El desahucio de Maricarmen, de 87 años, ejecutado en Madrid entre una movilización de 300 personas y una protesta que reunió a 10.000
El pasado miércoles 23 de septiembre se ejecutó en Madrid el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad y más de 40 años cotizados, sin alternativa habitacional. La operación, que arrancó a las 6 de la mañana, se topó con una concentración de más de 300 personas convocada por el Sindicato de Inquilinas, que mantuvo una resistencia pacífica durante cuatro horas. Por la tarde, una protesta en distintos puntos de España, entre ellos el entorno del domicilio de la presidenta regional, reunió a 10.000 asistentes, según el propio sindicato.
Una mañana de resistencia frente al desalojo
La movilización empezó de madrugada. A las 6.00, decenas de personas se agolpaban en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, donde reside Maricarmen. La convocatoria del Sindicato de Inquilinas reunió a más de 300 personas que permanecieron sobre el asfalto desde la noche anterior, durmiendo precariamente en tiendas de campaña, para intentar impedir la ejecución del lanzamiento.
A las 6.35, los antidisturbios comenzaron a retirar las tiendas. A lo largo de la mañana, el dispositivo policial pasó de siete furgones a unos veinticinco. Los manifestantes, con los brazos entrelazados, gritaban consignas como "¡Vergüenza!" o "Podría ser tu abuela, podrías ser tú" dirigidas a los agentes. Según el relato de una de las participantes, algunos policías apartaban la mirada y otros reían.
A lo largo de la mañana, la policía fue identificando y desalojando a los primeros manifestantes. Varios compañeros tuvieron que marcharse a trabajar y lo hicieron entre aplausos del resto de asistentes. El dispositivo también apartó a la prensa y colocó furgones para interceptar la visibilidad de los concentrados.
La ejecución: la salida en camilla y el ingreso hospitalario
A las 9.00 llegaron el Samur Social, la comisión judicial y la procuradora de Urbagestión, la propiedad del inmueble. También estaban presentes la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, y la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto. Tras un rato de conversaciones, se confirmó lo que los concentrados no querían creer: el desahucio se iba a ejecutar.
Maricarmen salió de su casa a la una de la tarde, en camilla y directa al hospital. El ruido de la sierra con la que se abrió la puerta de su domicilio, donde había vivido más de 70 años, se describió como "uno de los sonidos del horror". La vivienda quedó desalojada sin que constara una alternativa habitacional para la inquilina.
Durante las cuatro horas de resistencia pacífica, los participantes denunciaron episodios de violencia policial: pisotones en tobillos o muñecas, puñetazos a un compañero y el agarre por la capucha a otra participante, que acabó siendo zancadilleada. Los detenidos o identificados fueron sacados del perímetro y esperaron fuera mientras el resto era desalojado progresivamente.
El contexto: una mujer de 87 años, 40 años cotizados y ningún plan de realojamiento
La protagonista del desalojo, Maricarmen, tiene 87 años y un 50% de discapacidad. Había trabajado y cotizado más de 40 años. Dos años antes había sido entrevistada para el programa Saldremos Mejores, y quienes la conocieron entonces y la vieron el día anterior al desahucio describen un deterioro evidente: "enjuta, desgastada, triste, vulnerable".
El mismo día se ejecutó otro desahucio en Vallecas: el de David, de 52 años, y su hijo, de 21, que llevaban 20 años viviendo y pagando en esa vivienda. Ambos desalojos se produjeron en paralelo, según relataron los participantes, que iban recibiendo información en tiempo real.
El caso ha reabierto el debate sobre la regulación del alquiler en España. Los convocantes subrayan que el desahucio de Maricarmen se produjo "sin alternativa habitacional" y la definen como "reducida al abandono administrativo, pero no social".
La respuesta ciudadana: 10.000 personas ante el ático de Ayuso
Por la tarde, el Sindicato de Inquilinas convocó concentraciones en varios puntos de España. En Madrid, la cita fue frente al domicilio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un ático en General Martínez Campos tasado en 6,3 millones de euros. La asistencia fue cifrada en 10.000 personas.
La protesta, según el relato de los organizadores, recuperó "la misma sensación de unidad y fuerza" que la movilización del 15-M en 2011. Los convocantes gritaron "Maricarmen, no estás sola" y reclamaron una reforma de la ley de vivienda que ponga freno a los desahucios.
El Sindicato de Inquilinas ha querido enmarcar el caso en una tendencia más amplia: España ha registrado casi un millón de desahucios en los últimos 20 años. La organización también ha agradecido el trabajo de la PAH y de las cajas de resistencia que sostienen las movilizaciones contra los lanzamientos. En su demanda, recuerdan que en países como Suiza o Alemania los contratos de alquiler pueden ser de carácter vitalicio salvo causa legal de peso, como el impago, y reclaman que España se mueva en esa dirección.
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