lograr un pronunciamiento distinto.
Qué supone el fallo para Galicia y para el resto de España
La sentencia implica que las medidas de la ley estatal, entre ellas el tope al alquiler en zonas tensionadas y la regulación de los alquileres de temporada, se aplicarán en Galicia sin los obstáculos que pretendía el Ejecutivo gallego. En su recurso, la Xunta defendía que la ley estatal era intervencionista y que la comunidad ya tenía su propia normativa en materia de vivienda.
Con este fallo, el Constitucional refuerza la vigencia de la ley en toda España, ya que la doctrina sentada para Galicia es extrapolable a otros recursos. El tribunal ya había tumbado pleitos similares interpuestos por Andalucía y Madrid, según informó infoLibre, lo que deja a la ley estatal con un respaldo casi pleno del máximo órgano judicial.
Para los arrendatarios gallegos, la decisión supone que las herramientas estatales de protección, como el índice de precios de referencia para limitar las rentas en zonas tensionadas, son aplicables. El siguiente paso será que los ayuntamientos y la propia comunidad declaren esas zonas, paso que hasta ahora dependía de la voluntad autonómica y que la ley estatal quiere acelerar.
Reacciones y contexto político
El recurso de la Xunta fue una de las principales batallas judiciales del Gobierno de Alfonso Rueda contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de vivienda. La decisión llega en pleno debate sobre el precio de la vivienda en España, donde el alquiler encadena meses de subidas y los colectivos sociales reclaman más intervención pública.
Desde la oposición, el BNG y el PSdeG recordaron que la Xunta fue una de las comunidades que más tardó en aplicar la ley, y criticaron que el Ejecutivo gallego priorizara el conflicto competencial sobre dar respuesta a la emergencia habitacional. En la Moncloa, en cambio, el fallo se ha recibido como un respaldo a la política estatal, que el Gobierno entiende como un marco común para garantizar igualdad en el acceso a la vivienda en todo el territorio.
La sentencia no es el final del conflicto: la Xunta también ha planteado dudas sobre la aplicación de la ley en zonas turísticas y sobre la regulación de los pisos de temporada, pero el Constitucional ha zanjado de momento la cuestión competencial. Con los avales a Andalucía, Madrid y ahora Galicia, la ley estatal de vivienda queda blindada frente a las impugnaciones autonómicas, y solo queda ver cómo se traduce en medidas concretas en el mercado.
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