El desahucio de Maricarmen reabre el debate sobre el equilibrio entre propiedad y vivienda

Dos derechos en colisión

El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años pagando puntualmente su alquiler aunque se hubiera quedado fuera de los precios de mercado, se ha convertido en el exponente de un grave desequilibrio entre dos derechos garantizados constitucionalmente: el derecho social a la vivienda y el derecho a la propiedad. La indignación no se limita a las personas afectadas por el problema de la vivienda, sino que ha trascendido a la mayoría de la población que no lo está.

El movimiento social surgido, similar al 15-M de 2011, ha sido bautizado como 27-S y ha coincidido con un momento en que los desahucios están en niveles mucho más bajos que en años anteriores. Mientras el 15-M ocurrió en plena crisis financiera, con una tasa de paro que llegó al 27% en el primer trimestre de 2013 y una banca muy tocada por los créditos hipotecarios impagados, el 27-S surge en pleno boom económico, con tasas de paro general y juvenil en mínimos desde 2007 y una banca saneada con baja morosidad.

Caída histórica de los desahucios

Según los datos públicos del Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos (desalojos por orden judicial, que incluyen viviendas y otros inmuebles) han mostrado una tendencia claramente decreciente desde 2014. Se distinguen tres etapas: la primera, durante el gobierno de Rajoy (2014-2017), con un promedio de 17.800 desahucios trimestrales; la segunda, durante el gobierno de Sánchez hasta el final de la pandemia (2018-2022), con 12.600 lanzamientos por trimestre; y la tercera, desde 2023 hasta la actualidad, con una media de 6.300 por trimestre. El último dato, del primer trimestre de 2026, marca un mínimo histórico de 4.005 lanzamientos.

Esta caída se explica por el carácter anticíclico de los desahucios: aumentan en recesiones por la caída del empleo, la renta y el aumento de la morosidad, y se reducen en expansiones. Pero también influyen las medidas de protección y mitigación de las administraciones públicas y del sector privado. En el caso del sector financiero, el código de buenas prácticas, obligatorio desde 2022, busca proteger a los hipotecados más vulnerables y facilitar la dación en pago, sobre todo de segundas viviendas. La ley de segunda oportunidad de 2015 también facilitó la reducción de deudas hipotecarias para vivienda habitual. Como resultado, los lanzamientos por impago de hipoteca han caído de forma mucho más acusada desde 2014: representaban el 50% del total en 2014 y apenas llegan al 20% recientemente. Los causados por impago de alquiler también han caído, pero con más retraso y menos intensidad.

La banca, que fue el enemigo a batir en la Puerta del Sol en 2011, recibió importantes ayudas durante la crisis y se le exigió devolver a la sociedad parte de ese esfuerzo que los contribuyentes hicieron para su rescate. Hoy, en el 27-S, ni se la menciona. El problema ahora se centra en los fondos de inversión inmobiliarios y los grandes propietarios, que no se han avenido a aceptar un código de buenas prácticas como el del sistema financiero.

La respuesta política y el futuro de la vivienda

En el Congreso, el Gobierno y los partidos de izquierda han registrado 29 iniciativas relacionadas con la vivienda en esta legislatura, de las que solo han prosperado cinco. Tres de ellas fueron reales decretos-leyes para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y Oriente Medio. La cuarta fue el escudo social aprobado en 2025, que prorrogaba la suspensión de los desahucios hasta diciembre de 2025, pero PP, Vox y Junts se negaron a reeditarlo. Se espera que una nueva versión de este decreto se presente probablemente este martes.

Sin embargo, estos decretos, necesarios y ahora urgentes, no solucionan el problema de fondo: la insuficiente oferta de vivienda de alquiler. Para incentivar la salida al mercado de un volumen considerable de viviendas vacías, se requiere posibilitar el desahucio de los inquilinos que dejen de pagar su alquiler, ya que sin esta herramienta jurídica es imposible que los propietarios, sobre todo los pequeños, se arriesguen a sacar su vivienda al mercado. Pero en casos extremos como el de Maricarmen, se debe buscar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Para garantizar ese equilibrio, deben estar vigilantes las administraciones públicas con sus competencias (comunidades autónomas y ayuntamientos) y el propio sector privado, que debe acogerse a un código de buenas prácticas que no erosione su rentabilidad ni su seguridad jurídica.