El escudo de parada de fábricas encarece el recibo un 954 millones: las activaciones se disparan en 2026

Un mecanismo de urgencia cada vez más usado

El sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), puesto en marcha en septiembre de 2022, permite a Red Eléctrica ordenar la desconexión temporal de grandes factorías cuando hay riesgo de desequilibrio entre generación y consumo. Desde su creación hasta finales de 2025 solo se había utilizado en cinco ocasiones: una en 2023, cuatro en 2024 y ninguna en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 ya se ha recurrido a él en siete ocasiones, cinco de ellas concentradas en el último mes.

Dos de esas activaciones de 2026 se produjeron dos veces en un solo día, en enero y en julio, algo que no había ocurrido antes. El incremento coincide con descensos inesperados de la producción renovable y con una mayor volatilidad en el mercado mayorista, agravada por la guerra en Oriente Medio. Los precios disparados de la electricidad encarecen además cada parada, porque la retribución variable se calcula sobre el precio medio de la electricidad en las horas en que la fábrica deja de consumir, generalmente por la noche, cuando los precios son más altos.

954 millones: la industria cobra, los consumidores pagan

Las empresas que se ofrecen voluntariamente a parar reciben una doble remuneración: una retribución fija por estar disponibles, que se adjudica en subastas periódicas (ahora semestrales), y pagos variables cuando se activa el servicio. Toda esa cantidad se carga en el recibo de la luz de los consumidores.

Según los datos recopilados por El Periódico, solo la retribución fija suma ya 954 millones desde mediados de 2023. A esa cifra hay que añadir los pagos variables por las activaciones efectivas: unos 3 millones de euros solo en 2026. Las dos subastas realizadas para este año supondrán un coste de 434 millones para los consumidores, frente a los 520 millones ya abonados en ejercicios anteriores. En total, el sobrecoste acumulado supera los 954 millones y se acerca a los 1.000 millones.

El coste crece también porque las activaciones se producen en horas valle, cuando la producción renovable es menor y el mercado mayorista marca precios más altos. La duración de cada parada está limitada actualmente a dos horas, frente a las tres horas de años anteriores, pero la factura final depende del precio de la electricidad en ese momento.

Más barato que el gas, pero con un coste extra de 800 millones

El mecanismo de parada forzosa es, según El Periódico, la opción más económica para resolver desajustes de urgencia, frente a alternativas como activar centrales de gas para aumentar la generación. Sin embargo, el sistema no está exento de críticas por su coste y por el número reducido de empresas que participan: apenas una veintena de compañías, frente a más de un centenar en el antiguo programa de interrumpibilidad.

El anterior sistema, vigente entre 2008 y 2019, costó 5.258 millones durante doce años, con pagos anuales que superaban los 500 millones y que rozaron los 660 millones en 2014. El nuevo SRAD se integra en los servicios de ajuste del sistema, mientras que la interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad local.

Además, la operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón de abril del año pasado, para reducir el riesgo de nuevos colapsos, ha supuesto un sobrecoste adicional de más de 800 millones en menos de año y medio, por primar el uso de centrales de gas y limitar la producción renovable. Esa seguridad extra se suma al coste del SRAD, aunque no se detalla en la misma partida.