El Gobierno aterriza la reforma de financiación autonómica con el apoyo de Canarias y el plantón de Madrid
El Ministerio de Hacienda afronta este viernes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la intención de aprobar la nueva Ley de Financiación Autonómica, la gran apuesta económica del Gobierno para el tramo final de la legislatura ante el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado. La Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no asistirá, mientras el Ejecutivo confía en el respaldo de Catalunya y Canarias para sacar adelante un modelo que, según sus cálculos, distribuirá 20.597 millones de euros adicionales entre las comunidades en 2027.
Un reparto con 20.597 millones más y nuevas cesiones de IRPF e IVA
El proyecto de ley que Hacienda defenderá ante las consejerías autonómicas contempla una inyección de recursos sin precedentes en el primer año de aplicación. Según la documentación manejada por el ministerio, el nuevo modelo distribuiría en 2027 un total de 20.597 millones de euros más de los que las comunidades reciben con el sistema vigente.
Ese incremento iría acompañado de una ampliación de la capacidad normativa y de recaudación de los territorios. Las entidades territoriales pasarían a recaudar el 55% del IRPF, cinco puntos por encima del 50% actual, y el 56,5% del IVA, también desde el 50% vigente.
El departamento dirigido por Arcadi España defiende que todas las comunidades saldrán ganando con el nuevo reparto y que el documento todavía podrá modificarse durante la negociación técnica y parlamentaria. La previsión del ministerio es que, si la tramitación se completa antes de que termine 2026, el sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
Canarias rompe el aislamiento del Gobierno y Madrid planta cara
La convocatoria del CPFF llega después de un verano de movimientos discretos en el tablero autonómico. El Gobierno canario anunció durante el mes de julio su apoyo a la propuesta de Hacienda para reformar el sistema, sumándose a Catalunya, que hasta ahora era el único territorio que había avalado el planteamiento inicial presentado en enero.
Ese respaldo resulta decisivo en la aritmética del Consejo. Hacienda dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad apoye la propuesta, pero contar con dos territorios evita que la reforma dependa de un único apoyo autonómico y refuerza la posición del ministerio frente a las críticas de la oposición.
En el lado contrario, la Comunidad de Madrid ha emitido la primera señal de rechazo. La consejera de Hacienda, Rocío Albert, confirmó el pasado jueves que no asistirá a la reunión, tras denunciar que el Gobierno ha pactado con el Govern de Catalunya "de forma bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" el nuevo sistema de financiación. Otras comunidades gobernadas por el PP, consultadas por El Periódico, declararon que también se estaban planteando no acudir a la cita.
El pulso político se traslada al Congreso
La aprobación en el CPFF, que se da por descontada con los apoyos de Catalunya y Canarias, no garantiza la entrada en vigor del nuevo modelo. El texto tendrá que elevarse después al Consejo de Ministros y ser remitido al Congreso de los Diputados, donde se debatirá y será necesaria mayoría para su tramitación completa.
El PP acusa al Gobierno de haber diseñado el sistema a partir del acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Catalunya y denuncia que el resto de territorios recibió una propuesta prácticamente cerrada. Las consejerías populares ya rechazaron el modelo el pasado mes de enero, argumentando que rompe con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad interterritorial.
Hacienda rechaza esa interpretación y sostiene que todas las comunidades ganarán recursos. El clima, sin embargo, no acompaña: la reunión de este viernes coincide con la crisis migratoria de Ceuta y con un ambiente en las Cortes más crispado que nunca, lo que anticipa una tramitación parlamentaria compleja para un proyecto que el Ejecutivo considera su última bala de la legislatura en clave económica.
Un calendario cuestionado por las comunidades del PP
La convocatoria de este viernes llega después de un primer intento fallido. Hacienda había citado inicialmente a las comunidades para el pasado 29 de julio, pero terminó aplazando la reunión ante las reclamaciones de las autonomías del PP por "falta de información".
Las comunidades criticaron a finales de julio que el ministerio no remitió la documentación completa de la reunión del Comité Técnico hasta 10 días después de celebrarse esta, solo tres días antes de la fecha original del CPFF. En aquel momento, los territorios populares llegaron a cuestionar que los servicios del ministerio hubieran tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades, y sostuvieron que el calendario previsto evidenciaba que el Gobierno "no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar", las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal.
El nuevo contexto político, con la crisis de Ceuta de fondo y las relaciones entre el Gobierno y la oposición en su punto más bajo, complica aún más un diálogo que ya partía de una desconfianza profunda. Pese a ello, la intención de Hacienda es completar la tramitación antes de que termine 2026 para que el sistema pueda operar a partir del 1 de enero de 2027.
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