El Gobierno negocia contra reloj concesiones fiscales a Junts para aprobar el martes el decreto de vivienda

La ministra Isabel Rodríguez lidera la negociación a varias bandas

Fuentes del Ejecutivo revelan que es la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien dirige la interlocución directa con Míriam Nogueras y Ione Belarra, las dos voces más críticas con la política habitacional del Gobierno desde flancos opuestos. Las sensaciones en el Ejecutivo son ahora muy distintas a las de hace solo unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el absoluto bloqueo de las conversaciones.

Rodríguez afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas "ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas". El caso de Maricarmen —el desahucio que conmocionó a la opinión pública desde el miércoles— ha agitado la política española y ha dado paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible, aunque las negociaciones se prevén largas. La aprobación del texto el martes sería solo el primer hito: después habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el decreto se someta a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.

Las exigencias de Junts: deducciones y exenciones fiscales para propietarios

La formación independentista ya se comporta en la práctica desde hace muchos meses como una fuerza más de oposición junto a PP y Vox, y el Gobierno hace una lectura optimista del mero hecho de que ahora se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya se intercambian documentos, y la meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas.

Junts confirmó este miércoles que ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda, una novedad en sí misma después de muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno. Fuentes de la formación de Carles Puigdemont aseguraban que el PSOE está "estudiando" sus propuestas, y que "hace dos semanas" hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de "medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda" que presentaron "hace meses" en el Congreso. "Esperamos una respuesta en las próximas horas", apuntaban estas fuentes.

El paquete que maneja Junts es fundamentalmente fiscal: deducciones por adquisición de vivienda habitual, deducciones para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual, reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años y la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de estas medidas ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio hizo llegar a los grupos en julio, aunque para Junts se quedaba corto por no incluir la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaba a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

La fórmula antidesahucios: una solución intermedia entre prohibir y desalojar

Según ha podido saber elDiario.es, una de las fórmulas que estudia el Gobierno tendría que ver con las medidas antidesahucios. La legislación vigente establece que desde la primera orden de lanzamiento se abre un plazo legal de cuatro meses en el que el desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente —normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos— garantice una alternativa habitacional. Si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la "inquiokupación": que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el propietario quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso. Esa medida es básicamente la misma que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

Podemos marca su línea roja y ERC critica que se negocie primero con Junts

Podemos, la otra formación que mayor distancia mantiene con el Gobierno en materia de vivienda —aunque por motivos radicalmente opuestos a los de Junts—, ni confirma ni desmiente que Vivienda se haya puesto ya en contacto con ellos. Fuentes de la formación prefieren ser cautas y no desvelan cuáles serían las condiciones para apoyar el paquete de medidas, aunque en julio expresaron su línea roja de manera muy clara: no están dispuestos a apoyar ningún decreto que incluya una reforma de la ley del suelo para relajar las regulaciones a la hora de construir vivienda, como pretendía el ala socialista del Ejecutivo. Esta reforma era promovida tanto por el PSOE como por el PNV, aunque Vivienda se niega a concretar si insistirá en incluirla y los nacionalistas vascos han evitado pronunciarse a la espera de que la negociación avance.

Quien sí tomó posiciones este jueves fue ERC, a través de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que criticó que el Ministerio comience negociando con Junts. "Es un error", dijo: Puigdemont "no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás". Rufián aseguró que son el Gobierno y "las izquierdas" quienes, "después de negociar, le impongan a Junts qué hacer con la vivienda": "Y si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas". Fuentes de ERC van más allá y lamentan que Vivienda haya comenzado a negociar con un grupo con "intereses inmobiliarios" como los que denuncian que tiene Junts y algunos de sus diputados. No obstante, los republicanos admiten que mantienen ya conversaciones con el Gobierno, y confían en que la "presión" social empuje al ala socialista a poner en marcha medidas "efectivas" para garantizar el derecho a un techo.

EH Bildu mantuvo un tono más conciliador y verbalizó su disposición a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo. Su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, aseguró que son conscientes de que tendrán que "asumir ciertas cuestiones" aunque no les "satisfagan del todo", pero pidió "lo mismo al resto de actores políticos, que todos nos dejemos pelos en la gatera en pro de un objetivo común, que es frenar los desahucios y frenar la dramática realidad a la que se enfrentan cientos de miles de personas". Lo único que concretó Matute es que EH Bildu rechaza las bonificaciones fiscales "a la carta y generalizadas" que no discriminen por nivel de renta.