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El Gobierno creará 700 plazas de jueces y fiscales con la ley de eficiencia para abaratar costes

El Ejecutivo llevará este martes al Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos que crean 700 nuevas plazas para jueces y fiscales de cara a 2027. La medida, presentada como una respuesta a la sobrecarga de los tribunales, llega con una particularidad: el ministerio presume de que su coste será una quinta parte del que habría tenido con el modelo tradicional, gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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Fotografía que ilustra la noticia: El Gobierno creará 700 plazas de jueces y fiscales con la ley de eficiencia para abaratar costes
(elDiario.es)

500 plazas para jueces, 200 para fiscales

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la nueva tanda incluye 500 plazas para la carrera judicial y 200 para la Fiscalía. Esta ampliación supondrá un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal, según las mismas fuentes. El reparto, en el caso de los jueces, se distribuye entre la jurisdicción civil, que recibe 172 plazas, la social con 109 y la penal con 69. Además, se crean 87 plazas para órganos mixtos, 42 para adscripción territorial, 11 para Violencia sobre la Mujer y seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. También se reservan ocho plazas para nuevas presidencias de Tribunales de Instancia y cuatro para la Audiencia Nacional.

El énfasis en la jurisdicción social no es casual: es la que atiende los conflictos entre trabajadores y empresas, desde despidos a reclamaciones de salarios o prestaciones. Con 109 nuevas plazas, el ministerio busca aliviar unos juzgados que arrastran tiempos de espera de meses, algo que afecta directamente a los bolsillos de los trabajadores que esperan una sentencia.

En cuanto a la Fiscalía, las 200 nuevas plazas se reparten con Catalunya como principal destino (47), seguida de Andalucía (31) y Madrid (26). Canarias, por su parte, registrará el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9 % sobre su plantilla actual, un dato que refleja la presión que soportan los servicios públicos en las islas.

Andalucía y Catalunya lideran el reparto territorial

El reparto territorial de las nuevas plazas judiciales sitúa a Andalucía y Catalunya como las comunidades más beneficiadas, con 94 plazas cada una. Les siguen Madrid con 74 y la Comunitat Valenciana con 53. Este criterio responde, según el ministerio, a la carga de trabajo registrada en cada territorio, aunque también deja entrever la necesidad de reforzar unos servicios públicos que llevan años bajo presión.

La apuesta por la planta judicial en estas comunidades no es un detalle menor: la justicia es un servicio público esencial, y su lentitud tiene un coste social directo. Cuando un juzgado se retrasa, no solo se retrasa una sentencia, también se retrasa una indemnización, una pensión o la resolución de un despido. Por eso, el refuerzo en la jurisdicción social y en los órganos mixtos, que atienden varios tipos de causa, es una de las claves de esta ampliación.

La creación de nuevas plazas para presidencias de Tribunales de Instancia apunta, además, a la reorganización que impulsa la Ley de Eficiencia, que busca agrupar los juzgados unipersonales en tribunales colegiados para optimizar recursos. No obstante, el ministerio no detalla en qué territorios se crearán, por lo que habrá que esperar a la publicación de los reales decretos para conocer el detalle.

El ahorro de 205 millones: la ley de eficiencia como palanca

El dato más llamativo de la operación es el económico. El Ministerio de Justicia defiende que la inversión para las 500 plazas de jueces será de unos 55 millones de euros, frente a los 260 millones que, según el ministerio, habría costado el modelo tradicional. La diferencia, 205 millones menos, se explica por la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permite un uso más flexible de los recursos.

Este ahorro tiene una lectura clara: se amplía la plantilla, pero se hace con un modelo que reduce el gasto público. Para los contribuyentes, la medida supone un alivio en un momento en que los presupuestos están bajo escrutinio. Para los profesionales de la justicia, sin embargo, el cambio de modelo también implica una reorganización de los tribunales que ha generado críticas en algunos sectores, aunque el ministerio no recoge en su comunicado ninguna contestación al respecto.

La tramitación urgente de los dos reales decretos este martes se enmarca en un contexto de reformas que el Gobierno viene impulsando para modernizar la administración de justicia, un área que afecta a la competitividad económica y a la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho. La medida, no obstante, se produce en un momento de debate sobre la carga de trabajo de jueces y fiscales, a menudo señalada como uno de los cuellos de botella del sistema.